La transición en El Salvador exige nuevas ideas para erradicar la violencia

“El Salvador no necesita pacificación, sino paz social; no necesita diálogo, sino acuerdos que se conviertan en políticas de Estado”, aseguró a EL PAÍS el excomandante insurgente Roberto Cañas, uno de los firmantes de los acuerdos entre guerrilla y gobierno que en 1992 terminaron con la guerra civil que desangró a esta pequeña nación centroamericana durante doce años. 

Actualmente hay un repunte de las pandillas o 'maras'

“Pacificación fue lo que Estados Unidos aplicó a Japón luego del lanzamiento de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. No, no es eso lo que necesitamos, sino acuerdos para desarrollar políticas públicas integrales que no sólo frenen la violencia, sino que la erradiquen”, apuntó Cañas, convertido en la actualidad en un analista en distintos medios locales y en un académico universitario. 

Lo cierto es que en el actual momento ha habido un repunte de la violencia de las pandillas o de las temibles maras. Ha habido un incremento de homicidios y ataques directos a la policía. Las organizaciones criminales también han aumentado su aprovisionamiento de armas de guerra. Esta situación ha incrementado el debate político, agudizado por el período de transición que se está viviendo entre el actual gobierno que está por concluir y la administración que se inaugurará a partir del 1 de junio, que estará presidido por el líder izquierdista Salvador Sánchez Cerén. 

“La situación de violencia que estamos viviendo en la actualidad no es nuevo; venimos de ser el país más peligroso del mundo por sus tasas superiores a los 70 homicidios por cada 100.000 habitantes. En estos últimos años bajó a 40, pero que últimamente ha habido un repunte, lo que ha generado una percepción de inseguridad muy grande, pero no es algo totalmente nuevo”, reconoció Cañas. 

En El Salvador hay unos 70 homicidios por cada 100.000 habitantes

Otros analistas como Roberto Rubio, de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), coinciden con algunos altos funcionarios gubernamentales que consideran que la violencia de las pandillas ha cobrado “nueva calidad”, como es el caso de los 70 ataques a patrullas, agentes e instalaciones de la policía en lo que va de año 2014. Hay quienes otorgan a las maras otros atributos especiales como sus nexos con el narcotráfico y la penetración de estas bandas criminales en el aparato del Estado. 

No obstante, Cañas cree que “hay muchas cosas que no se han hecho y que deberían de hacerse. Hay que montar políticas públicas de seguridad que sean integrales, no medidas aisladas que con el tiempo fracasan”. Se refiere, por ejemplo, a las políticas represivas de manos duras y manos súper duras, cuyos contenidos esenciales era la represión: se victimizó a los jóvenes pobres, se ejecutaban redadas y se llevaron las cárceles. La consecuencia de ello fue mayor violencia. 

“No habrá soluciones instantáneas; es imposible resolver una problemática tan compleja de la noche a la mañana; hay que enfatizar que la delincuencia y la violencia en El Salvador son efecto de la desigualdad, la exclusión. Este abandono de gran parte de la sociedad es el generador del actual ambiente que nos afecta”, apuntó Cañas. 

El analista y experto en negociaciones de conflictos políticos criticó rotundamente a sectores conservadores salvadoreños que claman por medidas más represivas contra el pandillerismo, tales como las penas de muerte o el exterminio social. “Las medidas de endurecimiento de penas o el aval de escuadrones de limpieza social, el tomas la ley en nuestras manos o el paramilitarismo, no resolverán el problema esencial; no son solución ni atacan las causas de nuestra problemática. Ya lo hemos comprobado y se ha comprobado en el mundo”, finalizó Cañas.