El Gobierno de Costa Rica logra desarticular su primer cártel nacional

Cuando el fiscal general de Costa Rica, Jorge Chavarría, anunció a mediados de diciembre de 2013 la desarticulación de una red transnacional de tráfico de cocaína y marihuana de Jamaica y Colombia a Europa, por zonas caribeñas de territorio costarricense, apeló a un término para describir el trabajo del aparato criminal autóctono: el cártel.

Empleados bancarios y policías corruptos “prestaban sus servicios al cártel”. Unos para introducir el dinero que recibían de los narcotraficantes y otros para actuar de informantes y alertar a la organización criminal de los movimientos de los cuerpos de seguridad, explicó Chavarría.

¿Existió peligro en los últimos años de que fuera creado un cártel autóctono de Costa Rica del narcotráfico internacional con poderosos enlaces externos? ¿Hubo riesgo de que surgiera el cártel costarricense de Limón o del Caribe, con misiones similares a las que cumplen los cárteles de Sayaxché o El Petén, en Guatemala, de Texistepeque, en El Salvador, o de Gracias a Dios, en Honduras?

Más allá del caso específico al que se refirió el fiscal general, el ministro costarricense de Seguridad Pública y Gobernación, Mario Zamora, aportó, en una entrevista con EL PAÍS, la respuesta sobre el peligro que significaron esas y otras agrupaciones criminales: la amenaza de crear un cártel fue derrotada.

La batalla se prolongó durante los últimos tres años. Costa Rica evitó que mafias locales emergentes avanzaran en sus alianzas con poderosas fuerzas criminales de México y Colombia, que controlan el narcotráfico internacional, y aprovecharan los debilitados aparatos de seguridad que persisten en el área del Caribe. Si estas bases estructurales se hubieran afianzado se habría creado en esa zona el primer cártel costarricense de contrabando de drogas.

Zamora señaló que la ofensiva policial, que se origina desde 2011 sobre la caribeña provincia de Limón, evitó que esa región se “perdiera” y fuera creada allí la primera organización criminal de Costa Rica. “Creo que logramos impactar en un momento en que veíamos a las organizaciones (criminales) con un nivel cada vez más de crecimiento organizacional”, explicó Zamora, quien concluirá su gestión el próximo 8 de mayo con el cambio de Gobierno en Costa Rica. “Si esta intervención hubiera sido tardía, quizás cuando vamos a Limón ya nos hubiéramos encontrado con un escenario en que (los costarricenses) dominan rutas, ponen más bien a colombianos a trabajar con ellos y cosas de ese tipo. Pudimos hacer una irrupción”, afirmó.

El ministro reconoció que narcotraficantes mexicanos y colombianos de diversos cárteles siguen tratando de operar en la región, como lo hacen en otras partes de Costa Rica y de Centroamérica. Y agregó: “No solo tenemos que celebrar lo que ha pasado en Limón, sino lo que no ha pasado”.

Recordó, por ejemplo, que se “observaba” que al menos un limonense operó en 2013 un corredor de helipuertos desplegado del sur al norte del Caribe de Costa Rica, para trasladar y almacenar cocaína, y ahora es buscado en Centroamérica. Relató, además, que se “observaba” a limonenses “haciendo negocios en Jamaica e importando marihuana por ellos mismos” a suelo costarricense para volver a exportar. Con ese escenario, acotó, “ya uno observaba una etapa inicial de organización que se logró quebrar a tiempo”.

Debilidad policial

La provincia de Limón, que cubre todo el litoral del Caribe de Costa Rica y es la más pobre y marginada de este país, registró al menos desde 2003 un panorama de frágil seguridad, con una intensa y casi descontrolada actividad del narcotráfico. Ajustes de cuentas y asesinatos entre delincuentes se venían presentando en la zona. “No veníamos actuando en el escenario del Atlántico”, admitió Zamora, al confirmar que la batalla antinarco estaba concentrada en el Pacífico, mientras las mafias se movían al Caribe, por donde ya traficaban gran parte de las más de 900 toneladas de cocaína que pasan al año por Centroamérica.

Las operaciones de la única base naval en esa costa se realizaban sin ninguna discreción, por lo que podían ser seguidas fácilmente por las cadenas mafiosas. “Cualquiera podía ver la salida o la llegada de la patrullera y podía llamar y alertar que la patrullera iba saliendo o llegando”, narró.

La escasa presencia policial tampoco equivalía a ausencia de criminalidad. “Esto es como cuando uno deja de ir a donde el médico durante mucho tiempo y de pronto va y regresa con todos los estudios, con un montón de enfermedades. No es que antes no las tenía, es que al hacerse los exámenes se ve lo que realmente se tenía”, aseveró.

La vieja base, relató, quedó clausurada y en su lugar fueron abiertas cuatro en diversos sitios del litoral caribeño, protegidas por la discreción y la privacidad. En una labor paralela, fueron reforzadas las operaciones aéreas y terrestres a lo largo del litoral.

“Cuando uno observa lo que hemos hecho en cielo, mar y tierra, se entiende por qué estamos viendo más lo que ocurre ahora en Limón que lo que sucedía en el pasado”, describió.

Zamora cree que el trabajo de la policía ha originado conflictos entre estos grupos. "En vez de atomizarse o de concentrarse, crece la lucha entre ellos por un mercado cada vez más pequeño. No se dividen, pelean entre ellos”, señaló.

Por eso, en estos momentos está desechada la posibilidad de que sea creado un cártel costarricense. La existencia de un cártel, detalló, “está relacionado a ciertos niveles de organización. Lo que vemos (en el Caribe) es una actividad delincuencial en distintos frentes, no realizada por un mismo grupo sino por una gran diversidad de grupos, locales y transnacionales, actuando de forma ocasional o sistemática”.

En las actuales condiciones de Limón, garantizó, “no tenemos elementos para decir que hay un cártel que gobierna territorialmente esa área, que es una de las características de los cárteles, ni de un hilo conductor por el que tenga la gobernanza monopólica de la actividad delincuencial en determinada área. Eso no lo vemos ni observamos en la zona Atlántica, en Limón”.