Santos se ve obligado a reintegrar a Petro a la alcaldía de Bogotá

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos ha tenido que dar marcha atrás a su polémica decisión de destituir a Gustavo Petro de la alcaldía de Bogotá e inhabilitarlo 15 años para ejercer cargos públicos. Este miércoles, dos magistrados del Tribunal Superior de Bogotá decidieron aceptar los argumentos de una tutela -un recurso para la defensa de derechos fundamentales- interpuesta por un ciudadano que pedía que se obligara al presidente a aplicar las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concedió a Petro (CIDH) el 19 de marzo.

El anuncio de la restitución de Petro le da un giro radical a este novelón jurídico en que se ha convertido la sanción disciplinaria que le impuso la Procuraduría General (Fiscalía) el pasado 9 de diciembre. Entonces, se ordenó su destitución del cargo de alcalde de Bogotá por un polémico plan de limpieza de la ciudad que otorgó por decreto la concesión a una empresas públicas arrebatándosela a las empresas privadas que venían encargándose. El plan, aparte de un fracaso, pues las empresas públicas no estaban preparadas para asumir la limpieza de una ciudad de ocho millones de habitantes, fue considerado por la Procuraduría contrario a los “principios constitucionales de libre empresa y competencia". Desde entonces, los abogados de Petro y sus seguidores han emprendido lo que se ha llamado en Colombia como la tutelatón, una batalla con la que buscaban, a través de amparos judiciales, frenar la sanción. Hasta este lunes, parecía una batalla perdida, pero acaba de revivir, dándoles, por lo menos por ahora, la victoria.

Santos, en una breve alocución en la casa presidencial, dijo que en la mañana de este miércoles sancionó el decreto que le devolvió la administración capitalina al político de izquierda. “En este caso, las leyes, los jueces, me ordenan restituir al Alcalde Petro y he firmado el decreto correspondiente… No tengo alternativa, es mi obligación, algunos les puede gustar a otros no”, agregó.

El mandatario colombiano, sin embargo, hizo una llamada de atención sobre el uso que se le está dando a la tutela. “Creo que esta es una oportunidad para que todos reflexionemos acerca de la regulación del ejercicio de los mecanismos de defensa judicial y del uso de la tutela. En este caso, su uso indiscriminado puede conducir a un escenario de inseguridad jurídica y puede conducir inclusive a un caos administrativo y político”.

El presidente se refería a que, tras tomar la decisión de firmar la destitución de Petro y de no avalar la solicitud de medidas cautelares de la CIDH, varios ciudadanos demandaron el decreto haciendo uso de la acción de tutela, una herramienta jurídica que sirve para que cualquier persona en Colombia pida a juez la protección de sus derechos constitucionales. “Ganamos cerca de 32 tutelas a favor (de no acatar las medidas cautelares) pero hubo una en contra y estoy obligado a cumplirla. De eso se trata la democracia y el respeto por la ley, y yo debo ser el primero en cumplirla, dar el ejemplo. La ley es la ley por dura que sea”, explicó.

La sanción de este nuevo decreto ha hecho que en menos de tres días la alcaldía de Bogotá haya estado en poder de tres personas. Primero del ministro de Trabajo, Rafael Pardo Rueda, quien fue encargado tras la confirmación de la destitución de Petro el 20 de marzo pasado; después este martes cuando el presidente Santos aceptó nombrar a María Mercedes Maldonado de una terna enviada por Alianza Verde, y ahora nuevamente estará en poder de Gustavo Petro, tras casi cinco meses de que se iniciara la batalla jurídica contra su destitución y casi un mes desde que abandonara el segundo cargo más importante de elección popular en Colombia. 

El político de izquierdas se encontraba en Cartagena cuando se conoció la decisión y de inmediato tomó un vuelo de regreso a la capital colombiana. Anoche, a través de la red social Twitter celebró la decisión de la justicia colombiana y hoy aprovechó para atacar de nuevo la decisión de la Procuraduría que prácticamente lo condenaba a una muerte política. “Esta vez veremos la Procuraduría en toda su desnudez. No como institución protectora de derechos humanos, sino como la Inquisición provocada”. En Cartagena dijo a los medios que esperaba que esta vez, la nueva decisión sí sea “de fondo”.

La magistrada Ruth Elena Galvis, presidente de la sala civil del tribunal que devolvió a su cargo a Petro, dijo a medios radiales que el mecanismo de tutela, que en Colombia se creó en la Constitución de 1991, se ha “mal utilizado, provocando que se congestione la justicia”. Según la magistrada, cada uno de los jueces que integran el Tribunal Superior de Bogotá, tienen que fallar en promedio siete tutelas semanales. Contrario piensa Iván Acuña, uno de los abogados de Petro, que cree que en este caso no ha habido ningún abuso de la tutela “Santos lo que hizo fue respetar la Constitución”, dijo.

Si bien el regreso de Petro a la alcaldía representa un triunfo en su estrategia por tumbar la sanción e inhabilidad decretada por la Procuraduría, tendrá un sabor agridulce ya que según lo reveló Blu Radio, la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó este miércoles una multa contra tres empresas del distrito capital por 60 mil millones de pesos (unos 30 millones de dólares aproximadamente) por supuestamente violar el esquema de libre competencia y a 10 funcionarios de la alcaldía, entre ellos el mismo Petro que deberá pagar 410 millones de pesos, más de 200 mil dólares.