Amsterdam reconoce su deuda con los judíos supervivientes del Holocausto

“Las reglas son las reglas”, es una de las máximas más arraigadas de la sociedad holandesa, pero en 1947 el Ayuntamiento de Amsterdam la llevó al extremo. Dos años después de la II Guerra Mundial, al menos 342 vecinos judíos supervivientes del Holocausto tuvieron que pagar impuestos sobre las propiedades abandonadas tras su internamiento en campos de concentración. En la mayoría de los casos, las viviendas fueron confiscadas por los nazis y luego vendidas a los colaboracionistas holandeses, que huyeron tras la victoria aliada. El consistorio de la época no consideró relevante la situación de los inquilinos originales, y una vez recuperados sus antiguos hogares, impuso incluso multas en concepto de atrasos. Eberhard van der Laan, actual alcalde, ha reconocido unos hechos “muy dolorosos porque primó la burocracia y se olvidó a las personas”, y también el derecho de los afectados a ser indemnizados.

Destapado gracias a Charlotte van den Berg, una becaria que trabajaba en 2011 en la digitalización de los Archivos Municipales y encontró las quejas de los judíos, el caso ha sido examinado por el Instituto para la Investigación de la Guerra, Holocausto y Genocidio. Su respuesta, solicitada por el propio Van der Laan, es clara. Con los documentos recuperados -no todos los afectados dejaron sus datos en las ventanillas locales- los supervivientes, o sus familias, deberían recibir una compensación de 4,5 millones de euros por las tasas exigidas, y 400.000 euros más por las multas impuestas. “La cuantía de la suma definitiva es cosa de los políticos”, han subrayado sus portavoces.

Ronny Naftaniel, representante de la comunidad judía holandesa a través del Centro para la Información y Documentación de Israel, cree que la cifra real es muy superior. “Puede rondar los 10,5 millones de euros porque hubo inquilinos que pagaron sin rechistar por miedo. Holanda trató mal a los judíos que regresaron por dos motivos: la población pasó hambre y grandes penurias durante la ocupación, y no pensaron que hubiera supervivientes del Holocausto. Devolverles sus posesiones fue muy difícil. El Ayuntamiento restituyó las casas, pero también recuperó las deudas”, señala. En este punto, los expertos sobre la guerra recuerdan un detalle tremendo. El asesor jurídico consultado por el Ayuntamiento de la posguerra holandesa, consideró “cruel y carente de sensibilidad” gravar a los supervivientes del horror nazi, pero no le escucharon.

A pesar de que 110.000 judíos holandeses perecieron en el Holocausto (de los 80.000 deportados en Ámsterdam murieron 62.000, entre ellos Ana Frank y su familia) y de que la ordenada burocracia nacional facilitó las cosas, el celo impositivo del antiguo Concejo municipal alcanzó las cuentas del gas doméstico y la posesión de perros, abandonados a la fuerza por sus dueños. Naftaniel señala que entre 1998 y 1999, el consistorio de Ámsterdam, y el Gobierno, pidieron disculpas. Ahora que el alcalde Van der Laan parece dispuesto a actuar, espera que les llame para hacer un inventario completo de afectados.

En una de las cartas rescatada por la becaria, un vecino judío pide a las autoridades “que se guíen por razones morales al abordar este caso”. Antes de su deportación, perdió su hogar y todo su dinero, que acabó en las arcas nazis a través del banco Lippmann,Rosenthal & Co, de Ámsterdam. La entidad era en realidad una tapadera utilizada por el Tercer Reich como si fuera una filial del banco del mismo nombre, creado de forma legítima en 1859. Muy efectiva, sirvió para transferir a Berlín los bienes que los judíos holandeses eran obligados a entregar al ocupante. Para que el engaño fuera completo, otra oficina fue instalada en el campo de concentración holandés de Westerbork (al noreste del país). Los detenidos que hubieran llevado consigo alguna cosa de valor, ya fueran joyas o dinero, tenían que dejarlo allí antes de ser empujados al tren camino de Dachau o Bergen-Belsen.

Charlotte Van den Berg, que trabajaba con otros becarios, informó enseguida de su hallazgo al Ayuntamiento. En 2013, y todavía sin una respuesta oficial, supo que las cartas serían destruidas una vez digitalizadas y acudió al rotativo local, Het Parool. El mismo diario fundado por la resistencia holandesa en 1941, que en 1944, en plena ilegalidad, llegó a tirar 100.000 ejemplares. Confrontado con su propio retraso investigador, el consistorio de Ámsterdam encargó el informe recién presentado al Instituto para la Documentación de la Guerra.