Libre comercio a hurtadillas

La parálisis institucional durante el período electoral ha dejado en suspenso un dossier de especial relevancia: las negociaciones sobre la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP, en sus siglas en inglés). De hacerse efectiva, la Asociación permitiría el libre comercio entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos (EE UU), dos economías que, juntas, representan el 60% del PIB mundial. La Comisión Europea estima los beneficios agregados de este tratado en cientos de miles de millones para la UE, Estados Unidos y el resto del mundo. Tales beneficios, huelga decirlo, ni están garantizados ni se repartirían equitativamente. La polémica, sin embargo, no es tanto un enfrentamiento entre potenciales ganadores contra perdedores cuanto el cómo se está negociando: mientras la Comisión presume de más transparencia que nunca, grupos de consumidores y activistas denuncian un sistema opaco y sesgado a favor de los grandes intereses industriales.

La Comisión, tras el voto del Parlamento Europeo contra ACTA (el acuerdo de protección a la propiedad intelectual rechazado, tras una extraordinaria campaña ciudadana, por sus consecuencias sobre la libertad en internet), está a la defensiva ante las acusaciones de acceso privilegiado a la industria. Lo que ahora está en juego no es tanto el proteccionismo o los aranceles, cuanto otros resortes con los cuales las grandes empresas quieren modificar las reglas a su favor. Los mecanismos de arbitraje de disputas, por ejemplo, pueden servir para presionar a los estados que legislen contra sus intereses. La convergencia a la baja de los estándares ambientales, de seguridad, de privacidad, etc. de industrias tan cruciales como la del automóvil, la química, la farmacéutica, o las tecnologías de la información y de la comunicación deterioraría la protección ambiental y del consumidor en ambos lados del Atlántico norte, en particular en Europa. El resto del mundo, además, teme la emergencia de estándares globales que tendrán que cumplir para acceder a los dos mayores mercados del mundo, sin haber podido tener impacto alguno en su definición.

Liberalización de un tercio del comercio mundial, creación de millones de empleos, reactivación de economías anémicas: las promesas del TTIP son superlativas, pero las posibilidades de no alcanzar un acuerdo o de no ratificación por un lado, o por ambos, son elevadas. En la UE, el despliegue de los peores tics del sistema europeo de negociaciones comerciales, en particular el acceso privilegiado de los lobbies industriales, genera inquietud.

Dado el impacto de estas negociaciones sobre cuestiones que afectan a la ciudadanía (la seguridad alimentaria, el acceso a medicamentos, la privacidad en la Red, por ejemplo), la nueva Comisión haría bien en rectificar antes de que la sociedad civil, que aprendió las lecciones de la derrota del ACTA; un nuevo Parlamento Europeo que, muy probablemente, sea menos dúctil que el saliente; o algún Parlamento nacional le vuelvan a dejar en evidencia por su peculiar interpretación de lo que significa defender el interés general europeo.

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