Marchas en Perú contra las extorsiones en el sector de la construcción

La muerte más reciente de un dirigente sindical de construcción civil tuvo lugar el 8 de marzo en Lima: a Saturnino Rodríguez Santos le exigieron renunciar al comité de obra del Consorcio San Luis, afiliado al Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil de Lima y Balnearios, pero se negó. Al día siguiente, tres hombres le dispararon fuera de su casa. La historia se repite desde 2011 entre líderes de sindicatos miembros de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú (FTCCP). Su secretario general, Mario Huamán, explica a EL PAÍS que desde 2003, varias mafias extorsionan a los supervisores de obra y tratan de meter a trabajadores como si fueran vigilantes, llamados “chalecos”. Este jueves, una marcha pedirá al Gobierno evite más muertos.

“No voy a renunciar. Ellos quieren entrar a la obra pero no defienden a los trabajadores. Solo les interesa cobrar cupos a las empresas y a los empleados. No me voy a ir”, dijo Saturnino Rodríguez a un compañero suyo después de ser amenazado el mes pasado. El testimonio fue recogido por Carlos Mejía de la FTCCP.

La Federación de Trabajadores de Construcción Civil y la Cámara Peruana de la Construcción Civil (Capeco) –los empresarios agremiados– por primera vez han convocado a una marcha nacional contra la delincuencia y por la seguridad. La protesta tendrá lugar en Lima y en las capitales de La Libertad, Tumbes, Arequipa y Junín.

Huamán dijo a este diario que el problema empezó en el puerto del Callao como delincuencia común en 2002-2003. Durante el Gobierno de Alan García (2006-2011) se agravó porque se crearon sindicatos de construcción paralelos con respaldo político del Partido Aprista. “Antes había un solo sindicato en Lima. Con García, el número creció a 52, pero entre el 80 y el 85% de afiliados no eran trabajadores aunque tuvieran su carnet de obrero”, relató.

“Hubo personajes denunciados por extorsión pero fueron apoyados por congresistas. Algunos eran cercanos a la Confederación de Trabajadores del Perú, conocida por su vínculo con el Apra”, agregó.

Los extorsionadores, precisa el empresario Lelio Balarezo - presidente de Capeco - “chantajean y piden el pago de cupos (extorsión) para poder trabajar con tranquilidad. Ponen sus chalecos, es decir, hombres a cargo de la vigilancia”. Sin embargo, a pesar de que reciben el dinero, los chalecos no siempre van a la obra.

En entrevista con EL PAÍS, Balarezo también dijo que los empresarios apoyaron la creación en 2010 de una nueva dependencia de la policía: “La División de Protección de Obras Civiles fue financiada al 100% por la Cámara con apoyo logístico para reparación de vehículos, escudos, cascos. Esta división opera en Lima, Trujillo y Arequipa, pero debería hacerlo a nivel nacional”, anotó. Dicha división cuenta con 130 a 140 agentes y Capeco destina unos 600.000 soles por año (aproximadamente 212.000 dólares) a dicha dependencia.

“Lamentablemente, hay una ola delincuencial de estos seudosindicatos y seudofederaciones de construcción civil. La exministra de Trabajo aprobó decretos para reinscribir a los trabajadores y tener un listado de quiénes son, y aún estamos en ese proceso”, indicó el representante de los empresarios del sector.

Balarezo, que lleva 40 años en el negocio, sostiene que un 70% de las obras de construcción están amenazadas, “aunque en obras del sector público no es común”, añadió.

Mario Huamán cuenta que, cuando una nueva obra de construcción empieza, un grupo de hombres armado llega sobre las 6:30 de la mañana y les dice: “Esto va a ser así. Si hay 100 trabajadores, unos ocho van a dar seguridad. Les tienen que pagar a los chalecos su salario con todos sus beneficios sociales y boletas de pago. Y si la policía los detiene, exhiben su identificación de que son obreros”.

Las municipalidades son las únicas entidades que poseen la información de las obras en cada distrito, por lo que se sospecha de que hay filtraciones desde allí hacia las mafias. Las empresas tienen un presupuesto de seguridad que asciende, dependiendo de la obra, al 2% o 3% y que va al cabecilla.

En 2012, la empresa de construcción Abengoa denunció este tipo de extorsión. En agosto de 2013, la policía detuvo a Carlos Alberto Roncagliolo, alias Colchón, vicepresidente de la Central de Trabajadores del Perú, afín al Apra. El seudolíder sindical cobraba por “porcentaje de obra, por trabajadores fantasma y por cuotas sindicales”. El mes siguiente a la captura de El Colchón, el expresidente Alan García fue nombrado miembro del consejo internacional asesor de Abengoa.

Según información de la División de Protección de Obras Civiles de la Policía Nacional, en enero (durante 24 operativos) desarticularon dos bandas y detuvieron a 51 personas en delito flagrante. En 2012 registran el mayor número de bandas desarticuladas (40) en cuatro años de trabajo, y en 2013, 28 mafias.

El sector de la construcción creció en Perú entre el 14% y el 22% en años pasados, pero en 2013 se retrajo al 8% “por el ruido político”, comentó el presidente de Capeco a EL PAÍS. El líder sindical Huamán explica que hay cerca de 200.000 trabajadores de construcción civil en Perú, "pero son unos 106.000 afiliados. Casi la mitad están con las extorsiones".