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La transición en Yemen, ni pacífica, ni ejemplar

Las sanciones económicas de la ONU a los políticos yemeníes que torpedeen la transición política pasaron desapercibidas

Varios soldados realizan un control a los vehículos junto a un cartel electoral del único aspirante a las elecciones y vicepresidente yemení, Abdo Rabo Mansur Hadi, en Sana, Yemen. Ampliar foto
Varios soldados realizan un control a los vehículos junto a un cartel electoral del único aspirante a las elecciones y vicepresidente yemení, Abdo Rabo Mansur Hadi, en Sana, Yemen. EFE

Con la atención informativa centrada en Ucrania, la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de imponer sanciones económicas a los políticos yemeníes que torpedeen la transición política, pasó casi desapercibida la semana pasada. El objetivo era sin duda noble: ayudar a Yemen a “pasar página de la presidencia de Ali Abdalá Saleh”, según indica el documento, en referencia al hombre que dirigió el país entre 1978 y 2012. Sin embargo, antes de que el Consejo elabore una lista de sancionables, numerosos yemeníes rechazan una medida que puede conseguir justo lo contrario de lo que pretende debido a la frágil situación del país.

Como era previsible, buena parte de las críticas procede de los simpatizantes de Saleh. Existe la convicción generalizada de que él es el principal objetivo de la resolución 2140. El ex presidente mantiene una innegable influencia. Sigue siendo el secretario general del Partido del Congreso, al que pertenece su sucesor, Abd Rabbo Mansur Hadi, y que aún es la fuerza política con mayor peso en el país. Tanto los opositores como los diplomáticos occidentales aseguran que está bloqueando la reforma ayudado por su dinero y la lealtad de buena parte de las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, tampoco los detractores de Saleh están satisfechos. La mención a “una transición pacífica” en el documento de la ONU y las continuas referencias diplomáticas al “éxito” de la fórmula yemení contrastan con la realidad de un país al borde de sus fuerzas. Que Estados Unidos y sus aliados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) lograran, con la ayuda del incansable Jamal ben Omar (el enviado de la ONU), que Saleh dejara la presidencia después de un año de manifestaciones que polarizó a los yemeníes, es una cosa. Que Yemen haya emprendido el camino de la democracia, otra muy distinta.

Significativamente, los yemeníes han marcado el tercer aniversario de su “revolución” tanto con celebraciones como nuevas protestas. Tal como refleja el último informe del International Crisis Group (ICG), aunque la Conferencia del Diálogo Nacional concluyó el pasado enero con un proyecto para un Estado federal y reformas democráticas, “el plan es en el mejor de los casos una aspiración y los hechos sobre el terreno van en una dirección distinta”. El ICG cita la revuelta Huthi en el norte, los avances de Al Qaeda y el secesionismo del Sur, como asuntos vitales a los que el presidente tiene que hacer frente.

A pie de calle, la violencia tampoco ha cesado. No pasa un día sin que los yemeníes tengan noticias de muertos en rifirrafes entre las fuerzas de seguridad y distintos grupos descontentos, o incluso de estos entre sí. Todo el mundo tiene armas. Se impone la ley del más fuerte. Los líderes tribales con más recursos (estrechamente vinculados a alguno de los bloques políticos) movilizan a sus milicias para avanzar sus intereses. Mientras, los cortes de agua y electricidad, se alternan con los intercambios esporádicos de disparos, las explosiones y los secuestros.

El desgobierno no es cosa de lugares remotos sino que alcanza a la propia capital, Saná. Así que no sorprende que los yemeníes se muestren escépticos ante quienes presentan su transición como un éxito. Temen que en su empeño por promocionar esa imagen, la ONU y los diplomáticos extranjeros sólo consigan acallar las críticas internas a un proceso que desde el principio ha sido controvertido. Tal como contó este diario en vísperas del plebiscito sobre Hadi, muchos de los revolucionarios que alentaron las protestas contra Saleh denunciaron que su relevo era fruto de un pacto entre el CCG, EEUU y la UE para el que no se contó con ellos.

Ahora, esos mismos activistas se muestran convencidos de que la decisión de congelar haberes y prohibir el viaje a quienes se aferran a los usos del régimen anterior apenas va a tener efecto. Al contrario, sospechan que les animará a redoblar sus esfuerzos para minar el mínimo avance.

“Las sanciones”, asegura Sama’a al Hamdani, “pueden convertirse en un riesgo en este momento crítico”. Esta investigadora yemení teme que “más que disuadir a las figuras que están obstruyendo la transición política, causen el caos y eclipsen las quejas de carácter no político”.

Como otros analistas, Al Hamdani subraya el “contraste entre los publicitados logros firmados a puerta cerrada y la realidad” que viven los yemeníes. “La población corre un alto riesgo de radicalización”, advierte. Su temor es que quienes lucharon en 2011 por un Estado civil pacífico, puedan recurrir a la violencia para revivir el Estado, hoy prácticamente inexistente. Fin