Marruecos estrena regularización de inmigrantes y tensa el Estrecho

No es casual. Las fronteras del estrecho entre África y Europa, entre España y Marruecos, están viviendo un comienzo de 2014 dramático, con avalanchas casi diarias, y cientos de tragedias que parecen repetirse sin solución. Y justo en uno de los momentos en que ambos países vecinos reconocen su mejor colaboración. En España el problema se ve como un asunto recurrente y fronterizo de la Unión Europea. En Marruecos coincide con las primeras semanas de un inédito y ambicioso proceso de regularización de inmigrantes indocumentados que nunca se ha producido en ese continente. Comenzó este pasado 1 de enero y ya se han apuntado más de 10.000 inmigrantes pero apenas se han concedido 416 tarjetas de residentes. Las condiciones exigidas para lograr esa categoría son muy desconocidas y duras. El gobierno y el rey Mohamed VI quieren aprovechar este experimento para promocionar su papel internacional como la meca del islamismo moderado y moderno.

En los montes del Gurugú, de Bolingo y en los alrededores boscosos de Oujda, en la frontera con Argelia, siguen aguantando estas duras noches de invierno y huyendo de los gendarmes durante el día miles de inmigrantes africanos. Muchos, la mayoría, son subsaharianos. Y llevan instalados en esa lucha de supervivencia años, lustros. En los últimos meses han arribado a esas zonas agrestes cientos de sirios escapados de la guerra y la persecución política en su país. Querrían disfrutar de la condición de asilados pero por ahora solo escapan. También huyen de Malí, de Costa de Marfil, de Mauritania.

El Gobierno marroquí ha trasladado al Ejecutivo español que podrían esconderse en esos montes aguardando su oportunidad para saltar a Europa entre 25.000 y 40.000 inmigrantes sin ninguna documentación clara. Sin papeles. El mensaje ha sonado alarmante e interesado porque tampoco existe procedimiento alguno para confirmar su veracidad. No se han precisado bien esos datos. Unas estimaciones que las ONG instaladas sobre el terreno rebajan a unas 10.000 personas. Pero también podrían ser más. De hecho muchas de las arremetidas diarias contra las verjas de Ceuta y Melilla llegan a sumar centenares de inmigrantes. Y la afluencia no parece menguar.

El fenómeno no tiene solo una explicación. Pero hay una coincidencia fundamental. El pasado 1 de enero se puso en marcha en Marruecos el primer proceso de regularización de inmigrantes sin papeles en un país africano, con 83 oficinas abiertas por todo el país y con un periodo de vigencia que acaba a final de este año. Hay un plazo, y también unas condiciones. Nada fáciles. Tampoco muy publicitadas. Y ha corrido el mensaje de que cuando se acabe este periodo los sin papeles serán expulsados del país.

Algunos portavoces de asociaciones de inmigrantes y de subsaharianos en Marruecos, como Hicham Rachidi o Marcel Amiyeto, han interpretado este paso como un avance en la política migratoria marroquí pero sobre todo en una clave cosmética: para mejorar su imagen en el exterior. El rey Mohamed VI, de hecho, está estos días de gira por cuatro países africanos y en sus discursos se empeña en promocionar un nuevo papel de Marruecos en el continente.

En ese plan de presentar a Marruecos como mucho más que el gendarme respaldado por Estados Unidos en la puerta sur de Europa hay otros componentes. El rey Mohamed VI, además, ha tomado nota de las denuncias de numerosas ONG y organizaciones humanitarias sobre su trato dado a los inmigrantes indocumentados. Quejas que ha recogido incluso el Consejo Nacional de Derechos Humanos local, órgano consultivo nombrado por el propio Rey. Si Marruecos tiene que ser un gendarme quiere serlo amable, con la imagen de un islam moderado y moderno.

Fue el propio rey Mohamed VI el que recomendó el pasado septiembre, tras escuchar a ese consejo asesor, una serie de novedosas reformas en política migratoria nunca vistas hasta ahora en un país africano. El gobierno promulgó los cambios en noviembre y fijó los criterios para apuntarse a la regularización: casos humanitarios o que padezcan una enfermedad grave, personas casadas con marroquíes desde hace dos años, sus hijos, extranjeros casados con otros extranjeros residentes que puedan acreditar cuatro años de vida en común (y sus hijos) o inmigrantes capaces de probar que viven en Marruecos desde hace cinco años.

Las condiciones son difíciles de cumplir y también de conocer por los supuestos interesados. Hasta cuatro organizaciones dedicadas a trabajar con los inmigrantes han destacado a EL PAÍS el valor de Marruecos al iniciar al menos este camino en favor de los derechos humanos pero han cuestionado las restrictivas y duras pautas marcadas. Y han demandado más flexibilidad. Y una información más precisa. No se sabe, por ejemplo, por cuánto tiempo se dará la residencia.

En otros casos hay, además, desconfianza. Los inmigrantes no se fían de las buenas palabras y promesas de Marruecos. Llevan años instalados en la marginación, subsistiendo con trabajos manuales y cosechas ilegales, sufriendo racismo en un país geográficamente africano, y no se acaban de creer el repentino buen comportamiento de los mismos policías que hace unos meses les apalizaban. “Aquí viven en el bosque y hasta hace poco los policías llegaban de repente y les quemaban los campamentos y sus tiendas para que se fueran. Ahora no se lo creen. Les pillan en la valla de Ceuta o Melilla y ya no les devuelven directamente a la frontera de Argelia sino que les llevan a ciudades como Rabat, Casablanca o Nador. Pero ellos se vuelven a los montes porque no se atreven a bajar a la ciudad ni a ir a una oficina de registro, que en algún caso están justo al lado de las comisarías”, resume una trabajadora social ubicada en uno de los cruces fronterizos de más tránsito.

Portavoces de varias asociaciones con presencia en la comisión de valoración que concede las anheladas tarjetas de residentes, que dan acceso a teóricos permisos de trabajo, admiten que el Gobierno marroquí está ofreciendo una imagen de cierta flexibilidad y sensibilidad en estas primeras semanas del proceso: “Quieren ser inclusivos y dar el beneficio de la duda”. No se han dado muchas tarjetas, apenas unas decenas, pero sí se han registrado casos en los que la documentación aportada no cumplía todas las exigencias. Y hasta el ministro especial para la inmigración, Anis Birou, ha animado a los inmigrantes sin regularizar a resolver sus papeles para poder ofrecer algún tipo de educación escolar a sus hijos, una de las demandas que los trabajadores sociales implicados aún no saben cómo se va a resolver.