Primeros absueltos en Perú por la ley que da 'licencia para matar' a la policía

Un juzgado absolvió el pasado cinco de febrero a cuatro agentes de la Policía Nacional acusados de la muerte de cuatro jóvenes fallecidos en una movilización que fue disuelta a tiros por las autoridades en Huancavelia (sierra central) en 2011. Los deudos de la familia temían que la Fiscalía archivara la investigación pues no había acusación después de un año y nueve meses y los estudios periciales a las armas de fuego usadas se realizaron 120 días después de los hechos. El caso continuó y un juez dictó la absolución aplicando el principio de ‘retroactividad benigna’ y la ley 30151, aprobada el 13 de enero por el gobierno de Ollanta Humala.

La norma, conocida como de 'licencia para matar', establece que los miembros de la Policía Nacional y las fuerzas armadas que causen muertes y lesiones “en el cumplimiento de su deber y en uso de armas u otro medio de defensa” están exentos de responsabilidad penal. Son los cuatro primeros beneficiados de un total de 139 efectivos de las fuerzas de seguridad que se acogerán a esa ley, según un cálculo del diario La República.

De acuerdo a la sentencia del Primer Juzgado Penal de Huancavelica, que falló el 5 de febrero, los tres policías a quienes se atribuía las muertes "se vieron obligados a efectuar disparos con fusiles AKM y armas de puñal a fin de salvaguardar su vida e integridad física", y, aplicando el principio de retroactividad benigna que beneficia al reo, citaron la ley 30151.

El Equipo Peruano de Antropología Forense, una ONG que hace 12 años trabaja como perito de la fiscalía o de la parte civil en casos de violación a los derechos humanos, se ha pronunciado este jueves contra la primera sentencia que cita la ley.

“Condenamos la decisión de absolver a los cuatro efectivos de la PNP que se encontraban procesados por homicidio culposo y omisión ilegal de actos funcionales. En una democracia deben prevalecer siempre el derecho a la vida y las libertades básicas, incluso bajo un clima de protesta social. Bajo la Ley 30151, estos derechos y libertades se ven menoscabados por las facultades discrecionales que esta norma otorga a las fuerzas de seguridad”, afirmó EPAF.

En junio de 2011, hubo una disputa entre los promotores y los opositores a la creación de la Universidad Autónoma de Tayacaja, una de las provincias del departamento de Huancavelica, el más pobre del país. Si se concretaba el proyecto promovido por algunos congresistas, la Universidad se Huancavelica perdería su terreno en Tayacaja. Del paro en dicha provincia y las movilizaciones de jóvenes en las carreteras, las partes pasaron días después a protestar al centro de la ciudad de Huancavelica. Los disturbios ocurrieron cerca de locales de entidades públicas y la policía disparó para contenerlos. Según los testimonios y la investigación fiscal, uno de los muertos por la policía fue Ivanov Ccora Quispe, vigilante de una oficina del gobierno regional, a causa de impacto múltiple de perdigones; otra, la escolar Deivis Huallani Martínez, de 14 años, quien no participaba de las manifestaciones, falleció debido a un balazo en el corazón. Oswaldo Demetrio Quispe Lázaro, de 22 años, murió luego del impacto de 148 perdigones que disparó el suboficial de la policía Kuncewitz Silva Marchan.

La Fiscalía indicó que la suboficial Maricela Jáuregui Chacón causó la muerte de la adolescente con una bala calibre 9 mm. y una pistola Pietro Beretta. El suboficial Abel Agustín Vargas Olivos fue el responsable de la muerte de Ccora, de 30 años de edad.

El juzgado también dejó libre de responsabilidad al coronel Edward Marín Grandes, responsable del plan de operaciones en la fecha.

Un mes después de los enfrentamientos, murió Peter Angel Sedano Condori, aunque él no fue blanco de los disparos de la policía. Sin embargo, en abril de 2013, Isaac Apari, uno de los heridos que quedó ciego por un impacto de perdigón, se suicidó, colgándose, porque un médico le dijo que ya que no tenía cura.

Durante una entrevista en junio de 2013, el padre de Deivis, Máximo Huayllani, presidente de la Asociación de Familiares de Caídos y Heridos en defensa de la Universidad de Huancavelica, indicó que a los policías se les debía acusar por homicidio calificado y no culposo: “Oswaldo Quispe murió por 156 perdigones según la necropsia”, señaló a un semanario de Lima.

“Huancavelica fue una de las zonas más azotadas en el tiempo de la violencia: hasta hoy se ve padres que sufren porque sus hijos han desaparecido. No queremos que vuelvan a ocurrir esas irregularidades, para nosotros son unos asesinos por la manera en que han actuado, queremos que se haga justicia”, dijo Huayllani, quien destacó la pobreza de los heridos que requerían rehabilitación.

Rudecindo Ccora, padre de Ivanov, reclamó entonces el maltrato de los operadores de justicia. “Las prendas de custodia de mi hijo no me las entregan. Las he pedido con un escrito a la Fiscalía, pero me dice que deben estar en el Juzgado. Allí me pelotean, me dicen vuelva otro día”.