Turquía aprueba una polémica reforma judicial con una pelea en el Parlamento

El Parlamento turco ha aprobado esta sábado una ley que da al Gobierno un mayor control sobre el nombramiento de jueces y fiscales. Se trata de una norma muy polémica que reforma el Consejo Supremo de Jueces y Fiscales (HSYK, en turco) y transfiere varios de sus poderes al Ministerio de Justicia. Ahora, para su entrada en vigor solo falta que la firme el Presidente de la República, Abdulá Gül.

El Gobierno ya había intentado introducir esta ley en enero pero la retiró la tras recibir críticas tanto en Turquía como desde el exterior. Finalmente, ayer la volvió a presentar en el Parlamento y la sesión ha durado desde las 2 de la tarde de ayer (una hora menos en España) hasta las 10 de la mañana de hoy.

A pesar de su mayoría en la Cámara, el gobernante Partido para la Justicia y el Desarrollo (AKP, en turco) ha tenido, literalmente, que pelear para poder finalmente aprobar la ley. En un debate muy tenso, varios diputados se han enzarzado a puñetazos y uno de ellos, del Partido Republicano Popular (CHP, en turco, y el mayor grupo en la oposición), ha tenido que ser hospitalizado con la nariz rota, según han informado medios locales. Ya ayer viernes, el CHP había asegurado que, de aprobarse, recurriría esta ley ante el Tribunal Constitucional antes de que pudiese ser publicada en el boletín oficial.

En 2010, el Gobierno turco ya había reformado el HSYK para adecuarlo a los estándares de la Unión Europea (UE), con quien Turquía lleva negociando desde 2005 para convertirse en un país miembro. Sin embargo, esta nueva reforma alejaría el sistema judicial turco de la línea marcada por la UE en este sentido.

Escándalo de corrupción y guerra política

El momento actual, en el que el primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, y su Gobierno se encuentran acosados por un escándalo de presunta corrupción, añade controversia a la nueva ley.

El 17 de diciembre pasado, decenas de personas cercanas a Erdogan, incluyendo los hijos de tres ministros que más tarde dimitieron, fueron detenidas por presunta corrupción relacionada con la construcción inmobiliaria y oscuros negocios con Irán.

Desde ese día, el Gobierno ha acusado a los seguidores del clérigo islámico Fetulá Gülen, turco pero residente en Estados Unidos desde 1999, de estar detrás de la investigación sobre la supuesta corrupción.

Gülen, hasta hace unos años aliado político y hoy rival de Erdogan, ejerce una gran influencia en millones de personas en Turquía. Tanto analistas como el propio Gobierno turco han señalado que este movimiento habría infiltrado la Policía, la Judicatura y los servicios de Inteligencia.

El Ejecutivo ha respondido al escándalo relevando de sus puestos a más de 6.000 policías y a cerca de 300 jueces y fiscales, incluyendo a quienes estaban al cargo de la investigación. Esta serie de purgas tendrían como objetivo eliminar elementos gülenistas de esos cuerpos de seguridad y justicia del Estado, según una opinión compartida por expertos y partidos en la oposición.

Ozcan Yeniceri, un diputado del también opositor Partido del Movimiento Nacionalista, ha declarado que el objetivo de la nueva ley “cumple con las necesidades del AKP” para así impedir la investigación sobre su supuesta corrupción, según le cita la agencia Reuters.

El Parlamento turco ha aprobado esta reforma judicial tan sólo días después de dar el visto bueno a otra ley muy polémica y que permitirá al Gobierno bloquear el acceso a páginas web sin autorización judicial. Se da el caso, además, de que en las últimas semanas han ido apareciendo en internet grabaciones que supuestamente apoyarían la presunta corrupción del Ejecutivo.

La aprobación de esta ley sobre internet provocó protestas populares en las calles de Estambul el pasado fin de semana, que fueron duramente reprimidas por la Policía. Este tipo de manifestaciones y enfrentamientos se han convertido en comunes en Turquía desde que el pasado verano decenas de miles de personas ocuparan durante varios días el Parque Gezi y la Plaza Taksim, en el centro de Estambul, para protestar contra el “autoritarismo” del Gobierno y la violencia policial.