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TRIBUNA

La impunidad mató a Gregorio Jiménez

Los delincuentes no tenían motivos para pensar que asesinar a este reportero local podría tener consecuencias en el Estado mexicano de Veracruz

El gobierno mexicano tiene una fiscalía para perseguir delitos contra la libertad de expresión y un mecanismo de protección de periodistas. A su vez, el gobierno del Estado de Veracruz tiene una Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas. Las tres oficinas son parte de un andamiaje legal para, supuestamente, garantizar el ejercicio de un periodismo libre de intimidación.

Ninguna de las tres instancias pudo prevenir que Gregorio Jiménez de la Cruz, reportero de la nota policiaca de Notisur y Liberal del Sur, fuera secuestrado el 5 de febrero en Coatzacoalcos. Tampoco pudieron encontrar a sus captores o someterlos a una presión tal que los obligara a liberar con vida al periodista. De hecho sucedió al revés: los secuestradores asesinaron a Jiménez y arrojaron el cuerpo a una fosa, donde apareció el 11 de febrero.

Luego del trágico desenlace de un caso que cimbró a periodistas mexicanos y capturó la atención como pocos, queda claro que nada pudo haber salvado a Gregorio de la muerte. Su secuestro y asesinato fueron estimulados por la impunidad que prevaleció en los 9 casos de periodistas asesinados y tres casos de desaparecidos en Veracruz desde 2010, durante la administración del gobernador Javier Duarte, además de los cinco asesinatos durante el gobierno de Fidel Herrera.

La muerte de Gregorio Jiménez obliga a poner bajo la lupa las leyes e instancias gubernamentales creadas en los últimos años para la protección de periodistas y hacer un análisis sobre su efectividad.

Queda claro que nada pudo haber salvado a Gregorio de la muerte

¿Pudo el mecanismo de protección de periodistas ayudar a Jiménez? ¿Qué tal la Fiscalía especializada de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía)? ¿Se benefició el periodista asesinado de la reciente federalización de los delitos contra la libertad de expresión, tan presumida por legisladores y funcionarios? ¿Sirvió para algo la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas de Veracruz creada por Duarte?

Si hacemos un recuento de los hechos, bajo la premisa de que en cualquier secuestro las primeras horas son las más valiosas para entender la situación y recabar pistas, veremos que Jiménez no tenía mucha probabilidad de salir con vida.

El 5 de febrero se reportó su desaparición. Según el gobierno de Veracruz, desde un principio se lanzó un operativo de búsqueda que incluyó a soldados, marinos y policías federales y estatales, más de mil personas en total. Pero el problema no es cuántos lo estaban buscando, sino cómo lo estaban buscando. No queda claro si se tomaron en cuenta pistas aportadas por los colegas de Jiménez sobre las notas que había publicado en las semanas previas, o si se hizo caso de la sospecha que apuntaba a la dueña de un bar, quien a final de cuentas fue detenida como presunta autora intelectual del crimen. Tampoco está claro si Jiménez o los medios en que trabajaba habían alertado a las autoridades de amenazas recibidas.

Parte del problema es que las herramientas legales que tienen los periodistas para buscar protección están condicionadas en amenazas previas, pero muchas de las agresiones (si no es que la mayoría) ocurren sin ningún aviso.

Por eso acudir al Mecanismo de Protección de Periodistas, lanzado por el gobierno mexicano en 2012, resultaba inútil luego del secuestro. Al mismo tiempo, la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas gastó saliva y tinta exigiendo encontrar al periodista pero fue incapaz de hacer nada más, pues su misión es dar protección a periodistas que la soliciten y a esas alturas Jiménez no estaba en posibilidad de solicitar nada.

Y mientras transcurrían las primeras, valiosísimas, horas del secuestro la PGR, donde se presentó una denuncia, aún “valoraba” si el crimen se trataba de un ataque a la libertad de expresión que hubiera justificado federalizar el delito. De hecho, parece que aún están “valorando”.

El problema no es 'cuántos' lo estaban buscando, sino 'cómo' lo estaban buscando

Lo novedoso en el secuestro de Jiménez fue el operativo de búsqueda que se activó y que contrastaba con la apatía mostrada por las autoridades en todos los casos anteriores. Pero la movilización de cientos de militares y policías, provocada en buena medida por el grito de alarma que dieron periodistas y organizaciones no gubernamentales, no sirvió para hacer presión sobre los secuestradores, para advertirles que el plagio del periodista era inaceptable, para amenazarlos con un castigo inminente por el crimen, y finalmente para disuadirlos de asesinar a Jiménez.

Los secuestradores y asesinos de Jiménez confiaron en que saldrían impunes pues ese había sido el resultado de anteriores crímenes contra periodistas. La norma en Veracruz, y gran parte del país, es que las agresiones contra la prensa no se castigan. Los delincuentes no tenían motivos para pensar de otra manera, mucho menos para preocuparse.

En los últimos años, he visto de cerca dos casos de secuestro para intimidar a medios de comunicación en la Comarca Lagunera. Ambos se resolvieron de manera satisfactoria pero sólo gracias a la presión ejercida por autoridades que respondieron inmediatamente a los llamados de ayuda.

El primero, en julio de 2010, involucró a reporteros de Televisa y Milenio que cubrían un motín de reos asociados al Cártel del Pacífico en el penal de Gómez Palacio, Durango. Un reportero y dos camarógrafos fueron secuestrados para obligar a sus medios a difundir videos de propaganda del cártel. Televisa y Milenio se negaron a transmitir ese material en sus cadenas nacionales, pues aun sabiendo que el desafío a la amenaza ponía en peligro la vida de los reporteros, seguir las instrucciones de criminales abriría la puerta a un escenario aterrador para la prensa mexicana. Para mitigar el riesgo, empujaron al Gobierno Federal a rescatar a los tres secuestrados, lo que finalmente ocurrió

En ese entonces dirigía la redacción de El Siglo de Torreón, y aunque el periódico se salvó de ser incluido en el plagio, vivimos la presión de sentir que en cualquier momento uno de nosotros podía engrosar la cuenta de secuestrados.

Esperemos que la detención de seis personas acusadas de este crimen sirva para disuadir a los que en un futuro piensen que todo se arregla matando al mensajero

Recordar esa experiencia fue muy útil el año pasado cuando El Siglo de Torreón enfrentó el secuestro de cinco trabajadores. Aún recuerdo esa noche de febrero, con el teléfono pegado a la oreja en llamadas con jefes militares y policiacos y funcionarios federales y de Coahuila que sumaban presión para que las víctimas fueran liberadas, lo cual ocurrió en unas horas. En los días siguientes, más de 40 personas fueron detenidas por su participación en el secuestro o por vínculos con el grupo criminal que lo perpetró. La respuesta sirvió, sin duda, para que los medios de comunicación en La Laguna lleven un año sin amenazas o agresiones del crimen organizado.

Los nueve homicidios, tres desapariciones y decenas de agresiones contra periodistas en Veracruz en los últimos tres años nunca tuvieron una respuesta similar. Eso permitió el secuestro y asesinato de Gregorio Jiménez. No hay Mecanismo de Protección o Fiscalía Especializada a nivel federal que hubiera podido salvarlo. Tampoco una Comisión a nivel estatal hubiera podido hacer algo, pues el organismo que la prensa afín al gobernador Duarte pondera como “innovadora” y “contundente”, en la realidad se traduce como todo lo contrario: se echa mano del viejo recurso de crear una comisión para que parezca que algo se hace.

El caso de Gregorio Jiménez debe ser analizado bajo los criterios de todas las herramientas gubernamentales para la protección de periodistas y hacer un análisis honesto de si en realidad habrían funcionado. Mi sospecha, informada por haber vivido de cerca agresiones contra periodistas, es que no. Sólo la ausencia de impunidad habría prevenido el crimen.

Esperemos que la detención de seis personas acusadas de este crimen sirva para disuadir a los que en un futuro piensen que todo se arregla matando al mensajero.

Javier Garza Ramos, periodista, es exdirector de El Siglo de Torreón

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