Brasil y el dilema de las represalias comerciales contra EE UU

A Brasil le acaba de surgir una prueba de fuego para determinar el verdadero alcance de su voluntad de reconciliación diplomática con Estados Unidos tras la polémica por el espionaje masivo de la NSA. La Cámara de Representantes y el Senado aprobaron la semana pasada la nueva ley agrícola norteamericana, que supone el elemento clave en el largo contencioso entre Washington y Brasilia por los subsidios a la producción de algodón en EE UU.

La Organización Mundial del Comercio (OMC) dio en 2004 la razón a Brasil en su denuncia por las ayudas a la producción otorgadas por el Gobierno estadounidense y le autorizó a tomar represalias comerciales hasta por 830 millones de dólares al año contra EE UU al determinar que dichos subsidios distorsionaban el mercado mundial de algodón y afectaban a los exportadores brasileños. Sin embargo, Brasil acordó con EE UU no aplicar ninguna represalia si Washington abonaba una compensación a los productores del gigante sudamericano hasta que aprobara una nueva legislación que eliminara los subsidios al algodón.

Los pagos empezaron a efectuarse mensualmente en 2010 por valor de 147 millones de dólares al año, pero en octubre pasado se suspendieron a raíz de los desacuerdos presupuestarios en el Congreso de EE UU que llevaron al cierre parcial de la Administración durante dos semanas. Como respuesta, las autoridades brasileñas anunciaron que adoptarían una decisión sobre las hipotéticas represalias antes de marzo. En su visita a Washington a finales de enero, el ministro de Exteriores de Brasil, Luiz Alberto Figueiredo, se reunió con representantes de la Administración de Barack Obama para abordar este asunto y explicó que el Gobierno de Dilma Rousseff estudiaría cuidadosamente la nueva ley cuando fuera aprobada para dilucidar si atendía a sus “requisitos” y, a partir de ello, decidiría si impone o no medidas de castigo a EE UU.

Ahora con la aprobación definitiva de la legislación ha llegado el momento de la verdad. La norma elimina los subsidios directos a la producción de algodón -como reclamaba Brasilia, y lo que las autoridades y el sector en EE UU consideran suficiente para cumplir con el fallo de la OMC- pero establece, a cambio, un sistema de potenciales ayudas indirectas, lo que puede no satisfacer del todo las demandas brasileñas. Con el nuevo marco legal, los productores de algodón pueden optar a un seguro que les garantiza un nivel mínimo de ingresos en los próximos años. El aspecto esencial es que parte del monto del seguro -puede llegar hasta el 80% del total- estará financiando por el Gobierno de EE UU.

“Esto supone un incentivo al productor para que compre esa protección, lo que puede animarle a producir más algodón”, sostiene Burleigh Leonador, consultor senior de Prime Policy Group, una consultora con sede en Washington. “Por tanto, desde el punto de vista brasileño, la preocupación puede ser que, pese al cambio en los subsidios, los seguros pueden ser igual de problemáticos en términos de distorsión de mercados”, añade en conversación telefónica.

Es decir, los seguros pueden generar un aumento de la producción del algodón en EE UU, lo que implicaría que en el mercado mundial haya más algodón compitiendo con el recolectado en Brasil, todo lo contrario de lo deseado por el gigante emergente. Según datos de la OCDE y la FAO, Estados Unidos es el tercer productor mundial de algodón, por detrás de China e India, mientras Brasil es el quinto. Además, EE UU es el primer exportador mundial y China el mayor importador.

Todo apunta, por tanto, que la reacción brasileña dependerá de lo exigente que sea su análisis de la nueva ley y, obviamente, de componentes políticos. Brasilia tendrá que calibrar muy bien ventajas e inconvenientes, pues imponer una represalia comercial a EE UU no es, sin duda, la mejor opción para recomponer la confianza quebrada tras la revelación en septiembre de que la NSA espió el correo electrónico de Rousseff, lo que enfureció profundamente a la presidenta brasileña y provocó la cancelación de su visita prevista a Washington a finales de octubre.

En 2010, las autoridades brasileñas publicaron una lista de un centenar de productos estadounidenses que podrían ser objeto de represalia por el contencioso del algodón. Por ejemplo, las tarifas a la exportación de automóviles estadounidenses a Brasil pasarían del 35% al 50%, las de trigo del 10% al 30%, o las de algodón llegarían a alcanzar el 100%.