La Eurocámara eleva el tono sobre Ucrania y pide “medidas concretas”

Dos semanas después de que el presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso, amenazara al Gobierno de Ucrania con represalias si seguía aplicando la violencia sobre los manifestantes opositores, el Parlamento Europeo mueve ficha. El pleno de la Eurocámara ha reclamado hoy a las instituciones de la UE y a los Estados miembros que redoblen la “presión diplomática” sobre el Ejecutivo ucraniano y que preparen medidas “selectivas concretas”, entre las que destaca la prohibición de viajar y la congelación de bienes y propiedades de todos los funcionarios y legisladores ucranianos y sus patrocinadores —oligarcas— que “sean responsables” de la represión y de las muertes de ciudadanos.

En la resolución aprobada hoy, la Eurocámara pide al Ejecutivo comunitario que emprenda una “amplia apertura” a la sociedad ucraniana mediante un régimen de expedición gratuita de visados y aboga por aplicar una reducción “drástica” de las tasas de tramitación de los permisos de entrada a la UE para los jóvenes de aquel país. Los eurodiputados también recuerdan al presidente ucraniano, Viktor Yanukóvich, su responsabilidad ante el pueblo de Ucrania y ante la comunidad internacional de “no utilizar métodos represivos”, solucionar la actual crisis política y respetar el derecho de la ciudadanía a protestar pacíficamente.

En el texto, el pleno del Parlamento Europeo también tiene palabras para el Gobierno ruso, a quien insta a adoptar una “actitud constructiva” y a cesar en la represalia y en la “presión indebida” destinada a socavar el derecho soberano de los ucranianos a decidir su futuro. En este sentido, el escrito exige a la Unión Europea y a EE UU “unidad” y les insta a dirigirse al Gobierno de Vladímir Putin “con una sola voz” para apoyar las “aspiraciones europeas” de los países de la Asociación Oriental que elijan libremente “profundizar sus relaciones” con la UE.

Por último, la resolución traza una hoja de ruta para solucionar la crisis política ucraniana que consiste en volver a la Constitución de 2004 —abolida de forma ilegal hace tres años por el Tribunal Constitucional a espaldas del Parlamento—, apoya la formación de un gobierno provisional y subraya la necesidad de que se convoquen elecciones anticipadas en el país.