La recurrente historia de las crisis cambiarias en Argentina

Argentina sufre estos días una nueva crisis cambiaria. En los últimos 40 años ha sufrido varias, aunque mucho más profundas de lo que es – de momento - la actual. Fueron crisis que dejaron huella en la memoria de los argentinos y que han llevado a que muchos de ellos teman en los tiempos de vacas gordas que las flacas pronto llegarán. Fueron esa crisis las que llevaron a que no solo los ricos sino también la clase media recurrieran al dólar como moneda de ahorro y de pago de los inmuebles, como modo de protegerse frente a las devaluaciones de la moneda local. Fue una sucesión de debacles en 1975-1976, 1981, 1989-1990 y 2001-2002.

Antes de la crisis del Rodrigazo de 1975, Argentina ya había sufrido otras. Pero nunca una hiperinflación (más de 50% de inflación en un mes). Aquel año, el ministro de Economía del Gobierno de Isabel Perón (1974-1976), Celestino Rodrigo, devaluó la moneda con el argumento de recuperar la competitividad de la producción argentina, es decir, para bajar los costes. Rodrigo anunció entonces de un día para el otro que la cotización del dólar subía más del 150%, el combustible se encarecía un 180% y la media de los servicios públicos y el transporte, el 100%, mientras que los salarios, solo el 80%. El llamado Rodrigazo fue respondido con la primera huelga general contra un Gobierno peronista. Finalmente, los sindicatos consiguieron un aumento del 180%, similar a la inflación anual del 183%.

El historiador económico Mario Rapoport recuerda que, en aquel tiempo, había sindicatos fuertes alentados por el peronismo pero también estaban los identificados con el marxismo. Y fue así que falló el intento por abaratar el coste laboral argentino. De eso se encargaron entonces los militares que depusieron a Isabel Perón. En 1976, el primer año de la dictadura de Jorge Videla, la inflación llegó al 444%, y en todo el régimen - hasta 1983 - nunca bajó del 100% anual. En aquellos años de liberalización financiera en Argentina, el dólar se transformó en la moneda para el ahorro y las transacciones inmobiliarias, dos usos que aún persisten en buena parte de la población, con excepciones como la porción que permanece en situación de pobreza. Hasta 1974, solo el 4,2% de los hogares argentinos vivía en la pobreza, pero en 1980 ya eran el 6,1%, según el libro El costo social del ajuste. Argentina 1976-2002, dirigido por la socióloga Susana Torrado.

La siguiente crisis tuvo lugar en 1981. Durante la dictadura de Videla, con José Alfredo Martínez de Hoz como ministro de Economía, Argentina multiplicó su deuda externa, se desindustrializó, aumentó el paro, cayó el salario, se alentó la especulación financiera que posibilitó la fuga de capitales y se reprimió de forma salvaje a opositores y sospechosos de serlo. En ese cuadro de fragilidad económica, el general Roberto Viola reemplazó a Videla y Lorenzo Sigaut a Martínez de Hoz. “El que apuesta al dólar pierde”, dijo Sigaut, pero a los pocos días comenzó una devaluación que encareció la moneda norteamericana un 226%. Pero en aquel tiempo la población no protestaba. “La dictadura en 1976 había descabezado a las cúpulas sindicales y estudiantiles”, recuerda Rapoport. La inflación fue del 164% en 1981 y del 343% en 1982. Argentina cayó en su peor recesión hasta entonces desde la Gran Depresión de la década del 30. La situación social se deterioró tanto que, finalmente, la peronista Confederación General del Trabajo (CGT) organizó el 30 de marzo la primera huelga contra el régimen. Tres días después, el entonces dictador Leopoldo Galtieri ocupó con sus tropas las islas Malvinas, después de 149 años de ocupación británica, y la protesta sindical se diluyó. Dos meses más tarde, Argentina perdió la guerra por el archipiélago y, más endeudada que antes, dejó de pagar parte de sus obligaciones. La crisis de la deuda se extendía por toda Latinoamérica, con epicentro en México.

La elevada inflación, el alto endeudamiento y la depreciación de la moneda argentina continuaron en democracia. En el Gobierno del radical (centrista) Raúl Alfonsín (1983-1989), solo en 1986 la inflación bajó del 100% anual. Los salarios se cobraban por quincena y hasta los obreros compraban dólares con parte de su nómina para que sus ingresos no perdiesen valor en las dos semanas que separaban una paga de la otra. Pero la situación se desmadró en 1989, cuando estalló una hiperinflación del 3.079% anual. El dólar subió el 2.038% y se consolidó como refugio de los argentinos que podían comprarlo. Los precios en los negocios cambiaban entre la mañana y el mediodía. Entonces, en los barrios populares ocurrieron saqueos de supermercados. Algunos dirigentes de izquierda fueron detenidos como supuestos organizadores de los desmanes. El 38,2% de los hogares se hundió en la pobreza. Así como la dictadura provocó el exilio político de miles de argentinos, en aquella hiperinflación muchos otros migraron por motivos económicos a Europa o EE UU.

El pueblo castigó al radicalismo en las urnas y votó al peronista Carlos Menem como presidente en mayo de 1989. Menem, que cambió la doctrina de su partido por la neoliberal, no pudo frenar la hiperinflación en 1990 (2.314%), pero sí a partir de 1991. La receta del nuevo jefe de Estado incluyó la confiscación de los depósitos a plazo, a cambio de los cuales recibieron títulos públicos, y un plan de privatizaciones y ajuste del Estado que fue aceptado con bastante pasividad por el sindicalismo peronista. Entonces surgió una rival de la CGT, la Central de Trabajadores de Argentina (CTA).

El Gobierno de Menem (1989-1999) dejó otra herencia de alto endeudamiento externo, casi sin inflación, pero con un desempleo que rondaba el 15%, con años de una moneda sobrevalorada, que se encontraba atada al dólar desde 1991. Aquella apreciación afectó al campo y la industria. A lo largo de los 90 comenzaron a repetirse los piquetes de parados en las carreteras de Argentina. En el Gobierno del radical Fernando de la Rúa (1999-2001) se intensificaron. De la Rúa aplicó sus ajustes fiscales, incluida la bajada de las pensiones y los salarios. Se negaba a devaluar el peso o a suspender pagos de la deuda, pese a la pérdida de competitividad de la economía y al peso de los pasivos.

Ante el temor de una devaluación, los argentinos con más información financiera, los más ricos y algunos de clase media, retiraron sus dólares de los bancos argentinos a lo largo de 2001. Cuando el miedo se generalizó y los ahorradores se agolparon en las oficinas para también hacerse de los verdes, se hizo realidad el rumor extendido de una nueva confiscación de depósitos. En diciembre de aquel año, el ministro de Economía de De la Rúa, Domingo Cavallo - el mismo que había sido el de Menem entre 1991 y 1996 - dispuso el después bautizado corralito, con lo que quedaron inmovilizados los depósitos a plazo y solo se podían retirar 250 dólares por semana de las cajas de ahorro. La medida hundió aún más la economía, reaparecieron los saqueos de supermercados, los ahorradores comenzaron a protestar en las oficinas de bancos - que protegieron sus escaparates de vidrio con persianas metálicas -, los piquetes se renovaron y la clase media protestó con sus cacerolazos. De la Rúa decretó el estado de sitio el 19 de diciembre de 2001, el pueblo no lo acató y las fuerzas policiales reprimieron y mataron a 39 personas. El presidente tuvo que dimitir al día siguiente en medio del descontrol político, social y económico.

El Congreso designó como presidente a un peronista, Adolfo Rodríguez Saá, que duró una semana, en la que suspendió los pagos de la deuda. El 2 de enero de 2002 asumió la jefatura de Estado otro peronista, Eduardo Duhalde. Fue él quien devaluó la moneda, con lo que el dólar se apreció 241% y se acabaron los años de inflación baja al llegar al 41%. Los depósitos a plazo fueron canjeados otra vez por títulos públicos. La pobreza alcanzó al 42,3% de los hogares. La depresión económica de 1998-2002 fue peor que la del 30. Se habló entonces del hiperdesempleo (21,5%). Otra vez los argentinos comenzaron a formar filas en las embajadas de España o Italia para recuperar la nacionalidad de sus antepasados y marcharse.

La devaluación de enero de 2014 no tiene las dimensiones de las de 1975, 1981, 1989 o 2002. El dólar se encareció el 23%. La inflación, que hasta diciembre era del 27,5% anual, está en ascenso tras la depreciación del peso. En 2012, el 15% de los hogares era pobre en Argentina. El paro es del 6,8%. Analistas críticos del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner descartan que esta vez se suspendan pagos de la deuda del país - que se redujo durante casi once años de kirchnerismo - o que se congelen los pocos depósitos en dólares que hay, pero temen menor actividad económica (el PIB creció el 3,1% en los primeros nueve meses de 2013), más paro, inflación y devaluación y hasta conflicto social. De momento no ha habido protestas populares por la devaluación, pero el líder del ala kirchnerista de la CGT, Antonio Caló, admitió que “a la gente no le alcanza para comer”. Fernández le respondió: "Yo no creo, como dijo Antonio, que ningún argentino esté pasando hambre".

El historiador Rapoport diferencia la crisis cambiaria de 2014 de las de 1981, 1989 y 2002 porque considera que aquellas se originaron por un excesivo endeudamiento externo, que ya Argentina no padece más. Encuentra algún parecido con la de 1975 en el sentido de que la de entonces, como la de ahora, ha sido precedida por años de crecimiento industrial y de las importaciones, pero considera que esta vez la depreciación del peso ha sido provocada por un "golpe de mercado" de los exportadores agrícolas que se niegan a liquidar sus granos por las expectativas de una mayor devaluación, que los llevaría a cobrar más pesos por los dólares cobrados, y para acabar con las políticas de redistribución del ingreso de Fernández. El jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich, también denunció esta semana un "golpe de mercado" y que el Gobierno se encuentra "solo en este pelea", sin apoyo de la oposición ni del sindicalismo, y frente a grupos "mediáticos y económicos concentrados". El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) y presidenciable, Ernesto Sanz, le respondió con una expresión homofóbica: "El Gobierno está mariconeando; que dejen de mariconear". Economistas críticos del Gobierno no atribuyen la actual devaluación a la especulación de los exportadores sino a la apreciación real (ajustada por inflación) del peso en el periodo entre 2007 y 2012, la inflación superior al 20% anual desde entonces, la cancelación de deuda externa con reservas del Banco Central y el déficit comercial en los sectores energético, turístico e industrial.