Sea europeo por un millón de euros

Hay pocas cosas que los más ricos del mundo no puedan comprar. Y desde hace pocos meses hay dos menos: la nacionalidad y la residencia europeas. Ante la indignación de Bruselas, con cerca de un millón de euros se puede comprar un pasaporte perfectamente legal en Malta. España, Portugal, Chipre o Grecia son otros de los países en los que con dinero se puede residir o nacionalizarse. Las crisis financieras y el ansia recaudatoria de algunos socios de la UE son los responsables de que valores y consensos hasta ahora intocables empiecen a agrietarse. La Comisión y el Parlamento Europeo luchan ahora por preservar el espíritu de la Unión, mientras que los inversores aflojan la cartera y se preparan para estrenar pasaporte.

En los despachos de abogados que asesoran a las grandes fortunas del mundo se apilan documentos que tratan de poner orden en el bazar de pasaportes europeos analizando país por país cuánto cuesta la residencia y la nacionalidad en cada uno. Al menos una decena de Estados ofrecen ya lo que denominan “programas de residencia por inversión”.

“Asistimos a una competición entre países de la UE por ver quién se lo pone más fácil a los ricos y quién vende más permisos de residencia”, estima Kinga Göncz, europarlamentaria socialista húngara. “Es un fenómeno que mueve mucho dinero y que es muy peligroso porque atenta contra los valores europeos que establecen la no discriminación entre las personas. Por un lado ponemos todo tipo de barreras a los refugiados para que no entren, y por otro abrimos las puertas a los extremadamente ricos. Esto es algo que choca con el espíritu del proyecto”.

Los mecanismos para comprar papeles se agrupan en tres grandes categorías. Por una parte están los países como Malta o Chipre, en los que el pasaporte se puede conseguir a cambio de inversiones o dinero en metálico. Luego hay una larga lista de Estados —entre ellos, Portugal, España, Letonia, Austria o Reino Unido— en los que, por medio de la adquisición de una vivienda o invirtiendo en deuda pública o en un negocio, se obtiene la residencia. Y normalmente, después de una cierta cantidad de años, la residencia abre la puerta a la nacionalidad. Por último están los casos considerados de interés nacional, supuesto bajo el que hasta 22 países de la UE conceden la nacionalidad a deportistas, artistas o inversores que consideran beneficiosos para el país.

“Asistimos a una competición por ver quién se lo pone más fácil a los ricos”, dice una europarlamentaria

El fenómeno de los visados de oro se ha disparado en el último año y medio en sus tres modalidades. No existen cifras globales, pero las empresas que gestionan estos permisos confirman que se trata de un mercado en auge. “En los últimos años hemos observado un incremento constante de solicitudes, sobre todo porque cada vez son más países los que ofrecen esta posibilidad”, explica Christian H. Kälin, al frente del departamento de residencia y ciudadanía de Henley & Partners, una empresa con sede en las islas Jersey y el referente para las grandes fortunas en busca de pasaporte. Se trata, además, de la empresa elegida por Malta para gestionar su programa para inversores. Kälin detalla por correo electrónico que sus clientes proceden de países de África, Europa del Este y Oriente Próximo, entre otros. Y que lo que buscan es “flexibilidad, seguridad y tener opciones para invertir, hacer negocios y vivir en Europa”. Portugal y Malta son los dos países preferidos por sus inversores. El Ministerio del Interior portugués cifra en 470 los extranjeros que se beneficiaron del programa en 2013. La mayoría de ellos proceden de China, Rusia y Brasil. Consultado el Ministerio de Empleo español, asegura que de momento no disponen de datos relativos a la Ley de Emprendedores aprobada este verano y que incluye facilidades a los millonarios para entrar en España.

Un gestor de grandes fortunas de la órbita exsoviética instalado en Europa y que prefiere no desvelar su identidad explica el funcionamiento del proceso. “Para ellos [las grandes fortunas] es mucho más cómodo tener el permiso de residencia porque así cuando vienen a hacer negocios no tienen que pedir un visado. Además, por ejemplo en el caso de los rusos, es una cuestión de prestigio social”. El banquero cifra en unos 10.000 o 15.000 euros lo que sus clientes pagan a las agencias de abogados que tramitan la residencia —“son tan ricos que para ellos esa es una cantidad insignificante”— y da cuenta de los negocios turbios que rodean todo el proceso: “Lo que pagan depende en parte de los contactos que tengan los abogados con las embajadas. Cuando lo que el país europeo exige es invertir en un negocio, muchos montan empresas falsas y, por ejemplo, la misma secretaria aparece empleada en 20 firmas a la vez”.

“En el caso de los rusos es también una cuestión de prestigio social”, cuenta un gestor de grandes fortunas

El Parlamento Europeo aprobó a mediados de enero por abrumadora mayoría una resolución no vinculante en la que indica que “se espera que todos los Estados miembros actúen de manera responsable para preservar los valores y logros comunes de la Unión, y dichos valores y logros son inestimables y no pueden llevar pegada una etiqueta con el precio”. La Comisión Europea explica que compete a los países miembros decidir quién obtiene la nacionalidad en su país, aunque también alerta del peligro de socavar los principios del proyecto europeo. Obtener un pasaporte maltés, por ejemplo, permite la libre circulación por el resto de los Estados de la UE, algo que ha empezado a generar cierta desconfianza entre el resto de miembros.

Muestra de la preocupación bruselense por el asunto han sido las intensas negociaciones que la comisaria Viviane Reding ha mantenido con el Gobierno maltés, que esta semana ha accedido a modificar su ley y exigir una residencia en el país por un plazo mínimo de 12 meses para acceder a la nacionalidad. Roberta Metsola, eurodiputada conservadora maltesa, considera el cambio legislativo positivo, porque cree que vender la nacionalidad al mejor postor supone como poco “una contradicción en un país como Malta, que no deja de quejarse de que no puede acoger a los inmigrantes que llegan por el Mediterráneo”.

Los expertos estiman que las nuevas políticas no cambiarán de forma drástica el flujo de personas ni la demografía europea, porque al fin y al cabo no son tantos los megarricos que pueden y quieren comprar un pasaporte. Pero, como alerta Jelena Dzankic, del Instituto Universitario Europeo de Florencia, esta nueva tendencia puede contribuir a “devaluar el concepto de ciudadanía europea”.