El caricaturista señalado por la Ley de Comunicación de Ecuador defiende la libertad de opinión

La Superintendencia de Información y Comunicación de Ecuador citó este martes al caricaturista Xavier Bonilla (Bonil), a su abogado y al delegado del diario El Universo para que explicaran una caricatura. El análisis de una expresión humorística se ha convertido en el primer tema que discute este organismo creado para dar cumplimiento a la Ley de Comunicación aprobada en junio del año pasado. Bonil, haciendo gala de su humor, llegó a la audiencia de sustanciación con dos lápices gigantes que se diferenciaban por el tamaño del borrador y señaló que el Gobierno ecuatoriano quiere imponerle el lápiz que tiene el borrador más grande.

La viñeta de la polémica fue publicada el pasado 28 de diciembre y narra el allanamiento que hizo la Fiscalía y la Policía al domicilio de Fernando Villavicencio, periodista y asesor de un asambleísta del partido de oposición Pachakutik, que está siendo investigado por un presunto delito de espionaje. Villavicencio además ha sido condenado a un año y medio de cárcel por injurias contra el presidente Rafael Correa, tras afirmar que el mandatario fingió su secuestro del 30 de septiembre de 2010, cuando hubo una sublevación policial con tintes de golpe de Estado.

Durante su comparecencia, Bonil argumentó que hizo el dibujo a partir de la información pública, dicha por el afectado directo del allanamiento. “Si usted hace una denuncia en la que le han robado una casa o cualquier cosa, el que sabe lo que le robaron es el afectado”. Añadió que todos los medios de comunicación, incluido el diario público El Telégrafo, replicaron el 27 de diciembre las declaraciones de Fernando Villavicencio sobre la actuación violenta de la Fiscalía y la pérdida de dispositivos electrónicos que contenían denuncias de corrupción. “Me nutro de varios insumos comunicacionales para hacer una caricatura, mi trabajo es un proceso que implica informarse y luego recibo la percepción de los lectores, porque yo soy responsable de lo que digo y tú de lo que interpretas”, dijo Bonil.

En un informe interno la Superintendencia de la Información mencionó que el caricaturista faltó a la verdad y contribuyó a la agitación social con su dibujo, aunque esto último es una percepción no probada. Bolívar Torres, intendente general jurídico del organismo, mantuvo la misma línea de argumentación durante la audiencia: “La caricatura induce a considerar que la actuación de la Fiscalía fue realizada con engaño y con violencia y esto afecta y deslegitima la acción de la autoridad”.

El funcionario citó el artículo 25 de la Ley de Comunicación que señala que los medios deben abstenerse de tomar posición sobre la inocencia o culpabilidad de las personas que están involucradas en una investigación legal o proceso judicial penal hasta que haya una sentencia firme. “Si se considera inapropiado la actuación de la Fiscalía, la Ley tiene vías para denunciar eso, pero los medios de comunicación no pueden pretender la inocencia o la culpabilidad de una persona”.

Ramiro García, abogado de Bonil, basó su defensa en que la caricatura es parte de la opinión y por tanto no está obligada a ser verificada, contrastada y contextualizada, como indica la Ley de Comunicación en su artículo 22. “Hay que diferenciar la información de la opinión; la información, entendida como reportajes o notas periodistas, tiene que ser con base en información verificada, no así la opinión, que tiene una estructura subjetiva. Pedir contrastación a una caricatura sería como pedir que uno cuente un chiste con citas bibliográficas”.

El abogado del diario El Universo, Pedro Valverde, pidió que se excluya al medio de este proceso porque en la página nueve del periódico se explica que las opiniones vertidas en la sección editorial son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe. “Diario Universo no tiene responsabilidad por el contenido de dicha caricatura, la columna de Bonil está atribuida a él”, dijo y añadió que al solicitar al medio que se haga responsable de las publicaciones y opiniones sería incurrir en "censura previa".

También mencionó que hay varios pedidos de inconstitucionalidad de la Ley de Comunicación y citó un ejemplo a propósito de la audiencia: “La Constitución no atribuye a las superintendencias competencias para administrar justicia, pero la Ley de Comunicación se salta este marco legal supremo”. Para terminar se quejó de la parcialidad del tribunal especial ante el que actuaban. “Este tribunal es juzgador y acusador, y ambos forman parte de una misma institución, la Superintendencia de Información y Comunicación”.

Tras la diligencia de este martes, el Superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, tiene que decidir si acepta o rechaza la acusación contra el caricaturista para dar paso al ámbito sancionatorio de la Ley de Comunicación. Según los plazos del reglamento que articula dicha ley, tiene hasta cinco días para emitir una resolución y comunicar a las partes. Los afectados no pueden impugnar lo que decida este tribunal especial.