Un informe acusa al régimen sirio de “torturas y asesinatos sistemáticos”

Nuevas revelaciones que certifican la barbarie de la represión que ejecuta con celo el Ejército sirio han vuelto a nublar los esfuerzos diplomáticos que este miercoles se dan cita en Suiza para buscar una salida diplomática a la guerra civil que dura ya casi tres años. Un exhaustivo informe jurídico ha acusado al régimen de Damasco de “torturas y asesinatos sistemáticos” a miles de detenidos en Siria. “Lo que tenemos delante es un ejemplo clásico de crímenes contra la humanidad. El Asad se ha convertido en una máquina de matar. Son asesinatos a escala industrial”, sostiene David Crane, uno de los tres juristas que firman el informe y el fiscal que procesó al presidente Charles Taylor de Liberia.

No es la primera vez que se producen acusaciones contra el Gobierno sirio, desde el estallido en 2011 de las revueltas en contra del régimen. Este documento se trata sin embargo, de la prueba documental más completa aportada hasta la fecha sobre las supuestas atrocidades. El informe lo publicaron inicialmente la cadena CNN y el diario The Guardian.

La información procede en su mayoría de un desertor de la policía militar siria, apodado César para proteger su identidad, y que fotografió a miles de cadáveres. Las imágenes de los cuerpos dejan escaso lugar a dudas. Hay cadáveres huesudos, muertos por evidente inanición. Se ven también cuellos marcados por algún tipo de soga que indican muerte por estrangulamiento y torsos con heridas que los investigadores atribuyen a torturas y palizas. En total, los investigadores han tenido acceso a 24.000 imágenes que César y otros sirios consiguieron sacar del país en un lápiz de memoria. Cada cuerpo aparece fotografiado entre cuatro o cinco veces, lo que eleva a 11.000 el número de detenidos muertos, según los cálculos de los investigadores.

El informe fue encargado por el Gobierno de Catar —que apoya la rebelión en contra del régimen de El Asad— a tres exfiscales del Tribunal especial para Sierra Leona y del Tribunal Especial Internacional para la ex Yugoslavia. En total son 31 páginas, que han sido entregadas a la ONU, gobiernos y organizaciones de derechos humanos. El hecho de que el trabajo esté financiado por un país como Catar, con una fuerte implicación en el conflicto no le resta para sus autores ninguna credibilidad. “Trabajamos de manera totalmente independiente y no hemos tenido ningún tipo de presión. Catar sólo nos pidió autentificar el material”, explica Goeffrey Nice, otro de los autores, el exfiscal del caso del expresidente yugoslavo Slobodan Milosevic. Sir Desmond de Silva, exfiscal jefe del tribunal especial para Sierra Leona es el tercer integrante del equipo de investigación. Un experto en imágenes digitales británico certificó la autenticidad de parte de las fotografías.

César, que trabajó 13 años para la policía militar, desertó a un tercer país y se entrevistó el pasado enero con los investigadores. Les detalló el elaborado procedimiento burocrático que ejecuta el Ejército cada vez que muere un detenido. César era el encargado de fotografiar los cuerpos. Por un lado, porque eso les permitía a los militares emitir un certificado de defunción sin que las familias accedan a los cuerpos. Y por otro, fotografiaban, porque las imágenes confirmaban que las órdenes de ejecuciones se habían cumplido. Tras morir en el centro de detención, los cuerpos eran trasladados a un hospital militar. Allí, César, junto a un doctor y a un jurista comenzaban su trabajo. El informante indicó que hubo días en los que fotografió hasta 50 cadáveres. Las causas oficiales de la muerte eran normalmente “ataques cardiacos” o “problemas respiratorios”. La gran mayoría de los cuerpos son de hombres jóvenes y aparecen desnutridos.

A cada detenido se le adjudicaba un número de referencia relacionado con el servicio de seguridad responsable de la detención y muerte. Ya en el hospital, se les atribuía otro número para falsear una defunción en el hospital. Una vez fotografiados, los cuerpos se enterraban en zonas rurales.

Los investigadores concluyen que las supuestas pruebas aportadas podrían sustentar acusaciones de crímenes de guerra y contra la humanidad.