Abogados piden el ‘impeachment’ de la gobernadora de Maranhão

Un grupo de abogados paulistas y marañenses registró en la Asamblea Legislativa de Maranhão una solicitud de impeachment (proceso de destitución) a la gobernadora Roseana Sarney (PMDB). La responsabilizan por el caos en el sistema penitenciario del Estado así como por la falta de seguridad y la violación a los derechos humanos que han alertado hace al menos seis años, cuando la Cámara de los Diputados abrió una Comisión Parlamentaria para investigar el sistema penitenciario. 

La solicitud de los abogados se analizará en febrero cuando acaben las vacaciones de los diputados estatales. La posibilidad de que se materialice el impeachment es casi nula, ya que 30 de los 43 parlamentarios de la Asamblea son de la base del Gobierno. Aliados que se han convertido en una verdadera tropa de choque del gobierno maranhense en los últimos días.

El lunes pasado, la Comisión de Derechos Humanos del Senado visitó el Estado, donde participó en varias reuniones con autoridades y representantes de organizaciones sociales. En casi todas participaron defensores del gobierno, que minimizaban el problema o que dificultaban el acceso a importantes áreas que deberían haber sido inspeccionadas por los senadores. Los senadores, por ejemplo, visitaron solo tres de las ocho prisiones del Complejo de Pedrinhas, donde decenas de presos fueron decapitados el último año. Los senadores no inspeccionaron el presidio más conflictivo, el centro de Detención Provisional. La justificación de uno de los miembros de la tropa del gobierno, el secretario Sebastião Uchoa, alegó que la presencia de los senadores en esa cárcel podría generar un motín por parte de los presos. Además, dos de los tres presidios visitados por los senadores se maquillaron, transfirieron presos a última hora y compraron colchones que antes no existían.

En un otro momento, el senador Lobão Filho (PMDB), que es hijo de un ministro de la presidenta Dilma Rousseff (PT) y aliado de la familia Sarney, se aproximó a la prensa que acompañaba la visita a Pedrinhas para hacer su análisis sobre la situación local. Dijo que las condiciones de los presos no eran las mejores, pero que en casos de crisis, los derechos humanos de los presos es lo último a tener en cuenta. “Si fuéramos a tratar de derechos humanos, la prioridad absoluta es en relación a las víctimas, a los familiares de los policías."

Un discurso parecido fue el que hizo el diputado federal Chiquinho Escórcio (PMDB) durante un encuentro con 50 miembros de ONGs de derechos humanos. “¿Por qué aquí nadie quiere oír a las familias de las víctimas de esos presos?”, cuestionó antes de ser abucheado por el público que llenaba un auditorio de la Defensoria Pública de Maranhão.

Así como el impeachment de Roseana Sarney no parece materializarse, la tendencia es de que la intervención federal en el Estado tampoco ocurra. El fiscal general de la República, Rodrigo Janot, ya dijo que pedirá la intervención, atendiendo a las solicitudes de ONGs y de los Consejos Nacionales de Justicia y de la Fiscalía. Pero, solo esa solicitud, si ocurriese, no significa en nada en la práctica. En 2008 la Fiscalía de la República también solicitó la intervención en el Estado de Roraima por el caos que reinó en el presidio de Urso Branco (Oso Blanco), donde había serias violaciones de derechos humanos. Hasta hoy ese caso no fue juzgado por el Supremo Tribunal Federal.

En conversaciones privadas, miembros de la Judicatura y de la Fiscalía dijeron a este periódico que ya hay una intervención velada en el Estado. La evaluación de dos jueces y cuatro fiscales es que la llegada del ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo a São Luís la semana pasada, ya demostró que la Unión asumió indirectamente las riendas en el Estado. Para ellos esa acción fue orquestada por la presidenta Dilma Rousseff para evitar un enfrentamiento con uno de sus principales aliados, el senador y expresidente José Sarney (PMDB), padre de Roseana.