La batalla sobre el alcalde de Bogotá revoluciona la vida política colombiana

Nuevo capítulo en el culebrón de la destitución del alcalde de Bogotá que está centrando la vida política colombiana hasta el punto de tocar a las negociaciones de paz con las FARC. Gustavo Petro, un exguerrillero, logró el pasado martes que su inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 15 años quede suspendida de momento, gracias a una decisión judicial que le da al menos 10 días de gracia.

La Procuraduría General, que en Colombia es el organismo que vigila la actuación de los servidores públicos, decidió en diciembre pasado tan drástica sanción por los fallos en la implementación de un nuevo esquema de limpieza en la capital colombiana en diciembre de 2012. Petro quitó en esa fecha los millonarios contratos de aseo a cuatro operadores privados, para entregárselos a una compañía pública distrital.

La decisión no era un capricho del regidor. Una sentencia de la Corte Constitucional obligaba a incluir a cientos de recicladores en el servicio de recogida de basuras. Sin embargo, el proyecto de Petro nació con graves problemas y poderosos detractores. Cuando se puso en marcha, la inexperiencia de la nueva empresa para asumir la limpieza de una ciudad de ocho millones de habitantes, provocó un caos mayúsculo de tres días y las basuras inundaron las calles.

Las quejas no se hicieron esperar y la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra Petro, un exguerrillero del M-19 que dejó las armas hace 25 años para hacer política y que en su momento fue uno de los congresistas más destacados por sus incisivas investigaciones que destaparon casos de corrupción y nexos de políticos con paramilitares. Desde hace casi un año, este líder de izquierda que llegó a la alcaldía de Bogotá con más de 700.000 votos, comenzó a recorrer el camino de su destitución.

La Procuraduría decidió imputarle cargos por “la falta de planificación y la constante improvisación” en la implementación del nuevo esquema de aseo. Y aunque por varias vías los abogados del alcalde intentaron frenar lo que se veía venir, finalmente, el 9 de diciembre pasado, el procurador Alejandro Ordóñez —un polémico funcionario que actualmente investiga al 90% de los alcaldes del país, según los medios colombianos— anunció la destitución e inhabilitación de Petro por 15 años, lo que significaría su muerte política.

La polémica no se hizo esperar. Petro calificó la decisión de Ordóñez como un “golpe de Estado”. La sanción fue tildada por muchos como desproporcionada y en el debate quedó el enorme poder que tiene el procurador para destituir a quienes han sido elegidos en las urnas. El castigo a Petro afecta incluso al proceso de paz con las FARC, ya que fue considerado como un mal mensaje para la confianza que busca generar el Gobierno en la guerrilla para que abandone las armas y apueste por la participación política. Petro llegó a advertir al presidente Juan Manuel Santos que lo que busca el procurador es atacar el proceso de paz.

Para acabar de completar el complejo panorama del alcalde, la Registraduría confirmó la realización de un referendo revocatorio de su mandato para el 2 de marzo, un proceso independiente al de la Procuraduría liderado por el representante a la Cámara Miguel Gómez, quien recogió cientos de miles de firmas con el argumento de que Petro está incumpliendo su programa de gobierno.

Pese a todo, el líder de izquierda ha logrado mostrar el peor momento de su carrera como una persecución de la derecha contra él y se ha ganado muchas muestras de solidaridad con su consigna de que hay que defender la democracia. Los seguidores de Petro se han movilizado (han llenado cinco veces la Plaza de Bolívar para rechazar la destitución) y su popularidad ha subido pese a que su su gestión estaba teniendo una baja aceptación.

Tampoco le arredra el envite del referéndum revocatorio porque está convencido de que el no ganará, ya que es casi seguro que se hunda por falta de participación. La ley exige en este caso participen 1.200.000 votantes.

En su estrategia por mantenerse en el poder el alcalde también ha recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la que ha pedido medidas cautelares que suspendan la sanción, algo que está a la espera de que suceda con urgencia, una vez que adquirió firmeza el pasado lunes. Así trataba de evitar que el presidente Santos diera cumplimento al fallo de la Procuraduría, nombrando un alcalde encargado y convocando elecciones.

Sin embargo, el Tribunal de Cundinamarca le dio oxígeno al ordenar suspender provisionalmente la sanción contra Petro, al admitir un recurso —de centenares que presentaron sus defensores— que afirma que se están violando los derechos de elegir y ser elegido. El Tribunal le pidió a Santos que no ejecute el fallo hasta que tome una decisión de fondo en los próximos 10 días.

Petro ha insistido a sus seguidores que se sigan movilizando, para que sean los bogotanos los que decidan su suerte. Por ahora, lo único seguro s que Petro sigue siendo su alcalde.