La violencia en las prisiones de Brasil causa una crisis nacional

La crisis en las prisiones de Maranhão se ha convertido hoy, oficialmente, en una crisis nacional. Ante la advertencia del Gobierno federal al Estado, al noreste de Brasil, el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, se reunió con la gobernadora Roseana Sarney (PMDB), y anunció un paquete de medidas de emergencia para intentar detener el caos en las prisiones. En un año, 62 personas han muerto asesinadas dentro de las cárceles brasileñas, varias de ellas han acabado decapitadas.

Las principales medidas son: controlar a 25 presos que lideran grupos criminales desde las  cárceles federales, la realización de un grupo judicial para analizar la situación de todos los detenidos del Estado, la creación de un instituto para dar asistencia psicológica a los familiares de los condenados y de otro más para capacitar los agentes responsables por la seguridad de los centros penitenciarios. Todas las acciones serán gestionadas por un comité estatal supervisado por el gobierno federal.

Después del encuentro, la gobernadora prometió hacer algo que, en cinco años de mandato, no ha conseguido: acabar con la sobrepoblación en las cárceles. El Estado tiene cerca de 5.400 detenidos en 2.200 celdas. Según la gobernadora, hasta el mes de diciembre, serán construidas cinco nuevas prisiones que podrán albergar a otros 2.800 presos.

Antes de encontrarse con la gobernadora, el ministro Cardozo se reunió con la presidenta Dilma Rousseff y también recibió una serie de recomendaciones del Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona. El consejo es un grupo de representantes del Estado y de la sociedad civil que evalúa las acciones tomadas por los gobiernos en derechos humanos y sugiere mejorías.

La conclusión de este grupo fue que las muertes en las prisiones estatales “representan las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en las cárceles brasileñas”.

En el encuentro de hoy, el ministro y la gobernadora también decidieron que la Fuerza Nacional (un grupo de policías de diversas unidades de la federación) gestionará hasta febrero la seguridad del complejo penitenciario de Pedrinhas, donde ocurrieron la mayor parte de las muertes, además de violaciones de mujeres y familiares de presos.

La presencia de Cardozo en São Luís, la capital maranhense, fue la manera que el Gobierno federal utilizó para atajar las críticas de que actuaba poco, así como para presionar a la gobernadora Sarney a endurecer su posición. 

Intervención federal

La prensa brasileña anunció que el procurador-general de la República, Rodrigo Janot, pediría la intervención federal en el Estado debido a la crisis. Un portavoz del procurador, sin embargo, informó que él aún no ha decididosu posición.

En la práctica, si hubiera una intervención en el Estado, la gobernadora perdería su autonomía y las decisiones serían tomadas por algún representante de la Unión elegido por la presidenta Rousseff, de quien Sarney y su padre, el senador y expresidente José Sarney, son aliados.

La intervención federal fue pedida por jueces y fiscales vinculados a los Consejos Nacional de Justicia y del Ministerio Público. Tres ONGs de derechos humanos también solicitaron la intervención.

La solicitud de intervención federal en casos de derechos humanos en presidios no acostumbra tener resultado en el Brasil. En 2008, por ejemplo, la Procuraduría General de la República pidió la intervención en el Estado de Roraima por cuenta del caos penitenciario en el presidio de Oso Blanco. En la ocasión, las autoridades y ONGs constataron varias afrontas a los derechos humanos. Casi seis años después, la solicitud no fue juzgado por el Supremo Tribunal Federal.