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La complicada entrada en vigor de la reforma sanitaria de Obama

Nuevas batallas legales coinciden con la aplicación de los principales apartados de la ley

Dos ciudadanos de Miami reciben asistencia para contratar un seguro médico.
Dos ciudadanos de Miami reciben asistencia para contratar un seguro médico. AFP

La reforma sanitaria del presidente Obama se enfrenta con el comienzo de año a nuevos desafíos, coincidiendo con la entrada en vigor de sus principales apartados. Apenas unas horas antes de la llegada de 2014, una juez del Tribunal Supremo ponía en suspenso la provisión que obliga a las empresas a proporcionar a sus empleadas pólizas que cubran el coste de tratamientos anticonceptivos.

La decisión de la juez Sonia Sotomayor coincidía con un momento histórico para Estados Unidos, cuando cerca de seis millones de personas podrían contar con un seguro por primera vez, y se une a la larga lista de desafíos económicos, legales y políticos a los que se ha enfrentado la legislación desde sus inicios.

El 1 de enero era la fecha designada para la implementación de algunas de las secciones más populares de la legislación, convertida ya en el sello del presidente Obama. A partir de este miércoles, las aseguradoras no pueden negar cobertura a un enfermo por tener condiciones médicas preexistentes, una medida que afecta a 129 millones de pacientes, según la Casa Blanca. Tampoco podrán poner límites al gasto por paciente ni cobrar más a una mujer que a un hombre por la misma póliza.

La Casa Blanca ha anunciado que más de dos millones de estadounidenses que han contratado esas pólizas a través del nuevo mercado de seguros, una vez superados los fallos técnicos de la página web donde se pueden contratar. Entre otras consecuencias, seis de cada 10 ciudadanos que carecen de seguro hasta ahora podrán contratar uno por menos de 100 dólares. Se espera que cientos de miles de personas se beneficien también de la ampliación del programa federal Medicaid, para ciudadanos sin recursos.

A partir del 1 de enero, las aseguradoras no pueden negar cobertura a un enfermo por tener condiciones médicas preexistentes

Pero lejos de celebrar estas cifras, la Administración Obama deberá preparar antes de este viernes una respuesta oficial a la decisión de la juez Sonia Sotomayor. A partir de entonces, el mandato puede ser anulado para que el caso avance en otros tribunales o, como explica el diario The New York Times, puede provocar que el Supremo acepte estudiarlo de manera inmediata.

La demanda presentada por el grupo Little Sisters of the Poor, una ONG que dirige una residencia de ancianos en Denver (Colorado), es una de las varias docenas de querellas contra el Gobierno federal por el apartado de la reforma que obliga a las empresas a proveer seguros que cubran el gasto de tratamientos como anticonceptivos y otras medidas preventivas. Desde su aprobación, organizaciones y empresas afiliadas a grupos religiosos han alegado que el Gobierno les obliga a actuar en contra de sus creencias.

Poco antes de que se pronunciara la juez Sotomayor, el arzobispo Joseph Kurtz de la Conferencia de Obispos Católicos, lamentó en una misiva enviada al presidente Obama que la legislación “castiga dura y desproporcionadamente a quienes quieren facilitar cobertura médica que defiende la vida y de acuerdo con las enseñanzas de su fe”.

Los demandantes alegan además que se enfrentan a penalizaciones económicas que pueden poner en peligro su sostenibilidad. La clave de la reforma sanitaria radica en que los ciudadanos están obligados a contratar un seguro médico para no pagar una tasa en su próxima declaración de impuestos. Las empresas que los proporcionen directamente a sus empleados deberán garantizar además que las pólizas cubren el coste de tratamientos anticonceptivos. Si los grupos religiosos se niegan a hacerlo, deberán pagar una multa.

Planned Parenthood, una coalición de organizaciones que proveen cuidados médicos a millones de mujeres estadounidenses, respondió sin embargo que la aplicación de la ley debe seguir adelante. “Los grupos religiosos ya están exentos de pagar anticonceptivos a sus empleadas si consideran que viola su misión religiosa”, afirmó su presidenta, Cecile Richards, en un comunicado. “Esta excepción garantiza que las mujeres pueden acceder a anticonceptivos, independientemente de dónde trabajen, a la vez que responde a las preocupaciones de los religiosos”.