La próxima ejecución de un mexicano en Estados Unidos traspasa la frontera

El número 999130 ha marcado la vida del mexicano Edgar Tamayo Arias durante los últimos 19 años. Así lo identifica el sistema carcelario de Texas desde que asesinó al policía Guy Gaddis en 1994. Su historia tendrá un final el próximo 22 de enero con su ejecución por inyección letal, una decisión que el Estado no está dispuesto a reconsiderar.

Tres son las balas que Tamayo metió en la cabeza de Gaddis, de tan sólo 24 años. 61 es el número de su coeficiente intelectual -lo que se considera extremadamente bajo- y 31 son los días que le quedan para enfrentar la pena de muerte.

Tamayo, quien ahora tiene 46 años, fue detenido por Gaddis en 1994 luego de perpetrar un robo, pero mientras era transportado a la cárcel atacó al policía con un arma y escapó, luego fue encontrado a un par de cuadras de distancia del lugar del crimen. Previamente estuvo detenido desde 1991 a 1993 en California por robo.

Su abogada, Sandra Babcock, del Centro Internacional para los Derechos Humanos se reunió con él a mediados de diciembre. En su opinión, Tamayo comprende su situación actual. “Sabe que tiene un día de ejecución. La prisión te obliga a decidir quién deseas que esté presente, qué quieres que se haga con tu cuerpo, posesiones, te fuerzan a enfrentar el hecho de que vas a morir”.

Babcock explicó que desde 1994 Tamayo ha esperado su muerte. “Siempre pregunta mucho por sus padres. Teme que sea devastador para ellos. Piensa que si es ejecutado, al menos ya no estará más en prisión”, aseguró. El estado de Texas tiene hasta ahora siete personas en fila para la inyección letal en 2014. 

El caso Tamayo cuenta con varios elementos controversiales. Grupos en contra de la pena de muerte, como Texas Death Penalty Education and Resource Center, han centrado el debate en su coeficiente intelectual para modificar su sentencia a cadena perpetua. En 2002, en el caso “Atkins versus Virginia”, la Corte Suprema prohibió la ejecución de un reo incapacitado mentalmente y dejó a los estados la responsabilidad de definir la discapacidad mental.

Texas se ha caracterizado por no ceder en las ejecuciones de personas con bajo coeficiente intelectual. En 2012 ejecutó a Marvin Wilson, de 54 años, que tenía un coeficiente de 61.

Un problema para la relación con México

Al hablar sobre el caso Tamayo se nota cierta molestia en la voz de funcionarios consulares mexicanos. “No hemos tenido ningún tipo de revisión y creemos que la falta de asistencia consular sí tuvo un impacto en su veredicto”, explicó Víctor Uribe, consejero sobre asuntos legales de la embajada de México.

Como ciudadano mexicano, Tamayo tenía derecho a recibir ayuda consular cuando fue detenido, pero nunca fue informado de este derecho garantizado por el Artículo 36 de la Convención de Viena Sobre Relaciones Consulares.

El consulado se enteró una semana antes del inicio de su juicio y no hubo oportunidad de realizar las gestiones necesarias. “Una vez que el gobierno de México tuvo conocimiento de la situación le proporcionó la asistencia legal, contrató investigadores y determinó que Tamayo sufre de retraso mental. El problema es que para cuando se tenía esa evidencia, el juicio ya había ocurrido, entonces no hubo oportunidad de considerar esta defensa tan importante”, dijo Uribe.

Tamayo y otros 51 mexicanos detenidos en Estados Unidos se agruparon en el “caso Avena”, presentado ante la Corte Internacional de Justicia. El tribunal determinó en 2004 que las cortes estadounidenses deben revisar el proceso y sentencia de los ciudadanos mexicanos para determinar si la asistencia consular hubiera hecho alguna diferencia en sus fallos. El gobierno de Estados Unidos se comprometió a cumplir con este veredicto, pero no lo ha hecho.

El Secretario de Estado John Kerry envió una carta al gobernador Perry en septiembre de 2013 pidiendo que reconsidere su postura. El caso, dice Kerry, puede impactar “la forma en que ciudadanos estadounidenses son tratados en otros países... Esto es de particular relevancia para nuestra relación bilateral con México”, escribió.

Claman por cambios

Esta semana diversas organizaciones y personalidades públicas se unieron al llamado para que un tribunal federal tenga la posibilidad de revisar el caso de Tamayo.

El Reverendo Gabriel Salguero, presidente de la Asociación Nacional de Iglesias Evangélicas Latinas -que representa a más de 3,000 congregaciones en Estados Unidos- señaló que “la seguridad de miles de estadounidenses que sirven a su fe cristiana en el extranjero se encuentra claramente en peligro si Tamayo es ejecutado, sin antes recibir una revisión completa y justa de la violación de los derechos consulares en su caso”.

Sarah Shourd, una estadounidense que fue detenida por soldados iraníes en 2009 y encarcelada durante 410 días, también se unió al llamado para revisar el caso de Tamayo a través de una carta. “Temo que si Estados Unidos no cumple plenamente sus obligaciones bajo los tratados consulares, luego otros países seguirán su ejemplo. Eso sería un desastre para muchos ciudadanos estadounidenses vulnerables que se encuentran detenidos en un país extranjero como lo estuve yo. Ejecutar al señor Tamayo sentaría un precedente terrible y mortal”, escribió.

Solicitud de clemencia

La defensa legal de Tamayo ha presentado una solicitud de clemencia ante la Junta de Perdones y Libertad Condicional de Texas además de una petición para aplazar la ejecución al gobernador Perry.

“Si no se puede lograr que el gobernador posponga o cancele la pena de muerte en este caso, entonces el siguiente recurso son las cortes. Haremos todo simultáneamente. Usualmente la junta anuncia su decisión dos días antes de la ejecución. Le pediremos a los tribunales que revisen el caso”, explicó Babcock.

Hasta ahora la respuesta de las cortes ha sido que los derechos a los que Tamayo tenía beneficio expiraron, ya que los abogados no los hicieron valer. Toda la evidencia que se obtuvo después de su veredicto, no se considera válida.