La Ley de Defensa de EEUU incluye los crímenes sexuales en el Ejército

El Congreso de Estados Unidos ha pasado cada año desde la Administración Kennedy una Ley de Defensa, pero sin lugar a dudas la de este ejercicio (el 52º) ha sido la más peleada y tortuosa que se recuerda en el Capitolio. Con un voto de 84-15, el Senado aprobaba finalmente el jueves por la noche una ley que planta batalla a los asaltos sexuales dentro de las filas militares y obliga al Pentágono a revisar su posición frente a estos y las violaciones cometidas dentro del estamento. La Cámara pasó la legislación de manera abrumadora la semana pasada.

En los últimos años, estos crímenes han aumentado de forma alarmante –o se han dado a conocer-. El departamento de Defensa estima que al menos 26.000 personas fueron asaltadas o violadas el año pasado. Pero solo una fracción de esa cifra llega a ser conocida, ya que solo 3.000 casos han sido denunciados a la policía militar o han llegado a manos de los fiscales.

La Casa Blanca ha mostrado su apoyo a la legislación, que dota al Pentágono con más de 550.000 millones para gastos de defensa, entre ellos 81.000 para operaciones en el extranjero, incluida la retirada de las tropas de EEUU en Afganistán. La legislación también autoriza un incremento del 1% en la paga de los miembros en activo y establece otros beneficios para las fuerzas de combate.

La legislación dota al Pentágono con más de 550.000 millones para gastos de defensa, entre ellos 81.000 para operaciones en el extranjero

Pero un año más, la ley bloquea cualquier intento de la Administración Obama de transferir a Estados Unidos a los sospechosos de terrorismo encerrados en la base naval militar de EEUU en Guantánamo, en Cuba, lo que sigue posponiendo el objetivo del presidente de cerrar la polémica instalación. Sin embargo, la nueva legislación otorga cierta flexibilidad a Obama para poder transferir a casi la mitad de los presos a terceros países –en la actualidad hay en Guantánamo 158 reos-.

Este año, la ley cuenta con una provisión de fondos para destruir las armas químicas de Siria y otorga dinero para estudiar la viavilidad de establecer un sistema de defensa de misiles en la costa Este norteamericana.

Pero sin duda, el aspecto más importante de la ley es el referido a los asaltos sexuales, lo que supone una gran victoria para las mujeres que sirven en el Ejército y para el cada vez mayor número de mujeres que forman el Congreso, quienes lucharon por reformar el Código de Justicia Militar.

La reforma quita a los comandantes el poder de revocar sentencias; elimina el periodo de cinco años en el que caducaban los delitos sexuales; y establece una guía de sentencias mínimas para quienes sean encontrados culpables de crímenes sexuales

La senadora Clair McCaskill (demócrata de Misuri) -quién abogó por mayores cambios pero que no han sido incluidos en la ley final- ha dicho que la legislación supone “una gran victoria” para las víctimas de asaltos sexuales pero ha añadido que todavía no se ha llegado a la línea final de meta. “En los meses y años que están por llegar habrá que estar vigilantes de que esta histórica reforma se cumpla con efectividad”, ha declarado la senadora.

La reforma quita a los comandantes el poder de revocar sentencias; elimina el periodo de cinco años en el que caducaban los delitos sexuales; y establece una guía de sentencias mínimas para quienes sean encontrados culpables de crímenes sexuales.

La nueva legislación, sin embargo, no incluye una propuesta que fue polémica durante su debate y que defendió Kirsten Gillibrand, senadora demócrata por Nueva York. Gillibrand pidió que se concediera a las víctimas de crímenes sexuales dentro del Ejército una vía independiente fuera de la cadena de mando para que se juzgara a sus atacantes, despojando de autoridad a los comandantes. Tanto el Pentágono como varios legisladores se opusieron a la medida.

El tema de la ley y los asaltos sexuales alcanzó una cumbre nunca antes subida cuando el pasado mes de junio altos mandos de la Armada, la Marina, la Fuerza Aérea; el Cuerpo de Marines; y los Guarda Costas comparecieron de forma conjunta ante el Comité de Servicios Armados del Senado para enfrentar un duro interrogatorio sobre lo que muchos han descrito como “una epidemia dentro del Ejército”. Entonces, la senadora Gillibrand sugirió que tanto el sexismo como la ignorancia intencionada habían contribuido a que el problema tuviera las dimensiones que ahora tiene.

“No todos los altos mandos están de acuerdo en que haya mujeres sirviendo en el Ejército”, dijo la senadora. “No todos los comandantes saben distinguir entre lo que es un cachete en el trasero y una violación porque mezclan todo”, finalizó.