Venezuela busca limitar en la prensa las noticias sobre inseguridad

Este martes se conoció en Caracas que la Fiscalía General de Venezuela ha solicitado a un juez que prohíba al diario El Universal de la capital venezolana seguir cubriendo informaciones sobre crímenes e inseguridad. De acuerdo a los representantes del ministerio público, el medio habría incurrido en violaciones de las normas de protección a los menores de edad y contribuido a generar “desestabilización en la población venezolana” al publicar en su portada del pasado 20 de noviembre la fotografía del cadáver, yaciente sobre la vía pública, de un ciudadano que había sido asesinado.

La imagen no mostraba el cuerpo de la víctima sino uno de sus brazos. El fallecido era Lobsang Rodríguez, un ingeniero de 28 años que trabajaba para la filial en Venezuela de un laboratorio farmacéutico alemán. Rodríguez fue secuestrado la noche del 18 de noviembre a las afueras de Caracas por miembros de una banda delictiva que pretendían cobrar rescate mediante la modalidad de secuestro express, un tipo de delito muy extendido en las ciudades venezolanas. Poco después, sin embargo, en una calle de la urbanización La Florida (noreste de Caracas), una comisión de la policía interceptó a los captores que, al recibir la voz de alto, iniciaron un intercambio de disparos. En medio del tiroteo, según la versión oficial de la policía, el rehén habría intentado escapar pero una bala lo alcanzó para cobrar su vida.

El cadáver pasó varias horas en la calle a la espera del levantamiento legal. Allí lo captó un reportero gráfico de El Universal, cabecera que utilizó la imagen para abrir su edición del día siguiente. La instantánea, aunque con claro propósito informativo, intentaba hacer una composición artística del desgarrador escenario y se limitaba a incluir en su encuadre el brazo extendido de la víctima junto al hilo de sangre que corría en paralelo sobre el asfalto.

La inseguridad es uno de los principales azotes que aquejan a una sociedad venezolana y, de por sí caótica. Los índices de muertes por asesinato en el país están entre los más altos del mundo y constituyen una constante preocupación para los ciudadanos, según revelan los estudios de opinión. En la medida que amenaza con pasar a ser un reclamo social con incidencias políticas, el Gobierno de Nicolás Maduro –como antes, el de Hugo Chávez- toma nota del problema del crimen aunque, según se muestra incapaz o poco dispuesto para controlarlo, va prefiriendo restringir la difusión de noticias sobre ese tema.

A la publicación de El Universal respondió el propio presidente Maduro, quien la criticó con acritud. El ministro del interior, Miguel Rodríguez Torres –militar, responsable de la seguridad pública-, afirmó que la foto "merece indudablemente una acción legal (…) y vamos a hacer toda la fuerza necesaria para que esto ocurra".

Así que, el 27 de noviembre, los fiscales Carolina González y Ramón Liscano presentaron ante el Tribunal 11 de Protección de Niños y Adolescentes un escrito en el que solicitaron una sanción financiera contra el diario. La multa, de ejecutarse, equivaldría al uno o dos por ciento de las ventas brutas completadas por el medio durante el año 2012. Además, piden que se prohíba a El Universal “la publicación de imágenes, informaciones y publicidad de cualquier tipo, con contenido de sangre, armas, mensajes de terror, agresión física, imágenes que utilicen contenidos de guerra y mensajes sobre muerte y decesos que puedan alterar el bienestar psicológico de los niños".

A pesar de que en la estructura institucional del Estado venezolano figura como parte de otros poderes, la Fiscalía General de Venezuela está de facto subordinada al Ejecutivo. Su titular, Luisa Ortega Díaz, ya propuso en agosto de 2010 ante la Asamblea Nacional una pretendida Ley de delitos Mediáticos para coaccionar al periodismo independiente. La iniciativa naufragó pronto frente a las protestas de organizaciones gremiales y de defensa de la libertad de expresión, tanto locales como internacionales. Pero eso no impidió que, después, funcionarios de la Fiscalía obtuviesen de diversos tribunales medidas de silenciamiento de medios opositores. Un ejemplo claro se dio en 2011, cuando un juez impidió temporalmente a los diarios capitalinos El Nacional y TalCual publicar fotos de la sección de sucesos –la denominación local de la cobertura de crímenes y judiciales- después de que mostraran en sus respectivas primeras páginas imágenes del desbordamiento de cadáveres en la principal morgue de Caracas.

La medida parece formar parte de una embestida general contra los medios, cada vez más arrinconados por el Gobierno de Maduro. Plataformas informativas como la televisora Globovisión - con nuevos dueños desde mediados de año - y Noticias24, el mayor agregador de noticias en línea, han virado sus líneas editoriales recientemente para destacar las notas favorables a las autoridades gubernamentales.

Hace pocos días, el presidente de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, Julio Chávez, diputado del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), dio a conocer que la bancada chavista se propone discutir y aprobar desde enero próximo una nueva Ley de Comunicación y Periodismo. El texto unificaría los controles y sanciones previstos en diversas normas ya vigentes –como las leyes de Responsabilidad Social de Radio y TV o la de Comunicación Popular- para regular el flujo informativo.

El Universal, fundado en 1909, es uno de los diarios más antiguos de Venezuela. Se le tiene por un medio de oposición, y no con poca frecuencia los presidentes Chávez y Maduro han fustigado en público a su editor, Andrés Mata, que vive en Estados Unidos. El medio acaba de lanzar un canal de televisión por Internet, eutv.com, cuya programación ha alojado a muchos de los periodistas excluidos de Globovisión, el canal que servía como punta de lanza de la oposición, tras cambiar de dueños.