Selecciona Edición
Iniciar sesión
TRIBUNA

Corrupción, independencia judicial y libertad de prensa

Argentina, Venezuela y Ecuador coinciden en una cosa: sus gobiernos han reforzado su poder con impunidad judicial y bloqueando la existencia de voces que los investiguen

Pocos días atrás el Tribunal de Enjuiciamiento de Fiscales en la Argentina decidió suspender al fiscal José María Campagnoli, luego de un pedido por parte de la Procuradora General de la Nación. Campagnoli se encontraba investigando uno de los escándalos de corrupción más grandes y documentados de la historia del país. Este abuso del gobierno de Cristina Fernández sobre el poder judicial es sólo uno de múltiples intentos de su gobierno por controlar la justicia del país, y se encuentra en línea con lo que ocurre en otros países vecinos, tales como Venezuela y Ecuador.

Si a las amenazas a la independencia del poder judicial se le suman los permanentes intentos de estos gobiernos para silenciar la prensa libre, llegamos a una conclusión obvia pero muchas veces olvidada: La única manera que estos gobiernos tienen para permanecer en el poder, dejando impunes sus actos de corrupción, es con una prensa silenciada, y una justicia a su disposición.

En Venezuela, Hugo Chávez se aseguró poco a poco de ir eliminando todo medio de comunicación independiente. Primero a través de una alianza implícita con el empresario Gustavo Cisneros, propietario de Venevisión; luego con el cierre de RCTV y de cientos de señales de radio; y más recientemente, a través de la compra de medios por parte de “empresarios” afines al gobierno. Resaltan el caso del banquero Víctor Vargas, principal nombre detrás de la compra del diario Últimas Noticias, o del empresario Raúl Gorrín, nuevo dueño del canal de televisión Globovision.

A nivel judicial, quizás la señal más fuerte del gobierno de Chávez fue el meter presa a la Jueza María Lourdes de Afiuni durante más de 5 años, sencillamente por haber acatado una resolución de Naciones Unidas que pedía por la liberación de un preso político. Hoy el sistema judicial en Venezuela no existe, si no que esta al servicio de la corrupción y el crimen organizado.

En Ecuador, Rafael Correa utilizó una estrategia más elaborada. Para acabar con la libertad de prensa, comenzó por expropiar dos de los canales de televisión más importantes del país, pertenecientes a la familia Isaías. Si bien prometió venderlos rápidamente, hoy, 5 años después, los canales no sólo continúan en manos del gobierno sino que constituyen las principales vías de publicidad oficial. Así mismo, la Asamblea nacional controlada en su amplia mayoría por el partido oficialista, aprobó una ley de medios de comunicación que criminaliza a quien opina diferente, obligando a cada periodista a contrastar con el propio gobierno cada pedazo de información, eliminando así el periodismo de investigación.

Correa también se aseguró el control de los jueces. Lo hizo llamando a un referendo constitucional que eliminó al anterior sistema de justicia, reemplazándolo por uno nuevo, el cual es administrado por un consejo de la judicatura que se encarga de la selección y suspensión de jueces. Todos los miembros de este consejo de la judicatura son ex funcionarios de su gobierno. De este modo, Correa utiliza el sistema judicial para perseguir y amenazar a los periodistas que intentan investigarlo o los opositores que se atreven a criticarlo; y también para proteger a sus colegas ante eventuales investigaciones judiciales de corrupción.

En Argentina, el gobierno desarrolló por un lado una estrategia de captación de influencias con la cual se le exigía a empresarios afines a que compren medios de comunicación, a cambio de asegurarse una posición privilegiada a la hora de participar en diferentes licitaciones del Estado, o alternativamente, para evitar visitas “espontáneas” de la agencia recaudadora de impuestos. Ejemplos son el caso del empresario Kirchnerista Cristóbal López, quién hace no mucho tiempo compro el canal de noticias C5N; o el Grupo Vila-Manzano, hoy totalmente dedicado al proselitismo “K”.

Por otra parte, se aprobó en 2009 una ley de medios diseñada exclusivamente para desintegrar al principal grupo de medios del país, Grupo Clarín. Luego de varios años de pelea, la Corte Suprema, a través de una sentencia polémica acabó por declarar constitucional esta ley. Pero lo que agravó la situación fue que dicha sentencia fue anunciada solo dos días después de las últimas elecciones legislativas en las cuales el gobierno había perdido abruptamente. Ninguna corte independiente se hubiese prestado a tal manipulación.

La relación corrupción-justicia-medios también se hizo evidente en el país durante la investigación de grandes casos de corrupción. Durante el último año, la poca prensa independiente que queda en la Argentina logró documentar, quizás como nunca antes, hechos de corrupción como el que involucra al actual Vicepresidente Amado Boudou, o al contratista de obra pública amigo de la familia Kirchner, Lázaro Báez. Si bien la evidencia de estos casos es abrumadora, los mismos se encuentran paralizados en la justicia, este último en manos de un polémico juez de nombre Sebastián Cassanello. Como se dijo anteriormente, el gobierno también se encargo de suspender al fiscal que llevaba adelante la investigación.

Para que la corrupción sea efectiva, el funcionario electo necesita tres cosas: continuidad en el poder, impunidad judicial, y la inexistencia de voces que lo investiguen. Son estos justamente los pilares sobre los cuales se basa la destrucción de la democracia en estos países.

@Ezequielvazquez | www.ezequielvazquez.com

Más información