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México prepara la apertura del sector energético a la inversión extranjera

El Gobierno y la derecha acuerdan un texto repudiado por los partidos de izquierda

Un hombre protesta por la reforma, frente al Senado.
Un hombre protesta por la reforma, frente al Senado. AP

El Senado mexicano comenzó a discutir la mañana de este domingo la reforma energética, una histórica serie de modificaciones constitucionales que permitirán, de ser aprobadas, la inversión privada y extranjera en el sector energético y de los hidrocarburos. El documento analizado por los senadores fue redactado por los partidos Revolucionario Institucional (PRI, en el Gobierno) y Acción Nacional (PAN, de derechas), quienes cuentan con la mayoría en el Congreso. La izquierda ha descalificado el dictamen y optado por la movilización popular, que crece a las afueras del recinto legislativo.

La discusión en el Senado comenzó por fin este domingo después de que la presentación del dictamen se pospusiera en tres ocasiones. Los senadores del PAN y el PRI no habían llegado a un acuerdo sobre algunos de los puntos sustanciales de la reforma. El consenso llegó el sábado por la mañana. El resultado es un documento con una propuesta mucho más ambiciosa de la que presentó el presidente Enrique Peña Nieto en agosto pasado, que solo que contemplaba los contratos de utilidad compartida para asegurar la propiedad de los hidrocarburos al país. La iniciativa prevé la modificación de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución y establece que el Gobierno mexicano podrá celebrar contratos de servicios, de utilidad y producción compartida, así como de licencias con compañías del ramo energético, y que será el Estado quien decida el tipo de contrato que se hará con estas empresas y la forma en la que serán compensados. El proyecto es un desafío abierto a la izquierda, que desde el inicio de las negociaciones dejó muy claro que no apoyaría un texto que modificara la Constitución.

Las compañías que participen en la extracción de hidrocarburos en México, señala el texto, podrán reportar los beneficios que esperan obtener de sus negocios energéticos en el país en sus estados contables, siempre y cuando quede establecido que estos hidrocarburos son propiedad de la nación. De hecho, la reforma al artículo 27 de este borrador lo sostiene: “En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos”, dicta el texto.

Las deliberaciones de este domingo se llevan a cabo bajo estrictas condiciones de seguridad. Miles de policías formados delante de vallas metálicas de dos metros de alto resguardan las instalaciones del Congreso. En el interior del Senado, los partidos políticos hicieron hoy públicas sus posturas y dibujaron el tono del debate que imperará en los próximos días. Manuel Bartlett, un político de 77 años que militó más de 40 en el PRI, hoy en el Partido del Trabajo (PT, de izquierda), señaló que los senadores que apoyen la reforma “van a traicionar a la patria” porque “quien actúa para beneficio de las empresas extranjeras es un traidor”. La apertura de la industria de los hidrocarburos es un tabú de la izquierda mexicana, que mantiene a la expropiación petrolera de 1938, cuando el presidente Lázaro Cárdenas expulsó a las trasnacionales extranjeras del territorio, como uno de sus referentes históricos.

La izquierda, que también presentó una propuesta de reforma energética en el que no se modificaba la Constitución, ya hizo público su desacuerdo. “Rechazamos esta mal llamada reforma energética”, dijo Dolores Padierna, vicecoordinadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD, de izquierdas). Los senadores del PRD esbozaron los puntos por los que la izquierda se opone al texto presentado. Padierna asegura que esta reforma “entrega el petróleo a empresas trasnacionales”, incrementará los precios del gas y gasolina, viola la soberanía mexicana. El presidente del partido, Jesús Zambrano, declaró que “van a venir días de mucha tensión” y llamó a los simpatizantes del partido a manifestarse en contra de la privatización del petróleo. Con este llamado se espera que cobre fuerza el cerco popular que el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), el ala más radical de la izquierda ha levantado desde el miércoles pasado. El líder de este movimiento, Andrés Manuel López Obrador, excandidato presidencial en dos ocasiones por el PRD, ha estado ausente de la protesta después de sufrir un infarto el pasado martes.

José Orihuela, senador del PRI, aseguró que la producción petrolera en México ha caído 30 por ciento en los últimos años y que de no aprobar la reforma el país “se convertiría en importador de energías en poco tiempo”. “Ya no es hora de mirar atrás para buscar agravios”, ha dicho el senador integrante de la comisión de Energía, una de las tres que estudian el texto. El PAN subrayó que la propuesta consensada con el PRI “mantiene la propiedad del Estado sobre los hidrocarburos”, y que “la renta petrolera será propiedad de la nación en su totalidad” y que “solo pagará a las compañías extranjeras por “los trabajos que realicen”.

La discusión en las comisiones se llevará a cabo este domingo y el lunes. Se prevé que el pleno del Senado, compuesto por 128 senadores, vote la reforma el jueves. El PRI, PAN y sus aliados suman 100 senadores. Ésta reforma es la última contemplada en el Pacto por México, un histórico acuerdo entre los principales partidos políticos que ha dado al país trascendentales reformas en materia fiscal, de educación y telecomunicaciones. Con la reforma energética el presidente Enrique Peña Nieto se juega el todo por el todo en la última negociación solo de la mano del PAN y sin el apoyo del PRD, que fue parte fundamental del acuerdo. La historia política de México podría cambiar en los próximos días.

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