México discutirá una reforma energética más aperturista

El Senado mexicano ha propuesto abrir de manera histórica el sector energético del país a través de la celebración de contratos de producción compartida y licencias con la iniciativa privada. Los legisladores de las comisiones unidas de Energía y Puntos Constitucionales de la Cámara Alta han publicado este sábado el primer borrador de la reforma energética para modificar la Constitución y permitir, por primera vez desde 1938, la participación de los inversores particulares en la exploración y extracción de petróleo en México. Su iniciativa es más arriesgada que la propuesta hecha por el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, en agosto.

El borrador de reforma de los senadores contempla la modificación de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. El proyecto establece que el Gobierno mexicano podrá celebrar contratos de servicios, de utilidad y producción compartida, así como de licencias con compañías del ramo energético, y que será el Estado quien decida el tipo de contrato que se hará con estas empresas y la forma en la que serán compensados.

“Entre otras modalidades de contraprestaciones, deberán regularse las siguientes: I) en efectivo, para los contratos de servicios; II) con un porcentaje de la utilidad, para los contratos de utilidad compartida; III) con un porcentaje de la producción obtenida, para los contratos de producción compartida; IV) con la transmisión onerosa de los hidrocarburos una vez que hayan sido extraídos del subsuelo, para los contratos de licencia, o V) cualquier combinación de las anteriores”, refiere el texto que ha sido difundido en la página web del Senado mexicano.

El documento señala que las compañías que participen en la extracción de hidrocarburos en México podrán reportar los beneficios que esperan obtener de sus negocios energéticos en el país en sus estados contables, siempre y cuando quede establecido que estos hidrocarburos son propiedad de la nación. De hecho, la reforma al artículo 27 de este borrador lo sostiene: “En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos”, dicta el texto.

Este borrador es más ambicioso que la iniciativa de reforma energética que el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, había entregado a los legisladores en agosto. Entonces, el mandatario sólo incluía la participación de la iniciativa privada a través de contratos de utilidad compartida, algo que no agradó del todo a los inversores ni al Partido Acción Nacional (PAN, de derecha). La inclusión de otro tipo de contratos más arriesgados en el proyecto de reforma ha sido el resultado de las negociaciones que el partido del presidente, el Revolucionario Institucional (PRI), ha sostenido con el PAN en las últimas semanas y por medio de las que busca un consenso para sacar adelante la reforma, ya que ambos partidos reúnen los votos necesarios para aprobarla.

El proyecto de reforma ha tenido una presentación pública difícil. La izquierda mexicana, representada principalmente por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), ha acusado al PRI y al PAN de negociar en la oscuridad el borrador, de impedir mostrarlo al resto de los partidos políticos con antelación, así como de violar los procedimientos legislativos para su análisis. La senadora perredista Dolores Padierna rechazó el proyecto presentado y señaló que “anula la nacionalización y pretende entregar el petróleo a los extranjeros”, según recoge la prensa mexicana. Además, los simpatizantes del opositor y dos veces candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, se han presentado en la sede del Senado para bloquear los accesos y dificultar la llegada de los legisladores al recinto para impedir que la reforma energética salga adelante.

Tanto la administración de Peña Nieto como Petróleos Mexicanos han hecho énfasis en que la situación de la petrolera estatal es crítica y que la inversión privada es urgente para sacar provecho de los recursos energéticos con los que cuenta el país. El borrador de reforma energética estima la creación de un fideicomiso llamado Fondo Mexicano del Petróleo que bajo la tutela del Banco Central de México se encargaría de “administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y contratos (…) con excepción de los impuestos”.

Este proyecto será discutido por los senadores en los próximos dos días y podría llegar al pleno esta misma semana para ser votado. El senador David Penchyna, presidente de la Comisión de Energía, ha estimado que la Cámara Alta apruebe la iniciativa con suficiente tiempo para que la Cámara de Diputados la vote antes del 15 de diciembre, el último día del periodo legislativo. La izquierda ha pugnado por que la discusión de esta reforma sea en el próximo periodo que comienza en febrero.