El Tribunal Supremo de EE UU rechaza bloquear la ley del aborto de Texas

El Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió ayer martes no bloquear la ley del Aborto de Texas, una de las más restrictivas del país, y que ha dejado al Estado sin un tercio de las clínicas que facilitan la interrupción del embarazo, según los opositores a la regulación. Con cinco votos en contra y cuatro a favor, los nueve jueces que forman el Alto Tribunal sentenciaron dejar la norma en vigor, lo que requiere que los facultativos que realicen los abortos cuenten con la afiliación de un hospital que esté situado a menos de 48 kilómetros.

La portavoz de la Fiscalía General del Estado de Texas, Lauren Bean, celebró la posición del Tribunal Supremo y consideró, en un comunicado, que las regulaciones del aborto son "de sentido común y perfectamente constitucionales", según EFE.

La mitad más conservadora del Tribunal Supremo rechazó la demanda interpuesta por Planned Parenthood y varias clínicas por la que recurría una orden federal que permitía el incumplimiento provisional de dicha ley. “Un tercio de las clínicas se han visto obligadas a dejar de prestar sus servicios y otras han tenido que reducir drásticamente el número de sus pacientes. Ya están cancelado muchas citas y las mujeres que quieren abortar están siendo rechazadas”, explicaron desde esta organización que lucha por los derechos reproductivos de la mujer en EE UU.

El caso todavía necesita ser revisado por El Quinto Tribunal de Apelaciones de Nueva Orleans, que comenzará el próximo enero, por lo que la norma seguirá vigente. La demanda presentada por Planned Parenthood no denunciaba otros puntos polémicos de la ley, como el requisito de que todas las clínicas deben disponer de todos los utensilios y servicios con los que cuenta un quirófano, que no entrará en vigor hasta septiembre de 2014, ni la prohibición de abortar pasadas las 20 semanas desde la concepción.

Uno de los magistrados, Stephen Breyer, aseguró que esperaba que el caso volviera al Supremo tras este juicio. “Si finalmente los tribunales deciden que la norma es inválida estaremos propinando un gran daño a todas esas mujeres cuyos derechos restringe esta ley mientras permanezca en vigor”, añadió Breyer.

La ley del aborto de Texas se firmó en julio aunque ha tenido un conflictivo recorrido en Texas. El pasado octubre, un juez dio un paso en pro del derecho al aborto cuando sentenció que parte de una de las leyes más restrictivas del aborto de la nación, la conocida como House Bill 2, era inconstitucional, pero una Corte de Apelaciones dio la razón posteriormente al Estado, con lo que entró en vigor todo el contenido de la ley.

La resolución fue apelada por el equipo de Gobierno de Rick Perry, gobernador de este Estado. Perry, que en más de una ocasión ha declarado que espera que el “aborto sea una cosa del pasado”, firmó dicha ley el pasado mes de julio; una regulación que había sido paralizada con anterioridad por Wendy Davis, demócrata que aplicó un acto de filibusterismo, por el que habló durante más de 11 horas sin parar para evitar la votación de la ley. Esta senadora ahora es candidata para gobernadora de Texas.

La ley de Texas desafía claramente la decisión de 1973 tomada por el Alto Tribunal con respecto al aborto, tras el caso de Roe contra Wade. La resolución de los nueve jueces sentenciaron que el aborto era un derecho constitucional. Así, la interrupción del embarazo debe estar permitida para la mujer por cualquier razón y hasta el momento en que el feto es viable, es decir, sea potencialmente capaz de vivir fuera del útero materno, sin ayuda artificial. Lo que los nueve jueces del Alto Tribunal situaron alrededor de las 24 semanas. Aquella resolución, además, impedía prohibirlo en los Estados que conforman la nación.

Asimismo, estas legislaciones también se enfrentan a la opinión mayoritaria de los estadounidenses. El pasado mes de enero, y por primera vez en la historia, la mayoría de ciudadanos (un 54%) dijo que "la interrupción del embarazo debería ser legal en la mayoría de los casos", y más del 70% concluyó que dicha norma "no debía ser modificada"; el porcentaje más alto desde 1989, de acuerdo con una encuesta elaboraba conjuntamente por The Wall Street Journal y NBC News.