El Congreso de Venezuela autoriza a Maduro a gobernar por decreto

La mayoría chavista en la Asamblea Nacional ha aprobado este martes por la tarde la Ley Habilitante que otorga poderes especiales al presidente venezolano Nicolás Maduro para legislar por decreto durante un año contra la “guerra económica” que, en opinión del oficialismo, es la causante de la profunda crisis que hoy atraviesa Venezuela.

A través de estos poderes especiales, Maduro podrá profundizar los controles cambiarios y comerciales establecidos hace una década, regular aún más las importaciones, aplicar medidas de racionamiento, controlar el financiamiento de los partidos políticos de oposición y establecer mecanismos para luchar “contra aquellas potencias extranjeras que pretendan destruir la patria en lo económico, político y mediático”.

“Hoy los diputados revolucionarios haremos entrega formal de esta Ley Habilitante, para la defensa de los intereses del pueblo y para profundizar la lucha contra la guerra económica y la corrupción, al camarada presidente de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro hermano Nicolás Maduro Moros”, ha dicho el presidente de la Asamblea Nacional, el militar retirado Diosdado Cabello, al firmar la norma que habilita a Maduro a legislar durante un año, contado a partir de su promulgación. La norma fue aprobada en medio de una tensa sesión de tres horas, entre las voces de protesta de la bancada opositora y los gritos de apoyo de los diputados del oficialismo, que coreaban la consigna: “Chávez vive, la lucha sigue”.

El alto costo de la vida se manifiesta en una tasa de inflación acumulada de 54% en el último año

Con la aprobación de estos poderes especiales, Cabello dijo estar cumpliendo uno de los tantos últimos deseos del presidente Hugo Chávez, fallecido el pasado 5 de marzo: “El comandante Chávez nos alertó sobre la guerra económica y nos dijo: aprueben todas las leyes que sean necesarias para torcerles el pescuezo a los especuladores, a los que blanquean dinero, a los que se han robado todos los dólares de Cadivi, a los que han hecho cualquier cantidad de negocios a espaldas de los intereses de la patria”.

En las últimas semanas, el Gobierno de Maduro ha emprendido una huida hacia delante al endurecer las sanciones contra quienes considera son los causantes de la profunda crisis económica que atraviesa Venezuela. Esta crisis se ha manifestado en graves problemas de liquidez, entre otras razones, por la quiebra técnica de la industria petrolera, principal fuente de divisas y que financia más del 60% del presupuesto nacional; de abastecimiento –hasta de 20% en productos básicos–, generado por una década de controles de precios y una política sistemática de asfixia a la producción privada; y de alto costo de la vida, que se manifiesta en una tasa de inflación acumulada de 54% en el último año, la más alta de América Latina.

La nueva ley da carta blanca a Maduro para controlar la economía

En la letra, esta Ley Habilitante de solo cuatro artículos da carta blanca a Nicolás Maduro para legislar “en el ámbito de la lucha contra la corrupción” y “en el ámbito de la defensa de la economía”. Pero en la práctica, es un cheque en blanco que le permitirá imponer mayores controles en el cambio de divisas –sujeto a control de cambio desde 2003 y fuente inagotable de corrupción–; y en la comercialización, producción, importación y distribución de alimentos, materias primas y artículos de primera necesidad. También le confiere atribuciones para imponer sanciones penales aún más severas en “la lucha contra el acaparamiento y la especulación” y en el “manejo inadecuado del patrimonio público”. Y le permitirá dictar y reformar normas para “combatir el financiamiento ilegal de los partidos políticos” y para establecer “mecanismos estratégicos de lucha contra aquellas potencias extranjeras que pretendan destruir la patria en lo económico, político y mediático”.

Los poderes absolutos para gobernar, sin embargo, no le han faltado nunca al chavismo durante la década y media en la cual ha ejercido el Gobierno. La misma mayoría oficialista en el Parlamento otorgó poderes especiales a Hugo Chávez en cuatro oportunidades, por periodos de un año o año y medio en cada oportunidad. De hecho, la primera ley que aprobó la Asamblea Nacional tras su legitimación, una vez aprobada la Constitución vigente de 1999, fue una Ley Habilitante a nombre de Chávez. Como resultado, durante el periodo de su habilitación, el Poder Ejecutivo venezolano ha aprobado más leyes-decretos que el propio Parlamento.