Víctimas de Guatemala denuncian falta de acceso a la justicia en el caso Ríos Montt

El anuncio acerca de que el juicio por genocidio y crímenes de lesa humanidad en contra del exdictador Efraín Ríos Montt, de 87 años, y de quien fuera su jefe de inteligencia, el también general retirado Mauricio Rodríguez Sánchez, solo puede iniciarse en 2015, motivó que los supervivientes de las masacres ocurridas en el área Ixil (Quiché, en el norte de Guatemala) elevaran una denuncia en contra de este país ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington D.C.

En la denuncia se afirma que el Estado de Guatemala “ha incumplido con su obligación de garantizar a las víctimas su derecho a acceder a la justicia, ya que después de 30 años no se ha juzgado a ninguno de los responsables de las violaciones sufridas por las víctimas”, confirmó a EL PAIS en esta capital el abogado del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), Héctor Reyes.

“En todo el proceso contra Ríos Montt se han producido graves violaciones a los postulados de la Comisión Interamericana de derechos humanos y eso es, precisamente, lo que sustenta la petición que hemos formulado en Washington”, subraya

El letrado considera que esperar hasta 2015 se hace demasiado largo, por lo que gestionan ante el Tribunal de Sentencia “que se busque una fecha más próxima, idealmente durante 2014”. Reyes descarta que exista un retardo malicioso, fruto de las argucias de los defensores de Ríos Montt, y atribuye el extremo a la falta de tribunales para juzgar delitos de alto impacto.

Mientras, los defensores de Ríos Montt insisten en que el viejo general no puede ser juzgado, toda vez que en su oportunidad se acogió a una ley de amnistía promulgada por los militares una semana antes de entregar el poder a los civiles, en enero de 1985. Al respecto, Héctor Reyes señala que ese argumento carece de asideros legales: “Desde 1949, cuando el Estado guatemalteco ratificó la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, la convención contra la tortura, contra la desaparición forzada, las amnistías y los delitos citados no se pueden aplicar en Guatemala”.

El abogado no se muerde la lengua, a la hora de señalar la falta de voluntad política por parte del Estado para juzgar estos delitos. “Definitivamente no hay voluntad política. Eso quedó demostrado con la anulación de la condena a 80 años de prisión dictada por el Tribunal Constitucional en mayo pasado”, decisión en la que el alto tribunal “se extralimitó en sus funciones”.

El 10 de mayo pasado, Ríos Montt fue condenado a 80 años de prisión por genocidio y delitos de lesa humanidad. La condena fue anulada, 10 días después, por una decisión muy cuestionada del Tribunal Constitucional.