Médicos del Ejército ayudaron a torturar a sospechosos de terrorismo tras el 11-S

Los médicos y psicólogos que trabajaban para el Ejército de Estados Unidos violaron los códigos éticos de la profesión al seguir órdenes dictadas por el Departamento de Defensa y la CIA para que se involucraran en torturas y tratamientos denigrantes ejercidos a los sospechosos de terrorismo tras los ataques de Al Qaeda del 11 de septiembre de 2001, según un informe hecho público este lunes por el Instituto de Medicina como Profesión (IMAP, siglas en inglés) y la Fundación Open Society de George Soros.

Hasta el momento era conocido que abogados del Departamento de Justicia, la CIA y Defensa habían dotado a la Administración de George W. Bush de argumentos legales que posibilitaban interrogatorios a los detenidos hoy considerados tortura. Pero sin embargo, hasta la publicación de este estudio no se había expuesto a la opinión pública las malas prácticas efectuadas por profesionales de la salud y la psiquiatría. El informe llega a la conclusión de que los profesionales sanitarios a sueldo del Pentágono y los servicios de espionaje “diseñaron y participaron en el trato cruel, inhumano y degradante y en la tortura a los detenidos” ejercida en las cárceles secretas de la CIA, prisiones de Afganistan y Guantánamo.

Está claro que en nombre de la seguridad nacional los militares falsearon ese principio y convirtieron a médicos, enfermeros y psiquiatras en agentes de los militares que practicaron actos contrarios a la ética médica y su práctica” Gerald Thompson, profesor de Medicina en la Universidad de Columbia

A esos profesionales se les dijo que dado que no estaban tratando a personas enfermas, el juramento hipocrático de que, entre otras cosas, la vida y la salud del enfermo son prioridad, no se aplicaba en el caso de los presuntos terroristas. “Está claro que en nombre de la seguridad nacional los militares falsearon ese principio y convirtieron a médicos, enfermeros y psiquiatras en agentes de los militares que practicaron actos contrarios a la ética médica y su práctica”, asegura Gerald Thompson, profesor de Medicina en la Universidad de Columbia (Nueva York) y una de las 20 personas que ha participado en la elaboración del estudio que ha llevado dos años de trabajo.

El informe Ética abandonada: profesionalidad médica y abuso a detenidos en la guerra contra el terrorismo detalla cómo la CIA y el Departamento de Defensa de EEUU institucionalizaron prácticas consideradas tortura tales como el waterboarding o ahogamiento simulado; usar información médica de los detenidos en los interrogatorios; y alimentar forzosamente a los presos que practicaban huelgas de hambre. Además, el estudio asegura que a los médicos y psiquiatras se les impedía dar a los reos los cuidados sanitarios necesarios o informar de estos abusos, reconocidos por leyes internacionales.

Tanto la CIA como el Pentágono niegan lo que asegura el informe. Según Dean Boyd, director de relaciones públicas de la agencia de inteligencia, el estudio “contiene graves imprecisiones y conclusiones erróneas”. “Es importante resaltar que la CIA no tiene ningún detenido bajo su custodia y que el presidente [Barack] Obama puso fin a la tortura en 2009 con una orden ejecutiva”, asegura Boyd.

Todavía hoy se les pide a los médicos en nómina del Pentágono que den a los interrogadores acceso a los historiales clínicos y psicológicos de los detenidos para poder ejercer más presión sobre ellos.

“Tenemos la responsabilidad de que esto no vuelva a suceder”, matiza el estudio, que asegura a renglón seguido que ciertas prácticas no éticas se siguen dando hoy en día por parte del personal médico a exigencias de los mandos militares. Según la Administración, la CIA no tiene a ningún detenido en cárceles secretas. Pero el estudio dice que el Departamento de Defensa sigue llevando a cabo políticas que degradan la profesión médica, como la alimentación forzosa durante las huelgas de hambre, por ejemplo, en la base naval militar de Guantánamo, o a la hora de informar sobre abusos.

Siempre según el estudio de Open Society y la IMAP, todavía hoy se les pide a los médicos en nómina del Pentágono que den a los interrogadores acceso a los historiales clínicos y psicológicos de los detenidos para poder ejercer más presión sobre ellos. Entre los autores del informe hay militares, expertos legales, médicos e investigadores que exigen que se ponga en marcha una investigación del Comité de Inteligencia del Senado que saque a la luz las prácticas médicas llevada a cabo en las cárceles secretas y otros centros de detención de EEUU.

Según un portavoz del Pentágono, Todd Breasseale, ninguno de los críticos del tratamiento dado a los detenidos ha tenido acceso a estos, sus historias médicas o los procedimientos que se llevan a cabo en Guantánamo. Según Breasseale, los médicos y enfermeros que trabajan en la base norteamericana en territorio cubano son “profesionales consumados”, que viven alejados de sus familias y que dan a los detenidos “la mejor atención médica que ninguno de ellos haya tenido nunca”.

El informe reclama, además de la investigación senatorial, que se instauren unas normas que garanticen que los médicos y psicólogos que trabajan para el Ejército puedan cumplir con las obligaciones éticas a las que les obliga su profesión, lo que supone como primer paso que no participen en interrogatorios ni en la alimentación forzosa que les practican para evitar que mueran de hambre.