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Indígenas de Ecuador denuncian en EE UU la norma de libre asociación de Correa

Human Rights Watch y la agrupación Ecuarunari sostienen que la nueva regulación amenaza la supervivencia de las organizaciones críticas con el Gobierno

Carlos Pérez Guartambel, a la derecha, durante una audiencia en la CIDH.
Carlos Pérez Guartambel, a la derecha, durante una audiencia en la CIDH. CIDH

El presidente de Ecuarunari (Movimiento de los Indígenas de Ecuador en kichwa), Carlos Pérez Guartambel, y el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, han denunciado este lunes en Washington las graves restricciones que para la participación de la sociedad civil en Ecuador supone la nueva normativa que regula la libertad de asociación en ese país y que el Gobierno de Rafael Correa aprobó a través del denominado Decreto 16 el pasado 4 de junio. La medida, para ambos activistas, se enmarca dentro de la deriva autoritaria del presidente ecuatoriano.

“Los retrocesos más graves en América Latina en materia de libertad de asociación y expresión se han producido en Ecuador”, ha reconocido Vivanco en una charla en el Interamerican Dialogue. Vivanco y Pérez Guartambel han puesto de manifiesto los peligros que para la subsistencia de las organizaciones a favor de los derechos civiles y libertades públicas supone la entrada en vigor de una norma que concentra en torno a la Administración las competencias para reconocer, controlar y disolver agrupaciones en el caso de que “interfieran en políticas públicas o afecten a la paz pública”, en un momento en que la comunidad indígena está alzando su voz en defensa de el área de Yasuní, amenazada por un plan de concesión de pozos petrolíferos del Ejecutivo de Correa.

La norma que concentra en torno a la Administración las competencias para reconocer, controlar y disolver agrupaciones en el caso de que “interfieran en políticas públicas o afecten a la paz pública”

“Si uno quiere constituir una ONG su actividad debe ser autorizada por un funcionario gubernamental, lo cual es una contradicción absoluta con el espíritu de este tipo de institución”, ha señalado Vivanco, quien ha enumerado el resto de amenazas que para la libertad de asociación representa el Decreto que la regula, entre ellas la limitación por parte de los miembros de las organizaciones de elegir quiénes pueden ser sus miembros, lo que, para el dirigente de HRW, abre la puerta a la penetración de integrantes “con una visión absolutamente distinta de los fines y objetivos” que persiga la asociación; la fiscalización sobre la desviación de los fines para los que se constituyó; la aprobación de una reforma de sus estatutos o su disolución por razones tan genéricas como “afectar a la paz pública”.

Para Pérez Guartambel, el Decreto 16 está en consonancia con “el proceso de consolidación del autoritarismo y concentración de poder del régimen de Correa que busca terminar con todo conato de resistencia por parte de la sociedad civil”. El activista y miembro de la etnia kichwa ha viajado a Estados Unidos para recoger firmas en contra de la XI Ronda Petrolera que contempla la concesión de 13 pozos petrolíferos en el Yasuní. Pérez Guartambel teme que la nueva normativa amenace la subsistencia de la asociación que preside y que, junto a muchas otras organizaciones indígenas, se está movilizando contra los planes del Gobierno.

HRW coincide en que la nueva disposición de Correa es “reveladora de los criterios retrógrados con los que se gobierna en Ecuador”

“Si incidir en las políticas públicas es una causa de disolución y el Gobierno de Correa considera que una de esas políticas públicas es la petrolera o la hidrocarbúrica, eso sería una causa suficiente para nuestra disolución”, explica a EL PAÍS. Ecuarunari es, tras la ONG Fundamedios, la segunda asociación en interponer una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional de Ecuador contra el Decreto 16. “De acuerdo con la Constitución, las comunidades indígenas tienen derecho a ser escuchadas antes de la entrada en vigor de una medida legislativa que pueda afectarles, el Decreto 16 vulnera a nuestras comunidades y a una gran cantidad de derechos individuales y colectivos y no se nos ha pedido nuestra opinión”, explica Pérez Guartambel.

Vivanco coincide en que la nueva disposición de Correa es “reveladora de los criterios retrógrados con los que se gobierna en Ecuador”. El responsable de HRW ha denunciado que, de acuerdo con el apartado de la norma sobre las organizaciones internacionales, la que él dirige “tendrá muy complicado operar” en el país sudamericano. “El Gobierno debe consultar con las embajadas y consulados ecuatorianos donde la asociación realiza su actividad sobre su legalidad, solvencia y seriedad para determinar si la autoriza o no”, ha explicado Vivanco. “Dudo mucho que yo pueda trabajar allí cuando Correa ha denunciado en su programa de televisión que HRW está financiado por el cártel de Sinaloa”.

Aunque no nos registremos, no nos pueden desconocer, no nos pueden invisibilizar"

Carlos Pérez Guartambel

Para Pérez Guartambel la nueva disposición atenta contra la existencia misma de las comunidades indígenas. “Con este decreto nos obligan a registrar a los grupos indígenas, supone repetir la historia y volver al momento en el que nos descubrieron. Entonces, no teníamos leyes pero sí principios, no teníamos gobiernos pero sí autoridad”. El activista, sin embargo, no está dispuesto a supeditarse a la nueva legislación. “Aunque no nos registremos, no nos pueden desconocer, no nos pueden invisibilizar. En Ecuador hay miles de organizaciones que no tienen legalizada su existencia, no tienen personalidad jurídica ni estatutos porque no les hacen falta, porque su cosmovisión es diferente, ellas no piensan en papeles, piensan en el respeto a la Pachamama, en el respeto a su tierra y con decreto y sin decreto vamos a seguir resistiendo”.

Los representantes de la Embajada de Ecuador en Washington han alegado que con la nueva normativa el Gobierno de Correa ejerce su potestad para reglamentar un derecho que aparece en la Constitución y que el Decreto 16 ha sido positivo porque ha servido para unificar distintos procedimientos y criterios para la inscripción de asociaciones y para “poner orden en un sistema en el que había más ONG que empresas y muchas de ellas no cumplían los requerimientos legales [el 95% de las 30.000 que existían en Ecuador en 2009, según atestiguó entonces el propio Correa]”.

Pérez Guartambel se muestra escéptico ante la posibilidad de que su demanda ante el Constitucional ecuatoriano prospere, pero es una instancia que debe agotar para poder presentar su caso ante la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La justicia internacional es donde cifra parte de sus esperanzas el activista. “Allá [por Ecuador] los tribunales están controlados, pero aquí aún no han podido controlar a la CIDH. Pero los grandes cambios no se consiguen con leyes, decretos o sentencias, sino luchando y resistiendo, es lo que nos han enseñado nuestros abuelos, sin su resistencia nosotros no estaríamos acá”, señala orgulloso.