Londres temía una lluvia de demandas si trascendía la escala de sus escuchas

Los servicios secretos británicos presionaron con éxito a los partidos políticos para impedir que sus escuchas fueran utilizadas como prueba en los tribunales. Esas presiones no tenían como objetivo proteger frente a sospechosos de terrorismo los sistemas utilizados o a los agentes que los llevaban a cabo, como se hizo creer en su momento, sino ocultar la escala de esas escuchas y evitar que eso provocara "un debate público dañino" sobre esas escuchas que habría podido provocar una catarata de demandas ante los tribunales.

Así lo pone de manifiesto la última entrega del diario The Guardian sobre los documentos secretos filtrados por Edward Snowden, el antiguo empleado subcontratado por la CIA que ha puesto patas arriba los sistemas y ha revelado la escala del espionaje practicado por los servicios secretos de EE UU y Reino Unido. Un espionaje que ha afectado no solo a supuestos enemigos o potenciales terroristas, si no a teóricos aliados y políticos amigos.

Los documentos a los que ha accedido el diario londinense revelan también que las grandes compañías de telecomunicaciones han ido más allá de sus meras obligaciones legales a la hora de colaborar con los servicios secretos británicos. Una revelación que añade presión a las prácticas de estadounidenses y británicos a la hora de interceptar las comunicaciones personales de líderes políticos europeos y de otros países.

El último intento de utilizar en los tribunales la inteligencia conseguida mediante la interceptación de comunicaciones se dio en 2009, cuando gobernaba el laborista Gordon Brown, pero fue descartada tras las presiones del GCHQ (siglas en inglés del organismo de los servicios secretos al cargo de la intercepción de comunicaciones) y las agencias de espionaje interior y exterior (MI5 y MI6).

Los documentos preparados por el GCHQ para presionar a favor de sus intereses insisten en su temor a las consecuencias que tendría un debate público sobre las escuchas. "Nuestra mayor preocupación es que las referencias a las prácticas de las agencias [por ejemplo, la escala de la interceptación y borrado] puede llevar a un dañino debate público que podría llevar a demandas jurídicas contra el actual régimen". En una actualización de los argumentos en mayo de 2012 se admite que "la escala de las interceptaciones y retenciones requerida podría hacer bastante probable que fuera denunciada con base al artículo 8 [derecho de privacidad]".

Otro aspecto relevante puesto de manifiesto por esos documentos es la asistencia que el GCHQ prestó al Home Office para identificar a políticos y personalidades favorables u opuestos a que las escuchas pudieran ser utilizadas en los tribunales. Entre los primeros se cita al entonces director de la oficina de la fiscalía, al fiscal general y a un diputado conservador especialmente preocupado por las libertades individuales, David Davis.

Entre los identificados como útiles para defender las posiciones de los servicios secretos citan al político liberal lord Carlile, que hace unos días criticó públicamente a The Guardian por publicar los documentos secretos filtrados por Snowden.

Esas revelaciones dan a entender que la campaña que se ha desatado en los últimos meses con reiterados ataques a The Guardian por publicar los papeles de Snowden podría no ser completamente espontánea. La directora de la organización británica de derechos civiles Liberty, Shami Chakrabarti, y el director de su equivalente estadounidense, Anthony Romero, han emitido un comunicado conjunto en el que denuncian que lo que debería ser un debate sobre los excesos de los servicios secretos se ha convertido en una campaña "interesada" contra periodistas a los que se acusa de "ayudar al enemigo". "Tenemos que aplaudir, no que condenar, la decisión de The Guardian de poner al descubierto el alcance con el que se está violando nuestra privacidad".

Y entre los responsables de esos excesos están las grandes compañías de telecomunicaciones. Cuando The Guardian denunció en junio su colaboración con los pinchazos llevados a cabo por los servicios secretos a través del programa Tempora, las empresas se refugiaron en que no hacían más que cumplir con sus obligaciones legales. Los documentos a los que ha accedido el diario señalan que esa colaboración ha ido más allá de lo exigido por la ley.

Documentos preparados por los servicios secretos británicos en 2009 sobre esa cuestión explican la obligación de los operadores de colaborar facilitando las capacidades de interceptación, y añade: "En la práctica, todos los proveedores significativos proveen esa capacidad. Pero en muchos casos su asistencia, aunque en conformidad con la ley, va mucho más allá de lo que esta exige".