Evo Morales ordena que continúe la destrucción de cocales

El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha anunciado que continuará con la destrucción de arbustos de coca ilegal en el norte de La Paz después del reciente ataque a un grupo de trabajadores encargado de eliminar las plantaciones. Evo Morales, que también es el líder de los sindicatos de los productores de hoja de coca de Chapare, ha mencionado la posibilidad de crear puestos militares para controlar la presencia de extranjeros, presuntamente, ligados al tráfico de estupefacientes.

“No podemos aceptar que haya libre cultivo de coca, ni permitir la libre plantación porque sabemos que una parte se desvía” a la ilegal elaboración del narcotráfico, ha explicado el presidente Morales en una rueda de prensa en Tarija.

El gobernante condenó la muerte de dos militares - un policía y un civil - por un grupo armado que también causó heridas por bala a otros 14 efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). El suceso se produjo en una emboscada para impedir la destrucción de cultivos de coca en la comunidad de Miraflores, en la localidad de Apolo, al norte de La Paz.

Morales ha reconocido que la zona de Apolo, cerca de la frontera con Perú, “era intocable, nadie podía entrar. Es obligación nuestra sentar presencia de Estado y soberanía”, en el lugar. Es posible que, tras los graves incidentes del fin de semana pasado, el Gobierno tenga que “trasladar algunos regimientos o crear puestos militares en las fronteras”.

Las cifras oficiales mencionan que la política de destrucción de cultivos de coca ha reducido la superficie de alrededor de 31.000 a poco más de 20.000 hectáreas

El Gobierno está convencido de que la emboscada a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) ha sido resultado de una operación militar bien planeada, presuntamente por elementos extranjeros. El ataque se produjo el sábado cuando comenzaba a destruir cocales en la localidad de Miraflores.

“Mis hermanos del campo nunca planifican acciones de carácter militar”, aseguró Morales, pese al largo historial de muertos y heridos que el movimiento cocalero ha sufrido por la defensa de la hoja. “Estoy convencido de que extranjeros operan usando a productores de coca”.

El Ejecutivo de Morales considera que tampoco es propio de los campesinos bolivianos el asesinato con la saña con la que, según los informes forenses, acabaron con la vida de los tres militares y el médico del grupo en su primera misión de trabajo. El presidente, que se mantiene como el máximo líder de los cocaleros del Chapare (Cochabamba) ha propiciado como estrategia oficial la racionalización de cultivos de coca bajo el control de los sindicatos de productores de la hoja.

El compromiso de reducir la superficie de cocales es voluntario y tiene como límite máximo la tenencia de un cuarto de hectárea de cultivo, siempre y cuando las parcelas se encuentren en zonas tradicionales o legales, señaladas por la ley antidroga vigente. En las zonas ilegales, la destrucción de cocales se realizaba de forma concertada, excepto en algunas comunidades de Apolo que - desde mayo pasado - se resistieron a la erradicación y enfrentaron en más de una ocasión a la Fuerza de Tarea Conjunta, encargada de la destrucción de cocales.

Las cifras oficiales mencionan que la política de destrucción de cultivos de coca ha reducido la superficie de alrededor de 31.000 a poco más de 20.000 hectáreas. Sin embargo, está pendiente la entrega de un informe que señale específicamente la cantidad de coca legal que necesita Bolivia para el consumo tradicional y la incipiente producción de derivados industriales de la hoja de coca.

El representante de la Unión Europea en Bolivia, Timothy Torlot, ha lamentado la demora gubernamental en la entrega de estos informes. “No he visto los ocho estudios que hemos financiado nosotros, ni los estudios complementarios”, cuya presentación se pospone una y otra vez, ha dicho.

La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia acaba de urgir al Gobierno la entrega de este estudio sobre el consumo tradicional de hoja de coca para saber con precisión la cantidad necesaria y los niveles de producción en las zonas legales de cultivo de coca.

A comienzos de octubre, el principal ejecutivo de la Dirección de la Hoja de Coca e Industrialización, Luis Cutipa, ha sido encarcelado por el presunto desvío de coca decomisada en operaciones policiales y cobros irregulares por la entrega de permisos de comercialización de la hoja de coca. La denuncia fue formulada por la ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo.