La pacificación de Río, a prueba

Desde el pasado fin de semana doce nuevas favelas de Río de Janeiro están bajo el control de las denominadas Unidades de Policía Pacificadora (UPP). En total, el Gobierno de Río da por pacificadas 34 áreas de la ciudad que afectarían a 1,5 millones de cariocas. En esta ocasión, los complejos de Lins y Camarista Méier, en la zona norte de la ciudad, fueron el escenario de otra espectacular operación que desplegó casi mil efectivos, en su mayoría de los batallones de élite de las policías Militar, Civil, Federal, y fusileros navales. Una vez más, la incursión se inició con la primera luz del día e incluyó escenografía de guerra, con tanques blindados y helicópteros de apoyo. Todo forma parte de la estrategia de la Secretaría de Seguridad Pública de Río para que los delincuentes depongan cualquier tipo de resistencia y abandonen las favelas días antes de la operación. En este caso, como en tantos otros, la ocupación se realizó de forma exitosa en menos de una hora y sin necesidad de disparar un solo tiro.

Eso sí, ante la mirada atónita de los vecinos, que no saben a lo que atenerse tras décadas sometidos a la sórdida ley del narcotráfico carioca, que se rige por sus propios códigos y que cada día está más acorralado en las áreas periféricas de la ciudad. Semanas antes de la operación, el mismo complejo de favelas fue el escenario de duros enfrentamientos que acabaron con la muerte de un subteniente del Batallón de Operaciones Especiales (BOPE) de la Policía Militar y de dos sospechosos de trabajar para el narco local.

Según el Gobierno del Estado de Río, con la instalación de la 36 UPP se sigue estrechando el cerco a las facciones criminales que se reagrupan en las zonas periféricas a medida que avanza la pacificación. EL PAÍS tuvo acceso recientemente a un grupo narco parapetado en la comunidad de Costa Barros, en la zona norte de Río. Decenas de jóvenes portaban pistolas automáticas y fusiles de asalto. De madrugada, mientras se iniciaban los preparativos para un baile funk, menores de edad embalaban en plena calle dosis de cocaína y éxtasis para venderlas durante la fiesta. El líder del grupo, que exigió el anonimato, confirmó a este periódico la preocupación existente por el avance imparable de las UPP. Saben que en cualquier momento los carros blindados llegarán a su favela y que no tendrán otras alternativas que el combate cuerpo a cuerpo con una máquina militar que les supera considerablemente en número y armamento, o el éxodo hacia áreas donde perderán el privilegio de controlar la venta de drogas. El objetivo del Gobierno de Río es llegar a las 40 unidades en 2014.

Sin embargo, el aparente éxito de las unidades pacificadoras parece hacer aguas en áreas críticas de la ciudad, como la favela Rocinha, que con más de 100.000 habitantes está enclavada entre los pudientes barrios de Leblon, São Conrado y Gávea. El comando de la Policia Militar de Río decidió cesar recientemente al mayor Edson Santos, al mando de la UPP que intenta mantener bajo control la que se considera la mayor favela de Brasil. Después de una profunda investigación, Santos y varios de sus subordinados fueron acusados de orquestar la desaparición y tortura hasta la muerte del peón de albañil Amarildo de Souza, convertido ya en un símbolo de la brutalidad policial en Rio. El caso de Amarildo no es más que la punta del iceberg en una favela donde se respira no poca hostilidad hacia los agentes pacificadores y subsisten focos del resistencia narco en sus áreas más inaccesibles. No es extraño escuchar el sonido seco de disparos en las áreas aledañas a la cota más alta de la Rocinha.

La pacificación enfila por tanto uno de sus momentos más delicados, ya que la euforia de los primeros años del proyecto ha quedado atrás y comienzan a aflorar las fricciones y puntos oscuros de la ocupación policial. Teóricamente la policía pacificadora tiene el rasgo específico de ser un modelo híbrido entre policía convencional y cuerpo de asistentes sociales. Las filas de las UPP están nutridas en su mayoría por jóvenes agentes recien formados sin rastro de corrupción en sus expedientes.

La llaman policia de proximidad, aunque en realidad comienza a presentar los viejos vícios de la Policía Militar de Río. No son extrañas las denuncias por abusos de autoridad y agresiones a vecinos de las favelas, algo que alimenta una espiral de rechazo local. El desafío de las autoridades cariocas no sólo radica en preservar incólume la quintaesencia de las UPP como política de Estado y continuar invirtiendo recursos humanos y materiales en esta plausible estratégia de seguridad pública, sino en crear posteriormente las condiciones de vida para que los habitantes de las favelas se sientan integrados en la ciudad mediante el desembarco de servicios públicos de calidad, y no excluídos en focos de miseria.