Los trabajadores de la minería informal protestan en 14 departamentos de Perú

En el primer día del paro indefinido convocado por los mineros ilegales e informales de Perú, y en solo los departamentos Madre de Dios y Puno (selva y sierra sur, respectivamente), los organizadores calculan que unas 45.000 personas marcharon contra las acciones de incautación de maquinaria realizadas por el Gobierno. Los manifestantes además se oponen al plazo de formalización para continuar en esa actividad, que vence en abril próximo. En otros 12  departamentos también acataron el paro.

El presidente de la Federación Minera de Madre de Dios, Luis Otsuka, calcula que 25.000 personas se movilizaron en ese departamento de la selva sur, sobre todo en Mazuko, al pie de la carretera Interoceánica que conecta Perú con Brasil. Otros tres puntos de dicha vía fueron bloqueados desde la madrugada del lunes.

Madre de Dios es la región del país más deforestada y afectada por la minería ilegal aluvial, que se realiza en zonas prohibidas como reservas naturales y fuentes de agua, y extrae oro usando mercurio y equipos de succión en las cuencas de los ríos. Si bien la minería ilegal empezó en esta región hace 40 años, la inauguración de la carretera Interoceánica agravó seriamente el problema. En la última década, la inocuidad o complicidad de las fuerzas del orden y del gobierno regional también han contribuido a acentuarlo.

La publicación Inforegión indicó que el domingo llegaron 2.500 agentes de la policía a Madre de Dios para mantener el orden. En marzo de 2012, durante un paro minero similar en Puerto Maldonado, capital de Madre de Dios, los disturbios que protagonizaron los manifestantes y la policía produjeron dos muertos.

Según el diario La República, entre noviembre del 2012 y junio, la deforestación en Madre de Dios ha aumentado de 100 a 1.583 hectáreas. Los mineros informales son los que extraen metal sin tener documentación en regla ni los permisos correspondientes, ellos tienen plazo para terminar sus trámites de formalización en abril próximo. Unos 30 mil han empezado el trámite.

Desde Puerto Maldonado, el antropólogo Alfredo García afirmó que el paro no se sintió mucho en la ciudad debido a la gran contención policial. “Hubo una marcha pequeña pasado el mediodía, pero (los mineros) se han concentrado en la carretera. Presumo que el miércoles serán mucho más conforme vayan llegando de los campamentos”, comentó.

“Los más antiguos en Puerto Maldonado están en desacuerdo con el paro y con la minería ilegal. En términos ambientales y en términos sociales el problema ha crecido, la situación es bastante inmanejable. El Estado tiene muchas dificultades para ordenar la actividad y supervisarla”, dijo García, quien coordina el Grupo de Trabajo de la Interoceánica Sur, un colectivo de la sociedad civil que evalúa el impacto de dicha vía.

“Dos actividades se han beneficiado más con la vía asfaltada: la minería y la extracción de madera. Ésta permite la descarga de combustibles y la entrada de máquinas, han ingresado cargadores frontales, unas palas gigantescas que caminan sobre oruga, hay centenares de máquinas nuevas en los tres últimos años”, relató el antropólogo a EL PAÍS.

El dirigente minero Otsuka comentó al diario La República que el gobierno les ha destruido varias excavadoras, volquetes, diez cargadores frontales e incluso campamentos que estaban en el corredor minero de Madre de Dios, y no cerca de los cauces de río, que es la zona prohibida.

En agosto, el Gobierno de Ollanta Humala aceptó flexibilizar algunos plazos para la formalización. Sin embargo, para no dar la apariencia de conformidad con la actividad ilegal, en septiembre, la policía y las fuerzas armadas han realizado aparatosos operativos de destrucción de dragas y maquinaria en la Amazonía, con un fuerte despliegue mediático.

En Puno, la otra región fuertemente afectada por la minería ilegal e informal, en la frontera con Bolivia, un dirigente de la provincia de Azángaro se expresó contra este sector. “Los pequeños mineros informales tienen derecho a trabajar pero no en perjuicio de los productores agropecuarios de las comunidades campesinas de la cuenca Ramis”, dijo Federico Gómez Ancco, del Frente de Organizaciones Populares de Azángaro al diario Los Andes. Ramis es una de las cuencas más contaminadas por la actividad extractiva. En junio de 2011 sus organizaciones protestaron en las calles para detener las secuelas de la minería, luego de que sus pedidos formales no lograron resultados. Las movilizaciones derivaron en un conflicto social que tuvo como saldo seis muertos.