Rusia no acepta desafíos a su autoridad

Los activistas cívicos que desafían a grandes compañías estatales de Rusia, a instituciones políticas y a entidades con pretensiones de autoridad moral están aprendiendo en su propia carne que el sistema presidido por Vladímir Putin no entiende de espectáculos improvisados ni de denuncias puestas en escena. Esta es la moraleja que se desprende de los dos conflictos abiertos entre la Justicia rusa, atenta a las señales formales e informales del Kremlin, y los integrantes de dos colectivos que se han topado con ella.

El primer conflicto está protagonizado por Greenpeace. Treinta activistas de esta organización ecologista se encuentran detenidos en Murmansk por haber intentado asaltar el pasado 18 de septiembre la plataforma perforadora Prirazlómnaya, perteneciente a Gazprom (el monopolio exportador de gas) en el mar de Pechora, en el Ártico. Los activistas, ciudadanos de más de una veintena de países, entre ellos Canadá, Brasilia, Francia, Reino Unido, Holanda y la misma Rusia, eran tripulantes del buque Artic Sunrise. Un juez de Murmansk los ha condenado a todos a permanecer en prisión preventiva durante dos meses. 

La plataforma Prirazlómnaya es la primera que Rusia ha construido para explorar los depósitos de hidrocarburos en las profundidades del Ártico ruso, donde Gazprom y Rosneft, las grandes empresas de hidrocarburos controladas por el Estado ruso, tienen derechos especiales. Los activistas de Greenpeace figuran como sospechosos de “piratería” y, aunque el presidente Vladímir Putin opinó que no son piratas, sus palabras pueden ser como un intento público de distanciarse personalmente del asunto y no son necesariamente un pronóstico de lo que espera a los activistas de Greenpeace. 

El segundo conflicto gira en torno a Nadezhda Tolokónnikova, de 23 años e integrante del grupo Pussy Riot. La activista se declaró en huelga de hambre en la cárcel de Mordovia donde cumple una condena de dos años impuesta en 2012 por haber cantado una “oración punk” en la catedral de Cristo Salvador de Moscú. Tolokónnikova, que junto con otras dos jóvenes, pidió a la Virgen María que echara a Vladímir Putin del Kremlin , difundió la semana pasada una carta abierta donde denunciaba inhumanas condiciones carcelarias. La activista se declaró en huelga de hambre y ha sido trasladada a una clínica. Alegando motivos de salud, las autoridades penitenciarias han denegado la petición del esposo de la reclusa, Piotr Verzilov, y de su abogado para poder visitarla, circunstancia ésta que ha propiciado nuevos temores. Según Verzílov, el coronel jefe del penal habría dicho que el estado de Nadezhda es tan malo que “no permite al representante legal y al esposo relacionarse con ella. Dmitri Dinze, abogado de Tolokónnikova, se dirigió al Comité de Investigación de Rusia para que efectúen una inspección en la cárcel y se inicie una investigación penal contra sus responsables

Los defensores de Tolokónnikova se han dirigido también a la ONU para que investigue si su caso encaja en la definición de formas de esclavitud modernas y el defensor del pueblo de Rusia, Vladímir Lukin, ha tomado cartas en el asunto y ha dicho que la activista podría ser trasladada a otro penal.

Entre los procesos en curso en Moscú está el que afecta a una treintena de personas acusadas de desordenes masivos en las manifestaciones del 6 de mayo de 2012 que precedieron la toma de posesión de Putin como presidente de Rusia. El llamado “proceso de Bolótnaya” (por el nombre de la plaza donde tuvieron lugar los incidentes) prosigue contra viento y marea, pese a las contradicciones y lagunas de la acusación. En relación a este asunto 15 personas están detenidas, tres bajo arresto domiciliario y 6 no pueden abandonar el país. Uno de los encausados, Leonid Razvozhaev, del Frente de Izquierdas, fue secuestrado en Kiev, la capital de Ucrania, en octubre pasado, cuando había comenzado los trámites de asilo en la oficina de la ONU para los refugiados. El secuestro ha sido calificado como una crasa interferencia de Rusia en los asuntos internos de Ucrania por el ex presidente de Ucrania, Víctor Yúshenko. Razvozhaev “reapareció” como preso en Moscú y el lunes un juez de Moscú prolongó su arresto.

Más benigno ha sido un tribunal moscovita con el monje Pavel Semin, que en 2012 conduciendo un Mercedes atropelló a tres personas, matando a dos e hiriendo gravemente a una tercera, tras lo cual se dio a la fuga. El tribunal confirmó la pena de tres años de prisión que ya le había sido impuesta al monje y desestimó la petición de los fiscales, que, haciéndose eco de los familiares de los muertos, pedían cinco años cárcel. Según informaciones de la prensa rusa, de la causa contra el monje han desaparecido los documentos que indicarían que perdió el control del Mercedes por encontrarse en estado de embriaguez. 

El Estado que preside Vladímir Putin ha establecido una relación muy estrecha con la lglesia Ortodoxa Rusa,aunque Rusia sigue siendo formalmente un país laico. Las autoridades civiles propician que la Iglesia Ortodoxa, muy conservadora, ocupe espacios que antes tenía el Partido Comunista de la Unión Soviética como vertebrador de la sociedad en torno a tareas comunes.