Una turba mata a un soldado desarmado en el norte de Guatemala

La extrema debilidad del Estado y su nula presencia en cada vez más amplios sectores del territorio guatemalteco se evidenció una vez más este domingo cuando una multitud enardecida de vecinos de Santa Cruz Barillas (Huehuetenango, al norte del país, frontera con México) mató a un soldado desarmado. El militar custodiaba la antigua pista de aterrizaje utilizada por el Ejército durante la guerra civil guatemalteca (1960-1996).

En suceso se produjo enmarca en los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y pobladores que se oponen a la construcción de una hidroeléctrica. Al anochecer del domingo la tensión continuaba, según reportes de radio. Las fuerzas de seguridad emplearon gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. Según la versión oficial, entre la multitud hay "gente armada con fusiles AK-47 y pistolas calibre 9 milímetros que dispara contra policías y soldados", en palabras del comandante de la base militar de la provincia, general Braulio Mayén.

El militar añadió que fuerzas combinadas de Ejército y policía se desplazan al lugar para retomar el control de la población, aunque han encontrado dificultades de desplazamiento debido a piquetes de vecinos que tienen tomadas las carreteras. Según la página web del matutino Prensa Libre, la turba también quemó un camión del Ejército, algo que según el gobernador de Huehuetenango, Antonio López, no ha sido confirmado. De acuerdo con el funcionario, los líderes locales siguen convocando a los aldeanos a sumarse a la protesta.

La tensión se agravó la noche del sábado, cuando unas 70 personas con el rostro cubierto con pasamontañas irrumpieron en la sede de la policía y destruyeron el mobiliario. Posteriormente se dirigieron a las instalaciones de Hidro Santa Cruz, la empresa que promueve la empresa generadora de electricidad, donde provocaron destrozos.

El origen inmediato del movimiento parece estar en la detención, la mañana del sábado, de un líder comunitario. El hombre, identificado como Mynor Manuel López Barrios, está acusado de instigar a los vecinos a rechazar el proyecto hidroeléctrico. Sobre él también pesan acusaciones de evasión, robo agravado, detenciones ilegales, incitación a delinquir y amenazas. En el momento de su detención se le incautó un revolver calibre 38 con el número de registro borrado y sin la correspondiente licencia.

López Barrios había sido detenido en mayo pasado, pero fue liberado por unos ocho hombres armados con fusiles de asalto cuando era llevado hacia un tribunal donde iba a ser notificado de los delitos de los que se le acusa.

Fuentes oficiales aseguran que los vecinos son manipulados por foráneos, y no descartan que estos, a su vez, obedezcan a extranjeros. Entre estos extranjeros estarían algunos miembros de ONGs, más interesados en conservar un empleo que en promover el desarrollo de las comunidades rurales, según esta versión. Las organizaciones humanitarias, por el contrario, mantienen que el Gobierno de Otto Pérez, al que califican como “represivo”, no escucha los reclamos de la población ni busca consenso, sino que se limita a criminalizar las protestas campesinas y a utilizar la fuerza para neutralizarlas.