El precio político de un asesinato

El asesinato del cantante de hip hop y militante antifascista Pavlos Fissas, el pasado día 18 en la periferia de Atenas, ha sido un involuntario tiro en el pie para el partido ultranacionalista de inspiración neonazi Aurora Dorada (AD). Formación marginal en sus orígenes, sin más presencia pública que alguna concejalía, el grupo que hasta ayer dirigía el exmilitar Nikos Mijaloliakos se convirtió en protagonista de las elecciones generales de 2012 al obtener más del 7% de los votos e irrumpir por primera vez en el Parlamento, con 18 diputados. Era el resultado de una concienzuda y hasta entonces silenciosa labor de zapa asistencial entre los sectores más desfavorecidos por cinco años de recesión, con el chivo expiatorio de la inmigración irregular como zafio señuelo populista.

El amplio favor popular —reflejado en las encuestas de intención de voto, que le dan alrededor del 13% de los sufragios y el tercer lugar en el orden de preferencias— ha envalentonado a sus huestes, que desde la primavera de 2012 se han venido prodigando en alardes de fuerza y violencia, como la agresión a una diputada izquierdista en un debate televisivo perpetrada hace un año por uno de los diputados detenidos, Ilias Panayiotaros, o un rosario de agresiones a inmigrantes, con o sin papeles, especialmente en la zona del puerto del Pireo, con más del 60% de paro y masiva presencia de extranjeros. Los ataques xenófobos hicieron que el Consejo de Europa, donde Mijaloliakos ha logrado un puesto para su esposa, pidiera hace meses a las autoridades griegas una investigación sobre las actividades del partido.

Aunque sus militantes niegan la mayor —la clara filiación neonazi, visible en el saludo brazo en alto de sus miembros o la especie de cruz gamada de su bandera— y prefieren ser denominados “nacionalistas griegos”, AD obedece a una indigesta mezcolanza ideológica —con ínfulas esotéricas e indisimulada raigambre histórica, como la reivindicación de la batalla de las Termópilas o la llamada catástrofe de Asia Menor de 1922, que supuso la expulsión de miles de griegos de la Turquía aún otomana— que se sirve de una violencia instrumental, similar a la de los hooligans. De hecho, las primeras investigaciones policiales sobre el asesinato de Fissas se centraron en una disputa futbolística entre Yorgos Rupakiotis, el criminal confeso, y el rapero. Hace unos meses, un dirigente de la izquierdista Syriza, principal partido de oposición, fue agredido por camisetas negras —como se conoce a los neonazis— a la salida de un partido de fútbol.

El partido cuenta con 3.000 hombres entrenados y 50 escuadras de asalto

Pero lo preocupante de AD es su trasfondo: quién está detrás, cómo se financia y quién permite, si no alienta, sus desmanes. El defensor del pueblo griego alertó esta semana de lo que era un secreto a voces: la connivencia de las fuerzas de seguridad y los servicios secretos ante sus desmanes, tanto por parte de la policía —una veintena de oficiales y altos cargos han dimitido tras el crimen de Fissas— como del Ejército; el hermano de uno de los dirigentes detenidos, Ilias Kasidiaris, es un conocido militar. También dan pistas sobre los vínculos del partido con las fuerzas armadas la estructura fuertemente jerarquizada y militarizada del mismo —con 3.000 hombres entrenados, y 50 falanges o escuadrones de asalto dispuestos a desplegarse en las calles— y su presunta implicación en el envío de combatientes a Bosnia para ayudar a las fuerzas serbobosnias en la masacre de Srebrenica. Son conocidos los estrechos vínculos que mantienen Grecia y Serbia, ambas naciones ortodoxas (y con cierta propensión al nacionalismo).

Pero hay otros motivos de preocupación, como las vías de financiación, que revelarían el entramado de intereses a que obedece. Como partido con representación parlamentaria, AD debería recibir este año 1,5 millones de euros. Cerrado el grifo de los fondos públicos tras el crimen, todo parece indicar que el partido seguirá financiándose gracias a las contribuciones de armadores, empresarios del ocio y el deporte —y algún obispo—, según fuentes de la investigación que lleva a cabo la policía financiera. El cobro de un “impuesto de seguridad” a comerciantes de zonas deprimidas, el contrabando de cigarrillos o incluso la trata de blancas podrían constituir otros medios de financiación.