La reapertura del ‘caso mensalão’ distancia a los brasileños de sus jueces

Con su decisión de reabrir el juicio del mensalão, la mayor trama de corrupción de la historia democrática de Brasil, por seis votos contra cinco, el Tribunal Supremo abre la puerta a que los doce condenados que se beneficiarán del recurso al denominado “embargo infrigente” puedan pasar menos años entre rejas y, en algunos casos, obtener beneficios como el régimen semiabierto. La iniciativa del Supremo podría alentar la vuelta a las calles de las recientes protestas sociales.

La celebración de un nuevo juicio también retrasará el ingreso en prisión de los reos. Prueba de ello es que el abogado defensor del principal condenado, José Dirceu, no ha tardado en manifestar su satisfacción por la decisión del Supremo ya que ahora podrá litigar una reducción de la condena inicial, fijada en diez años y 11 meses. Y es más que probable que tenga éxito en su empresa, ya que la nueva composición del alto tribunal deja entrever una mayoría de magistrados que defienden la línea más blanda en la dosimetría de las condenas.

Tras la jubilación de dos de los 11 miembros del Supremo, los nuevos magistrados Roberto Barroso y Teori Zavascki irrumpieron en lo que ya parecía un proceso liquidado promoviendo la reapertura del juicio mediante el recurso a los “embargos infringentes”. Su principal argumento fue que las condenas habían sido excesivas y que sobre la decisión del tribunal había influido demasiado la presión social, que exigía mano dura con los responsables de la mayor trama de compra de votos en el Congreso destapada en la democracia brasileña. El asidero jurídico de los dos jueces debutantes fue que 12 de los 25 condenados recibieron al menos 4 votos a favor de su absolución durante el primer juicio.

Buena parte de la opinión pública brasileña asiste sorprendida a una maniobra jurídica que deja en agua de borrajas los 44.000 folios del sumario y siete años de análisis y deliberaciones. Queda en el aire la inquietante pregunta de si la justicia es igual para todos en Brasil.

Hace justo un año, el principal operador del mensalão (término utilizado para designar las mensualidades o sobornos pagados por varios diputados), Marcos Valerio, declaró ante el Supremo que el entonces presidente Lula da Silva estaba al corriente de los tejemanejes de su partido para comprar votos en el Congreso con dinero de dudosa procedencia.

La acusación fue suficientemente grave y documentada para que el tribunal hubiera dado algún paso en la dirección de apurar esas informaciones. No fue el caso. Sin embargo, esta decisión parece ir dirigida a restarle relevancia a lo que de hecho fue un brutal montaje de corrupción que se extendió por las bancadas del Congreso, despachos gubernamentales, sedes de partidos (principalmente la del PT) y empresas privadas.

La reapertura del caso supone también el fin de la luna de miel entre la sociedad brasileña, asqueada ante tanta corrupción e impunidad, y el Tribunal Supremo. El presidente de la corte, Joaquim Barbosa, promovió el año pasado un durísimo juicio contra los responsables del mensalão, algo que hizo que muchos brasileños recobraran la confianza en su máximo órgano judicial.

En un momento de incertezas y de convulsión social, la celebración de un nuevo juicio representa un motivo más para que millones de brasileños vuelvan a salir a la calle. Presionada por las manifestaciones del pasado junio, la presidenta Dilma Rousseff apoyó activamente que la corrupción se convierta en crimen de máxima gravedad.

Tres meses después de estas manifestaciones, los brasileños han visto como su máxima instancia judicial ha aplicado la manga ancha a un grupo de políticos corruptos contra los que ya ha quedado suficientemente probada su responsabilidad y participación en el mayor escándalo político de las últimas décadas. En octubre del próximo año se celebrarán elecciones generales en Brasil y el impacto que tendrá un nuevo juicio en la campaña electoral del PT es incierto.