Una ley fruto de la guerra de Irak prohíbe a Rajoy sumarse a un ataque unilateral

A pesar de que Rajoy suscribió en el G20 una declaración que reclama una “respuesta contundente” contra el régimen sirio, España no aportará fuerzas militares a un eventual ataque unilateral de EE UU. Y no es solo porque así lo haya decidido el Gobierno, sino porque no podría decidir otra cosa, según reconocen fuentes diplomáticas.

La Ley Orgánica de Defensa Nacional de 2005 —aprobada para evitar que se repitiera una intervención como la de Irak— fija con claridad las condiciones que deben darse para que las Fuerzas Armadas españolas realicen misiones en el exterior que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o el interés nacional: “Que se realicen por petición expresa del Gobierno en cuyo territorio se desarrollen o estén autorizadas en resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU o acordadas, en su caso, por organizaciones internacionales de las que España forme parte, particularmente la UE o la OTAN en el marco de sus competencias”.

Es muy improbable que el Consejo de Seguridad autorice la intervención, dado el veto de Rusia, y tanto la UE como la OTAN se han desmarcado de la misma, aunque los ministros de Exteriores de los 28 le brindasen ayer su respaldo político.

Las fuentes consultadas estiman que España solo podría participar en una operación de la OTAN para proteger a Turquía si este país (donde la Alianza ya tiene desplegados misiles Patriot), pidiese apoyo ante una posible agresión. Además, una fragata española, la Blas de Lezo, ostenta actualmente el mando de un grupo naval de la OTAN en el Mediterráneo. Está previsto que la flota aliada haga maniobras cerca de Italia hasta final de mes, pero la OTAN podría cambiar su programa y enviarla al Mediterráneo oriental en tareas de vigilancia o como fuerza de disuasión.

Los planes de contingencia elaborados por Defensa prevén también que la Blas de Lezo abandone su misión en la OTAN en caso de que sea necesario apoyar una operación de evacuación de la colonia española en Líbano (integrada por un millar de personas) o para reforzar la seguridad de los casi 600 cascos azules españoles desplegados en el sur del país. La posibilidad de que Hezbolá, aliado de Damasco, ataque a Israel como represalia es la mayor preocupación de los mandos militares.

Lo que sí hará España, según fuentes gubernamentales, es ceder el uso de las bases de Rota y Morón si EE UU lo pide; algo que —según dijo el viernes el ministro de Defensa, Pedro Morenés, tras reunirse con su homólogo estadounidense, Chuck Hagel— aún no se ha producido. La cesión de las bases, alegan las mismas fuentes, no está sujeta a los requisitos de la ley de 2005.

Fuentes de La Moncloa aseguran, en todo caso, que la declaración suscrita por Rajoy en el G20 no supone un apoyo explícito a la intervención militar. Según dichas fuentes, España logró, junto a otros, suavizar la versión inicial e incluir una referencia al Consejo de Seguridad. Si Rajoy no lo mencionó en rueda de prensa, alegan, es porque se negoció hasta última hora.

Al líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, no le convence esta explicación y ayer pidió a Rajoy que acuda al Congreso para explicar “qué es lo que ha firmado con EE UU” sobre Siria.