Holanda teme a los ‘fontaneros’ del Este

El “fontanero polaco” es una figura imaginaria creada en algunos países de la UE, en especial Holanda, Francia y Reino Unido, para describir de forma genérica al inmigrante llegado del Este y Centro de Europa en busca de trabajo. No todos los polacos asentados en suelo holandés desde 2007 ejercen dicho oficio, claro, pero el apelativo está a punto de aplicarse también a rumanos y búlgaros. El próximo 1 de enero, caerán las barreras impuestas a ambos grupos para obtener permisos de trabajo en el ámbito comunitario, y Holanda está inquieta. Teme la quiebra de su mercado laboral si el flujo de nuevos inmigrantes, cifrado por la OCDE en unos 900.000 para toda la Unión Europea, desborda las previsiones.

La extrema derecha de Geert Wilders ha aprovechado el recelo actual para ganar votos. Según él, en igualdad de condiciones, el candidato holandés se quedará en el paro porque los nuevos extranjeros aceptarán salarios bajísimos. Más sutil, el Gobierno de centro izquierda, formado por liberales y socialdemócratas, ha echado mano de la lucha del país contra el mar para pedir ayuda a Bruselas. “En algunos sitios, los diques están a punto de reventar. La situación se parece al Código Naranja”, ha dicho el viceprimer ministro, Lodewijk Asscher, recordando la señal que advierte de la subida de las aguas.

Asscher utiliza la expresión en un artículo escrito en holandés e inglés con el británico David Goodhart, y no quiere alterar la libre circulación de trabajadores en el seno de la UE. Es uno de uno de los pilares del edificio comunitario, y tocarlo precisaría redactar un nuevo Tratado Europeo. Lo que desea es “evitar los efectos negativos para el mercado patrio de la entrada de trabajadores que lo sobrecargarán y pueden ser además explotados”, ha dicho. La frase es mucho más educada que las soflamas de Wilders, pero desvela la inseguridad del Gobierno, que acumula cifras desalentadoras: el país sigue en recesión; la tasa de paro es de un 8,5%, y el déficit previsto para 2014 asciende al 3,9% del PIB.

“Da la sensación de que Holanda apenas se ha recuperado del choque de recibir oleadas de inmigrantes económicos polacos (110.000 están inscritos, aunque pueden sumar en realidad 170.000) y creen que pasará lo mismo. Rumanía y Bulgaria son países pobres, y las firmas holandesas quieren mano de obra barata, es cierto, pero puede que no haya un éxodo masivo”, señala Cristina Cristescu, directora ejecutiva de la Fundación Holanda-Rumanía, dedicada a informar y acoger a sus compatriotas. A pesar de que hay entre 23.000 y 30.000 rumanos registrados en Holanda, “la mayoría ha salido ya y su primera opción es España, Italia o Alemania. De todos modos, el ayuntamiento de La Haya, por ejemplo, espera una auténtica avalancha. Por eso abrirá en noviembre una ventanilla, servida por informadores que prepararemos, para que muestren cómo manejarse en la sociedad holandesa”, añade.

El caso de Bulgaria es algo distinto. Si bien la peor imagen la tienen los polacos, y el mayor choque cultural parecen sufrirlo los rumanos, los búlgaros son asociados con la corrupción. Aunque las cifras oficiales suman 21.000 censados, una vez más, el total real puede alcanzar los 40.000. Según el Centro de Planificación Social y Cultural, hay dos grupos bien diferenciados: un 25% de estudiantes que piensa regresar, y una abultada comunidad de turcos búlgaros, minoría étnica en su propio país. Muy poco preparados estos últimos, y sin hablar apenas holandés, inglés o alemán, su futuro preocupa sobremanera a las autoridades. Sin olvidar el posible efecto migratorio de las actuales protestas contra el Gobierno búlgaro, acusado de ignorar a la población.

Las organizaciones humanitarias que coordinan la asistencia a la comunidad búlgara en Holanda creen que la llamada de Asscher a Bruselas busca, sobre todo, dinero comunitario. Eso, y una gestión conjunta del encaje social y laboral de los recién llegados. De todos modos, conviene recordar que parte del fraude que se pretende combatir se deriva de los propios patrones holandeses. Un 12% de la fuerza actual de trabajo del campo y la jardinería procede de países del Centro y Este de Europa. En el sector servicios es un 7%. En algunos invernaderos, que surten de verduras y flores al mundo entero, rumanos, búlgaros y polacos aceptan sueldos por debajo de la legalidad, rechazados por los autóctonos. Los sindicatos han pedido que se ponga coto a esta práctica, y ha habido una reacción inesperada. Mientras el Gobierno quiere imponer sanciones, tanto Wilders como los Socialistas Radicales, que suben a su vez en los sondeos, proponen endurecer de nuevo la obtención de permisos de trabajo. Sus votantes, euroescépticos en esencia, no temen vulnerar las normas europeas si fuera preciso.