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Paraguay se militariza para combatir una guerrilla

El Gobierno podrá enviar militares a combatir al Ejército del Pueblo Paraguayo sin declarar el estado de emergencia

Oposición y activistas de derechos humanos alertan sobre los riesgos para los campesinos

Entrenamiento militar en la localidad paraguaya de Tacuati.
Entrenamiento militar en la localidad paraguaya de Tacuati. EFE

Paraguay podrá enviar militares a combatir al pequeño Ejército del Pueblo Paraguayo (EEP) sin necesidad de declarar el estado de emergencia por un tiempo y lugar determinados, como se exigía hasta ahora. En solo dos días, la Cámara de Diputados y el Senado de Paraguay han aprobado una enmienda de la ley de defensa que pidió el nuevo presidente Horacio Cartes, empresario de derechas.

La nueva norma, que entró en vigencia este viernes, ha sido cuestionada por la minoritaria oposición de izquierda y por las organizaciones de defensa de los derechos humanos. Consideran que la medida viola la Constitución al quebrar el equilibrio de poderes del Estado y pone en riesgo a los campesinos que viven y muchas veces resisten sin recurrir a las armas entre latifundios en los dos departamentos (provincias) donde actúa el EPP, San Pedro (centro de Paraguay) y Concepción (noreste).

La decisión de que los militares complementaran la lucha de los policías contra el EPP fue impulsada por Cartes después de que cinco guardas privados de una finca de un ganadero brasileño fueran asesinados el pasado sábado en San Pedro. Cartes había asumido la presidencia el pasado día 15, en lo que constituyó el regreso al poder del Partido Colorado, que había gobernado Paraguay durante seis décadas, incluida la dictadura militar de Alfredo Stroessner (1954-1989). Dos días después, ocurrió el atentado que el Gobierno de este empresario de 57 años, con apenas cuatro de carrera política, atribuyó al EPP. En un perfil femenino de Facebook, la guerrilla supuestamente reconoció su autoría. Ya en su discurso de asunción del poder, Cartes había dicho: “El EPP no marcará mi agenda”.

La guerrilla se formó en 2008, en el final del Gobierno del colorado Nicanor Duarte y antes de que lo reemplazara el exobispo de San Pedro Fernando Lugo, socialista. Desde entonces, la Policía le atribuye el asesinato de 30 personas, entre 11 policías y 19 civiles, incluidos terratenientes, custodios y la hija de un expresidente paraguayo, el colorado Raúl Cubas (1998-1999). Dos de sus presuntos fundadores están presos. Por la captura sus dos líderes actuales, Osvaldo Villalba y Manuel Cristaldo Mieres, el Gobierno ofrece recompensas. Un supuesto desertor del EPP declaró que han recibido asesoramiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En su momento, el Gobierno de Lugo, que no pudo concretar la prometida reforma agraria y se enfrentó al EPP, decía que éste estaba formado por solo 15 guerrilleros.

El jefe antidrogas de Paraguay, Luis Rojas, dice que el EPP extorsiona a los terratenientes de San Pedro y Concepción y está vinculado al narcotráfico en una región donde conviven las crecientes de plantaciones de soja transgénica, que han desplazado a bosques y campesinos, y cultivos de marihuana. Supuestos comunicados del EPP definen a la guerrilla como marxista leninista y “ejército de los pobres”, en un país donde el 2% de la población controla el 85% del territorio.

Las organizaciones de derechos humanos critican las redadas policiales contra supuestos miembros de la guerrilla y también que ni la justicia ni las fuerzas de seguridad hubiesen reaccionado jamás ante las víctimas más numerosas del campesinado paraguayo. Desde el regreso de la democracia a Paraguay, en 1989, unos 131 pequeños agricultores han sido asesinados por su militancia contra los latifundios y la deforestación y a favor de la reforma agraria. El último crimen ocurrió el pasado día 13, dos días antes de iniciarse el Gobierno de Cartes.

"El proyecto (de militarización) permite en la práctica que el Poder Ejecutivo instale un estado de excepción en forma permanente, sin límite de tiempo y sin aprobación y control del Poder Legislativo", alertó la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, que agrupa a 34 entidades. Esta coordinadora denunció que la Policía controló los alrededores de la sede en Asunción donde los activistas se reunieron este jueves para debatir sobre la nueva ley.

"Ellos (el EPP) nos han declarado la guerra y debemos responder a esa declaración de guerra con lo mejor que tenemos ", dijo la senadora colorada, exesposa de Cubas y madre de su hija asesinada, Mirta Gusinky, en el debate en el que se impuso la ley de Cartes por 29 votos contra 11, incluido el del ahora legislador Lugo y sus correligionarios del Frente Guasú (grande, en guaraní). “No podemos dar más poderes al Ejecutivo que los que ya tiene bajo la Constitución", contraatacó el senador Carlos Filizzola, del Frente Guas. "El presidente de la República debería pedirnos la declaración del estado de emergencia para hacer una intervención militar y nosotros se la daríamos”, añadió el senador del partido de Lugo, cuyo Gobierno declaró durante 60 días el estado de emergencia en 2010. Entonces, los militares no atraparon a nadie y las organizaciones de derechos humanos como el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) recuerdan que “se registraron cuantiosas denuncias de abusos, maltratos y atropellos a comunidades empobrecidas”. El SERPAJ también entrevistó a dos detenidos por un asesinato atribuido en mayo pasado al EPP y uno de ellos declaró que solo era un campesino que por medios pacíficos se oponía a la concentración y deforestación de la tierra.

La militarización se aprobó tan rápido como la polémica destitución de Lugo en 2012, a manos de los legisladores colorados y liberales, antiguos aliados del exobispo. Ya se verá con qué efectividad y respeto de las garantías constitucionales actúa el Ejército. Es la primera apuesta de Cartes, que ganó con el 46% de los votos. “Yo le digo a Cartes que su agenda ya está marcado por el EPP”, declaró Lugo después del atentado del sábado pasado.

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