Bo Xilai niega algunas acusaciones de corrupción ante el tribunal

Pensativo, más delgado y envejecido. Con las sienes grises y las muñecas cruzadas delante del cuerpo. Con camisa blanca recién planchada y pantalón oscuro. Entre dos policías más altos que él, quizás para hacerle parecer pequeño ante la justicia. Así ha presentado China este jueves en una foto al protagonista del juicio de mayor calado político que vive el país desde la caída de la esposa de Mao Zedong, Jiang Qing, y su ‘Banda de los cuatro’ al final de la Revolución Cultural (1966-1976).

Bo Xilai, de 64 años, exsecretario del Partido Comunista Chino (PCCh) en la municipalidad de Chongqing y exmiembro del Politburó, se ha sentado en el banquillo en un tribunal de Jinan (capital de la provincia costera de Shandong) para hacer frente a los cargos de corrupción, abuso de poder y aceptar sobornos. Y lo ha hecho batallador, hasta el punto que ha rechazado algunas de las acusaciones, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros juicios de altos funcionarios.

La vista se celebra a puerta semicerrada, con la asistencia de 110 personas, entre ellas cinco parientes de Bo y 19 periodistas, según el tribunal, que está informando del desarrollo del proceso -incluidas fotos y documentos sonoros de declaraciones de testigos- a través de su cuenta en Weibo, servicio de mensajes cortos similar a Twitter. Todo bien orquestado. La prensa extranjera no ha sido admitida en la sala.

Según la acusación formal, Bo se aprovechó de su cargo en Chongqing para llevar a cabo “una serie de actos de abusos de poder”. También “recibió 21,8 millones de yuanes (2,67 millones de euros)” en sobornos de dos empresarios –Xu Ming y Tang Xiaolin- mientras era alcalde de la ciudad nororiental de Dalian (provincia de Liaoning), gobernador de Liaoning y ministro de Comercio, y malversó otros cinco millones de yuanes (0,61 millones de euros) de fondos públicos, según los fiscales. Los sobornos fueron recibidos a través de su esposa, Gu Kailai, y su hijo, Bo Guagua, aseguran. Todo ello dañó seriamente los intereses del Estado y del pueblo, según la acusación.

No tiene nada que ver con hacer justicia, sino con dejar clara la distancia entre los últimos líderes y los actuales mediante la limpieza de uno de los últimos restos Kerry Brown, experto en China 

Bo, sin embargo, se ha revuelto y ha negado que aceptara 1,1 millones de yuanes (134.600 euros) en sobornos de Tang. Ha dicho que confesó contra su voluntad durante los interrogatorios llevados a cabo por la Comisión Central de Investigación de Disciplina del partido. “En aquel momento, no estaba al tanto de todos los detalles del asunto. Mi mente estaba en blanco”, ha afirmado. Ha denunciado que Tang “está intentando que su propia pena sea reducida” y por eso “muerde en todas direcciones como un perro rabioso”. También ha rechazado que aceptara dinero y regalos –incluido un chalé en el sur de Francia- por valor de 20,7 millones de yuanes (2,5 millones de euros) de Xu Ming, informa France Presse.

Los fiscales han solicitado que Bo Xilai sea castigado de acuerdo con la ley, que prescribe un mínimo de 10 años de cárcel por aceptar sobornos de más de 100.000 yuanes (12.200 euros). El juicio durará dos días y el veredicto será anunciado probablemente a principios de septiembre, según la televisión pública CCTV.

“Esta es una importante pieza de labor doméstica para el Partido Comunista. No tiene nada que ver con hacer justicia, sino con dejar clara la distancia entre los últimos líderes y los actuales mediante la limpieza de uno de los últimos restos. La amenaza real de Bo se produjo antes del año pasado. Ahora de lo que se trata es de asear y asegurarse de que al menos en la superficie se ha seguido el debido proceso”, afirma Kerry Brown, director del Centro de Estudios de China en la Universidad de Sidney.

Gu Kailai ha suministrado pruebas en un escrito al tribunal en el que declara que vio una gran cantidad de dinero en metálico en cajas fuertes en dos de las residencias de la familia, que equivalía a lo supuestamente entregado a Bo por Tang, informa Reuters. Bo ha calificado el testimonio de “risible”.

Se da por sentado que el exdirigente chino será declarado culpable, lo que asestará el golpe final a la carrera de de un líder polémico y populista, que hasta su defenestración hace año y medio se postulaba como claro aspirante a ocupar uno de los asientos del Comité Permanente del Politburó -el máximo órgano de poder de China– en el XVIII Congreso del PCCh celebrado en noviembre pasado. En él, el número de miembros del comité fue reducido de nueve a siete.

Se descarta que sea condenado a muerte y ejecutado, pero podría recibir una larga pena de cárcel e incluso la pena capital con suspensión de sentencia, lo que en la práctica equivale a cadena perpetua.

El juicio presenta una oportunidad de oro al presidente chino, Xi Jinping, para consolidar su poder, despejar un obstáculo a su plan de reformas económicas y mostrar su compromiso con la lucha contra la corrupción, una lacra que afecta a todos los estratos de la sociedad china, y que, según ha reconocido el propio Xi, amenaza la supervivencia del gobierno único del PCCh. La vista se está celebrando en medio de fuertes medidas de seguridad. Algunos simpatizantes de Bo se han manifestado delante del tribunal. Sus partidarios defienden que ha sido víctima de una purga política.

El escándalo Bo Xilai, líder del ala más izquierdista y conservadora del PCCh, marcó los prolegómenos del congreso quinquenal y la lucha de poder que tuvo lugar entre las diferentes facciones del partido de cara a la renovación del Politburó y el Comité Permanente, en un momento especialmente sensible de transición generacional de los máximos líderes.

Su caída fue detonada por la acusación de que su esposa, Gu Kailai, asesinó en noviembre de 2011 a un ciudadano británico amigo de la familia, Neil Heywood. “Aunque los cargos contra Bo Xilai actualmente incluyen principalmente corrupción, soborno y abuso de poder, todo el mundo sabe que su caída del poder fue desencadenada por el escándalo sobre el asesinato del hombre de negocios británico, Neil Heywood, lo que añade dramatismo a un caso ‘normal’ de corrupción. Así que toda la gente tiene curiosidad por saber cómo gestionará este caso la nueva Administración”, afirma Jiangnan Zhu, profesora en el departamento de Política y coordinadora de la licenciatura de Estudios sobre China en la Universidad de Hong Kong.

Cuando Bo fue expulsado del partido en septiembre, fue acusado por la prensa oficial de corrupción, mantener relaciones impropias con numerosas mujeres –algo que el PCCh prohíbe expresamente porque considera que induce a la corrupción- e intentar encubrir el asesinato de Heywood. Según ha dicho ahora el tribunal, el cargo de abuso de poder tiene que ver con el crimen de su esposa.

Algunos expertos consideran que el desenlace del juicio a Bo, quien antes de de ser destinado a Chongqing reinó en Liaoning y fue ministro de Comercio, ha sido decidido previamente por el partido. Los tribunales en China está están bajo el control del PCCh. Pero los analistas afirman también que Pekín se esforzará por imprimir un carácter aparentemente legítimo al proceso, aunque el acceso al tribunal haya sido limitado y las partes más controvertidas del juicio seguramente no sean publicadas en Weibo. “Para este tipo de casos sensibles de alto nivel, la influencia política es inevitable. Sin embargo, el tribunal deberá asegurarse de que todos los cargos contra Bo están bien probados”, dice Zhu.

El mayor escándalo político que vive China en décadas saltó en febrero, cuando Wang Lijun, el exjefe de policía de Bo Xilai en Chongqing, se refugió en el consulado de Estados Unidos en Chengdu (capital de la provincia de Sichuan), aparentemente porque temía ser asesinado por orden de Bo después de haberle dicho que tenía pruebas de que su mujer estaba implicada en la muerte de Heywood. Su decisión condujo a una investigación oficial. Bo fue destituido a mediados de marzo como secretario del partido en Chongqing después de que Gu fuera acusada de ser “altamente sospechosa” del asesinato del británico por una disputa sobre “intereses económicos”. Según algunas informaciones publicadas el año pasado, Gu había pedido a Heywood que le ayudara a evadir una gran suma de dinero de China.

En agosto del año pasado, Gu Kailai fue juzgada y condenada a muerte con dos años de suspensión de sentencia, y en septiembre Wang Lijun fue sentenciado a 15 años por ocultar inicialmente la muerte de Heywood y otros crímenes. En su juicio, Gu admitió que había envenenado al británico. Argumentó que una disputa económica entre ella y Heywood había llevado a este a amenazar a Guagua, según publicó entonces la prensa china.

Cuando Bo Xilai fue expulsado del PCCh en septiembre pasado, el comunicado del Politburó señaló, entre otros, que “Bo violó gravemente la disciplina del partido, abusó de su poder, cometió graves errores y debe ser responsabilizado por el caso Wang Lijun y el caso del asesinato por parte de Gu”. Según la experta Jiangnan Zhu, el juicio “desafortunadamente” no desvelará qué papel jugó Bo Xilai en la muerte del británico.

Algunos analistas creen que el desenlace del proceso judicial forma parte de un regateo político dentro del partido y con la propia familia Bo. Fuentes conocedoras de la situación del acusado aseguran que su esposa solo se mostraría de acuerdo en dar pruebas contra Bo en la vista si ha llegado a un acuerdo que proteja al hijo de ambos, informa Reuters.

Un trato por el cual Bo Xilai sea condenado rápidamente y enviado a prisión, sin pena de muerte ni repercusiones para Bo Guagua, beneficiaría también a la dirección china, probablemente deseosa de pasar página sin causar rupturas en el partido.

Bo Guagua vive en Estados Unidos, donde se prepara para estudiar Derecho en Nueva York. El lunes pasado, publicó un comunicado en el diario estadounidense The New York Times en defensa de sus padres. En él, urgió a las autoridades a que otorguen a Bo Xilai en el juicio “la oportunidad de responder a sus críticos y defenderse sin ningún tipo de restricciones”. Guagua –el único hijo de la pareja- asegura que desde hace 18 meses se le ha negado el contacto con sus padres.