El proceso de paz en Colombia aborda la participación política de las FARC

El Gobierno colombiano y las FARC comenzaron este lunes en La Habana (Cuba) una nueva ronda de las conversaciones de paz. El Ejecutivo, que negocia el fin del conflicto con las FARC, no hizo ningún tipo de declaración al inicio de la decimotercera ronda de diálogo, justo cuando se cumplen nueve meses de negociación en los que únicamente se han llegado a acuerdos en el tema agrario, el primero de una agenda de seis. Los equipos negociadores continuarán discutiendo la eventual participación en la política de la guerrilla una vez desmovilizados.

Los negociadores de las FARC, que habitualmente toman los micrófonos para hacer públicas sus propuestas, tampoco dijeron mucho. Iván Márquez, el segundo de las FARC y jefe negociador de la guerrilla, centró su discurso en el paro agrario que llevan a cabo desde este lunes varios sectores contra el Gobierno. Márquez le pidió al presidente Juan Manuel Santos que “no criminalice el derecho a la protesta”, ya que diferentes funcionarios del Gobierno han advertido de que esta podría estar infiltrada por las FARC.

El jefe guerrillero también aprovechó para decirle a Santos que revise los Tratados de Libre Comercio (TLC) que ha firmado con países como Estados Unidos porque, asegura, no tienen “consideración de la realidad económica nacional”.

Humberto de la Calle, jefe negociador del Gobierno, después de afirmar que nunca se había llegado tan lejos en una negociación con las FARC, dijo hace unos días durante la Asamblea General de Asociación Nacional de Industriales que de firmar la paz cambiaría la política en Colombia. “La paz implica que la mezcla de armas y urnas desaparece, pero la política, en mi opinión, será más aguda, más controversial, más ideológica, tenemos que estar preparados para eso”, dijo a los empresarios.

El Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, también aprovechó el receso de una semana antes de regresar este lunes a La Habana para pedirle a los gobernadores de todo el país hagan campaña a favor de la paz. “Tenemos que imaginarnos una verdadera campaña de movilización ciudadana. Así como hicimos una campaña para la guerra, tenemos ahora que hacer una campaña para la paz”, dijo Jaramillo.

Del lado de la guerrilla, esta ronda comienza con la noticia de la muerte de dos de los jefes del Frente Sexto, Ciro Antonio Patiño Orozco, alias el Burro, y Arley Medina Prado, Jaimito, después de un operativo conjunto de la Fuerza Aérea y la Policía en Cauca, en el sur del país.

Según informes de la Fuerza Pública, estos guerrilleros fueron responsables de ataques contra la población indígena y Jaimito sería la mano derecha de Pablo Catatumbo, uno de los hombres fuertes de las FARC en La Habana. Las muertes de los guerrilleros fueron celebradas por el presidente Santos, que en su cuenta de Twitter publicó: “Otro cabecilla frente 6 las FARC (van 46) y su #2 fueron abatidos por nuestra fuerza pública. Felicitaciones y la orden es perseverar”.

Estos golpes se dieron cuando el mandatario anunció el relevo de la cúpula militar y exigió al nuevo mando intensificar los operativos contra las guerrillas. Durante la ceremonia de relevo, el pasado sábado en Bogotá, el presidente dijo que la ofensiva seguirá y solo cesará cuando se firme un acuerdo de paz. “Tienen por delante el fin de esta guerra. Toda guerra termina con unos acuerdos, toda guerra termina en una conversación con el enemigo”, dijo.

Santos también se refirió a un comunicado del máximo jefe de las FARC Timoleón Jiménez, más conocido como Timochenko, quien criticó las declaraciones del presidente y su ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, con relación a que el guerrillero sigue siendo un objetivo militar. “Esas fueron las condiciones desde el primer día en que iniciamos estos diálogos. No va a haber cese al fuego, no vamos a bajar la guardia sino hasta el día en que firmemos".

Y mientras transcurre un nuevo ciclo de conversaciones, en Colombia se espera que la Corte Constitucional decida si avala o no el Marco Jurídico para la Paz, una reforma constitucional diseñada pensando en el posconflicto y que introduciría mecanismos de justicia específicos en momentos de transición para los desmovilizados de las guerrillas, algo que las FARC han rechazado por considerarlo una iniciativa unilateral del gobierno.

Ha trascendido que el magistrado ponente Jorge Ignacio Pretelt apoya la reforma, pero también se ha hecho pública una carta enviada por una fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda a la Corte colombiana, que pone reparos a la posibilidad de suspender las penas a los autores de graves violaciones de los derechos humanos. La carta de Bensouda, contraria al Marco Jurídico para la Paz, dice que “la suspensión de penas iría en contra de su finalidad, debido a que impediría en la práctica el castigo de quienes han cometido los crímenes más graves”.