Los expertos de ONU llegan a Panamá para inspeccionar el buque norcoreano

El extraño cóctel armas/azúcar fue desintegrado en Panamá. Por un lado, una gran cantidad de sacos con 10.000 toneladas de azúcar cubano fueron sacados del buque norcoreano Chong Chon Gang, retenido en aguas panameñas sobre el Mar Caribe, y trasladados a un depósito en el sector central de ese país. Por otro, los contenedores con 240 toneladas de armamento bélico “no declarado”, propiedad de Cuba y supuestamente obsoleto, también fueron extraídos del barco y colocados en 25 vagones instalados en una zona segura.

El escenario quedó listo para que una delegación del Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que llegó el lunes por la noche a la capital panameña, iniciara los trabajos de inspección para verificar si el envío de las armas—que salieron de un puerto cubano rumbo a uno norcoreano—violó el embargo mundial de armamento impuesto en 2006 a Corea del Norte en castigo a su programa de desarrollo nuclear.

La Fiscalía General y el Ministerio de Seguridad Pública sostuvieron el martes una primera sesión de trabajo con los emisarios foráneos para informarles, durante dos horas, acerca de los detalles del momento y el proceso de retención del buque y del cargamento localizado en su interior. En un comunicado, Seguridad precisó que las autoridades panameñas contestaron las dudas de la misión.

Tras una minuciosa tarea de casi un mes que concluyó el pasado domingo, Panamá descargó el azúcar y lo transportó al Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), en la ciudad de Penonomé, de la central provincia de Coclé. Los sacos de azúcar estaban colocados sobre los compartimentos para ocultar la carga bélica, por lo que se complicó su descarga ya que es un producto que, por lo general, se transporta a granel y no en empaques.

Las armas fueron llevadas, según un despacho de la agencia española de noticias EFE, a un lugar “estratégico”, pero sin mayor precisión por asuntos de seguridad. En ese sitio comenzaron a ser analizadas por la misión de la ONU. Los expertos en asuntos nucleares, armas de destrucción masiva, tecnología de misiles, transporte marítimo, finanzas y aduanas, entre otras disciplinas, “no emitirán declaraciones respecto a su labor ni antes ni durante ni después de realizada”, anunció el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá, que ha asumido las tareas de contraparte panameña de la comitiva de la ONU.

Una fuente de Seguridad Pública aseguró que los inspectores permanecerán en Panamá al menos hasta el próximo viernes y revisarán, analizarán, verificarán, cotejarán y elaborarán un informe con sus conclusiones que presentarán únicamente al Consejo, que determinará las medidas a seguir y las eventuales sanciones.

Lejos de los focos de la prensa nacional e internacional, los 12 especialistas empezaron a revisar la lista de armas que Cuba detalló en un comunicado que emitió el 16 de julio pasado, al reconocer que le pertenecen: 240 toneladas métricas de armamento “defensivo obsoleto, dos complejos coheteriles antiaéreos Volga y Pechora, nueve cohetes en partes y piezas, dos aviones Mig-21 Bis y 15 motores de este tipo de avión, todo ello fabricado a mediados” del siglo XX y que iba hacia Corea del Norte “para ser reparado y devuelto” a suelo cubano.

“Los acuerdos suscritos por Cuba en esta esfera se sustentan en la necesidad de mantener nuestra capacidad defensiva para preservar la soberanía nacional”, añadió el régimen cubano, al reiterar su “firme e irrevocable compromiso con la paz, el desarme, incluido el desarme nuclear, y el respeto al Derecho Internacional”.

Al anochecer del 15 de julio anterior, el presidente panameño, Ricardo Martinelli, anunció el descubrimiento del armamento “no declarado” en la embarcación, retenida días antes en aguas de ese país, cuando se preparaba a ingresar al Canal de Panamá por el sector del Caribe, bajo sospechas iniciales de que transportaba drogas. Pocas horas después, Panamá elevó el caso a conocimiento del Consejo.

Un estudio jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá reafirmó que por las sanciones que la ONU impuso desde 2006 a Corea del Norte para que abandone su política nuclear, el Estado panameño estaba obligado a inspeccionar el buque. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Norte aseguró al inicio del conflicto que Panamá debía liberar a los 35 miembros de la tripulación—ahora detenidos en suelo panameño y acusados de atentar contra la seguridad colectiva por transporte de armamento peligroso sin declarar—porque no llevaban drogas o un cargamento ilegal. Pyongyang argumentó que las autoridades panameñas “atacaron, de manera apresurada”, y detuvieron al capitán y a la tripulación “con el pretexto” de ejecutar una investigación sobre drogas, pero sin hallar sustancias ilícitas.

La carga, añadió, “no es más que el envejecimiento de armas, que (Corea del Norte) envía de vuelta a Cuba tras un reacondicionamiento de las mismas, de acuerdo con un contrato legítimo”. Panamá debe “dar un paso para que los tripulantes del buque detenido y su tripulación sean liberados sin demora”, recalcó.

La semana anterior, Panamá rechazó una solicitud de Corea del Norte para buscar una vía que excluyera a la ONU en la solución de la crisis y replicó que el caso está sujeto a las inspecciones de la comitiva. Fuentes panameñas dijeron que más allá de las responsabilidades que podrían recaer sobre La Habana y Pyongyang, la inspección determinará el futuro de los tripulantes y del ya desintegrado cóctel armas/azúcar.