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La UE amenaza con dejar de compartir los datos de sus ciudadanos con EE UU

Bruselas cree que el acuerdo de intercambio con Washington no es seguro

La vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Justicia, Viviane Reding y el comisario de Fiscalidad, Auditoría y Lucha contra el Fraude, Algirdas Semeta en conferencia en la sede de la Comisión Europea en Bruselas el17 de julio.
La vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Justicia, Viviane Reding y el comisario de Fiscalidad, Auditoría y Lucha contra el Fraude, Algirdas Semeta en conferencia en la sede de la Comisión Europea en Bruselas el17 de julio. EFE

Europa no ha recibido aún explicaciones convincentes del espionaje que han sufrido sus ciudadanos e instituciones por parte de Estados Unidos. Al menos una parte de la Comisión Europea aboga por mostrar más firmeza y aplicar algún mecanismo de presión frente a las autoridades norteamericanas. Al frente de ese grupo, la vicepresidenta y comisaria de Justicia, Viviane Reding, ha amenazado con suspender el principal marco de intercambio de datos que mantienen los dos bloques desde 2000, el llamado safe harbour (puerto seguro).

“Tengo serias dudas de que sea tan seguro; el estándar que se aplica en Estados Unidos es mucho más bajo que el de la Unión Europea y por tanto vamos a revisarlo”, adelantó la vicepresidenta a este diario antes de presentar la propuesta a los ministros de Justicia, con los que se reunió en un consejo informal celebrado en Vilna. En conversación telefónica desde la capital de Lituania, Reding aseguró que la Comisión Europea tiene potestad para adoptar esta decisión sin necesidad de pactarla, ni con Estados Unidos ni con los integrantes de la UE.

Francia y Alemania piden ahora acelerar la norma europea de protección

A la espera de negociar compromisos más amplios y vinculantes, el acuerdo de puerto seguro, en vigor desde el año 2000, permite a unas 3.000 empresas estadounidenses (o con sede en Estados Unidos) recibir datos personales de ciudadanos europeos con la confianza de que cumplen unos cánones de seguridad. Pero la adhesión al sistema es voluntaria y el control sobre el cumplimiento, muy laxo. “El caso Prisma [el programa de espionaje sobre empresas y ciudadanos, principalmente extranjeros] ha demostrado que el intercambio de datos se puede hacer sin que quede constancia. Estoy trabajando en una evaluación consistente del safe harbour para presentarla antes de final de año. Tengo la impresión de que ese puerto no es tan seguro. Puede haber un agujero”, aseguró la comisaria en conferencia de prensa. Aunque resulta improbable que esa red acabe clausurándose, la llamada de atención de Reding añade tensión a la hasta ahora débil postura comunitaria.

La reunión informal de ministros europeos de Justicia sirvió también para que el eje franco-alemán cerrara filas en esta materia tras las actitudes tan difusas que han adoptado frente al escándalo del espionaje. Fracasada la vía para paralizar las negociaciones del gran acuerdo comercial entre la UE y EE UU hasta que se aclarase el episodio de la vigilancia, los dos grandes motores comunitarios han decidido cambiar de estrategia. Al menos sobre el papel, sus ministras de Justicia se mostraron “muy preocupadas” por las revelaciones sobre el programa Prisma y lanzaron una declaración de intenciones: “Nuestra obligación es procurar un nivel alto de protección de datos para los ciudadanos europeos”. La nueva legislación, no obstante, lleva año y medio de negociaciones sin que los Estados se aproximen a la fase final.

La carta, de tres escuetos párrafos, admite que el acceso de las autoridades extranjeras a datos personales tiene “un impacto significativo en la privacidad que debe ser estrictamente limitado y fuertemente controlado”. Como si acabasen de conocer las prácticas de espionaje, las titulares de Justicia aluden a las “grandes expectativas” de los ciudadanos y se comprometen a “adoptar rápidamente esas nuevas reglas [de protección de datos]”.

Reding definió la legislación en marcha como “una acción anti-Prisma” y se mostró confiada en que el Parlamento y los Estados miembros, en cuyas manos está ahora el dossier, logren desatascarla en los próximos seis meses. Consciente de que ha habido muchas dilaciones anteriores, la comisaria también instó a todos los ministros “a no olvidar el compromiso durante las vacaciones de verano”.