El Parlamento británico ordena adecuar la ley que permitió el espionaje

El Comité de Seguridad e Inteligencia de la Cámara de los Comunes ha llegado a la conclusión de que las escuchas realizadas por los servicios secretos británicos a través del programa estadounidense Prisma cumplieron con las obligaciones legales vigentes. Los diputados, sin embargo, han decidido examinar si la actual legislación en la materia es adecuada debido a que en algunos aspectos “está expresada en términos generales”.

De esta manera, el comité, presidido por el ex ministro conservador sir Malcolm Rifkind e integrado por diputados de todos los partidos y dos miembros de la cámara de los lores, exonera al Gobierno y a los propios servicios secretos de las acusaciones del diario The Guardian, que al publicar los informes secretos que le hizo llegar Edward Snowden dio a entender que la interceptación de ese material se había realizado sorteando la ley británica.

Los diputados no dan ningún detalle de por qué han llegado a esa conclusión y se limitan a describir el potencial problema, dar cuenta de los materiales que han manejado y dar a conocer su dictamen. En concreto, el objetivo de su investigación era delimitar si el cuartel general de escuchas británico, conocido por las siglas GCHQ, había accedido ilegalmente al programa Prisma “y en consecuencia a comunicaciones en Reino Unido sin la pertinente autorización”. Su conclusión es que esa acusación “es infundada”.

Esa conclusión se ha alcanzado tras escrutar el acceso del GCHQ al contenido de las comunicaciones, el marco legal que gobierna ese acceso y los acuerdos que tiene el GCHQ con sus homólogos de ultramar para compartir esa información. El GCHQ ha suministrado a los investigadores parlamentarios “una lista de operaciones antiterroristas para las que el GCHQ era capaz de obtener inteligencia en cualquier área relevante; una lista de todos los individuos que han sido sometidos a control a través de esos acuerdos que o bien se creía que estaban en Reino Unido o bien fueron identificados como nacionales de Reino Unido; una lista de cada selector [como una dirección de correo electrónico] para esos individuos de la que se solicitaba inteligencia; una lista de órdenes judiciales y autorizaciones internas activadas para cada uno de los individuos que estaban en el punto de mira; cierto número de informes de inteligencia [solicitados por nosotros] que se realizaron como consecuencia de esa actividad; y los acuerdos formales que regulan el acceso a ese material”.

En un viaje a EE UU, los miembros del Comité de Inteligencia y Seguridad de los Comunes comentaron el programa con la NSA (el equivalente estadounidense al GCHQ) y con el Congreso.

En un último apartado del informe que lleva el encabezamiento Próximos pasos, los parlamentarios señalan: “Aunque hemos concluido que el GCHQ no ha sorteado o intentado sortear la ley británica, es correcto considerar además si el marco estatutario que en la actualidad gobierna el acceso a las comunicaciones sigue siendo adecuado”. “En algunas áreas”, añade el texto, “la legislación se expresa en términos generales y el GCHQ ha puesto en marcha, con razón, políticas y procedimientos más detallados para asegurar que cumple con sus obligaciones estatutarias bajo la ley de Derechos Humanos de 1998”. Por eso examinan de ahora la interacción entre la ley de Servicios de Inteligencia, la ley de Derechos Humanos y la ley de Regulación de Poderes Investigadores.