Perú excluye las agresiones a gays de los delitos por discriminación
El partido oficial, que prometió penalizar la violencia contra población LGTB, votó mayoritariamente en sentido contrario
El congresista Carlos Bruce propuso en 2011 una modificación al Código Penal para que las agresiones por discriminación de orientación sexual y la identidad de género fueran castigadas con penas agravadas. El proyecto de ley estuvo en la Comisión de Justicia del Legislativo hasta hace un mes, cuando se descartó para evitar el ruido de los lobbies religiosos.
Sin embargo, la noche del jueves el Congreso votó la cuestión: 56 parlamentarios se pronunciaron en contra, entre ellos 26 del oficialista Gana Perú y 16 fujimoristas. “No pensé que la resistencia a este grupo social era tan grande. Es una muestra clara de la homofobia que existe en el Congreso, una homofobia escondida, porque ganamos el debate pero perdimos la votación”, ha declarado Bruce este viernes a EL PAÍS. Durante el debate, dos parlamentarios de confesión evangélica - uno de ellos fujimorista, Julio Rosas - fueron los más reticentes. “No había congresistas que abiertamente expresaron su discrepancia. Salvo dos evangélicos con argumentos débiles, todos los otros se pronunciaban a favor. Pero había una mayoría silenciosa que al momento de la votación se expresó (en contra), en particular la bancada de Gana Perú”, añadió Bruce.
El congresista es también impulsor de una iniciativa de ley de patrimonio compartido, que podría salvaguardar los derechos de la población gay. Su proyecto está congelado desde 2010, lo cual refleja el ánimo de la política real sobre los homosexuales en Perú a diferencia de lo que ocurre en el resto del continente. “En el caso de los congresistas evangélicos, quieren imponer al resto de los peruanos sus creencias. Pero somos un Estado laico. Respecto al resto de los congresistas, es una cuestión de prejuicios y sobre todo de conservadurismo acerca de este tema en Perú”, comentó Bruce, confesando su desilusión después de una votación que tildó de “desagradable”.
Pese a que en el debate solo dos congresistas se mostraron en contra, en la votación el resultado fue totalmente distinto
El Informe Anual 2012 sobre derechos humanos de las personas trans, lesbianas, gays y bisexuales en Perú, de la Red Peruana TLGB destacó que el Observatorio de Criminalidad y el Anuario Estadístico de la Policía Nacional no registran crímenes motivados en acciones discriminatorias por razones de orientación sexual o identidad de género. Sin embargo, basándose en noticias de los diarios, dicho reporte de la sociedad civil documentó en un año doce asesinatos contra personas de este colectivo y doce agresiones a la seguridad personal, entre ellas lesiones graves. De estas últimas, ocho víctimas fueron personas trans.
El reporte indica que se repite, como en años anteriores, un patrón de agresiones: “Las víctimas son encontradas maniatadas, amordazadas, asfixiadas o degolladas, con lo cual se evidencia un nivel de ensañamiento”.
En el debate en el pleno, el pastor evangélico y congresista Humberto Lay, contrario a la norma, sugirió otra salida a la discriminación. “Existe una necesidad en el país de educación para evitar todo tipo de discriminación, todo eso tiene que ser eliminado, no necesitamos legislar al respecto”.
El parlamentario Julio Rosas fue más allá y dijo que “la defensa de los derechos humanos no se da en base a la atracción sexual. Mañana, más tarde, otro tiene un gusto, una atracción por la droga, por comer otra cosa. No podemos rebajar… sino legislar por la condición de ser humano. Hay que respetar los derechos pero no estar incorporando algunas categorías que tergiversan nuestro ordenamiento jurídico”, afirmó.
El informe 2012 sobre los derechos humanos de las personas TLGB en Perú “evidencia que la discriminación por orientación sexual y/o identidad de género cuenta con mecanismos institucionalizados que la toleran y respaldan. Provienen del Estado, las iglesias, y la sociedad en general (por ejemplo) cuando se deja de fomentar leyes que prevengan y sancionen la discriminación y la violencia aún cuando se tiene recursos para ello”.
Un informe documentó en un año doce asesinatos contra personas de este colectivo
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas recomendó el año pasado a Perú modificar su legislación con el fin de prohibir la discriminación por motivos de orientación sexual o género, por ello, esta decisión del Congreso ha sido calificada como un “grave retroceso en derechos humanos”, por parte de la parlamentaria Verónika Mendoza, disidente del oficialista Gana Perú. Ella se refirió en un tuit, durante la votación, a la vulnerabilidad que enfrenta esta población “secularmente marginada”, una cuestión que no es considerada por los operadores de justicia.
Casi a medianoche, tras la votación, el presidente del Movimiento Homosexual de Lima, Giovanny Romero Infante, rechazó la decisión del Congreso y la consideró un mensaje de impunidad para los asesinos de homosexuales en Perú. Recientemente, el diario La República informó de una alianza entre congresistas fujmoristas y grupos ultraconservadores católicos para contener avances en materia de derechos sexuales y reproductivos.
El mes pasado, en la Comisión de la Mujer del Congreso, un dictamen aprobó considerar “absolutos” los derechos del feto, lo cual impediría aplicar el aborto terapéutico, vigente en el Perú desde 1924, pero que es de difícil cumplimiento debido a la inexistencia de un protocolo. Dicho dictamen fue aprobado también por el congresista Rosas, pese a no ser parte de la Comisión de la Mujer, y dos congresistas evangélicas y fujimoristas. La mayoritaria votación oficialista en contra de esta norma contradice lo que promovió Gana Perú en su plan de gobierno durante la campaña presidencial del 2011.
