Diputados de Costa Rica legitiman por error las uniones del mismo sexo

Una decisión parlamentaria ahora atribuida a un supuesto error accidental, a engaños y hasta a un desconocimiento de documentos en debate, legitimaría las uniones de personas del mismo sexo en Costa Rica aunque limitadas al rango de 15 a 35 años de edad. La situación—que ha causado revuelo en sectores sociales y políticos costarricenses—surgió este martes luego de que la Asamblea Legislativa (Congreso unicameral), en votación unánime, modificó el lunes anterior la Ley General de la Persona Joven y le introdujo cambios que abrirían el portillo a que legalmente sean reconocidas las uniones de hecho entre personas del mismo sexo cubiertas por la franja de edades y luego de tres años de convivencia.

“Aunque es un avance sesgado, limitado y si se quiere se deja a un sector todavía discriminado, es un avance al fin”, afirmó la diputada Carmen Muñoz Quesada, jefa parlamentaria del centroizquierdista Partido Acción Ciudadana (PAC), el principal de la oposición, y quien públicamente se ha declarado lesbiana.

En una entrevista con EL PAÍS, Muñoz explicó que el cambio “supone un avance sesgado, porque es limitado para el grupo etario de entre 15 y 35 años, que es el rango en que se considera que es joven. Es limitada pero definitivamente es un avance, una ventana que abre posibilidades para reconocer derechos patrimoniales y personales en esas uniones de personas del mismo sexo”.

Tras defender la reforma, la diputada advirtió que los reclamos que estallaron al conocerse el impacto de lo que se aprobó el lunes “son reacciones epidérmicas muchas de ellas, de sorpresa e indignación”, puntualizó que “están mirando como hacen para echar atrás la rueda de la historia” y replicó que “lamentablemente nadie leyó” las explicaciones sobre el fondo de la reforma.

“Algunos hablan incluso de engaño, de ‘diez con hueco’, frase muy costarricense que pinta a alguien defraudado porque se le ofreció una cosa y recibió otra. Pero ninguno de estos gritos al cielo tiene razón, porque hubo un proceso y la ley fue consultada. Después de que la noche del lunes celebramos la aprobación, este martes se armó la controversia y vino el rasgar de vestiduras”, adujo.

Por su parte, el diputado José María Villalta Florez-Estrada, del izquierdista Frente Amplio y candidato presidencial de esa agrupación minoritaria, recalcó que es un “sustancial avance”, ya que la reforma representa “el respeto pleno a los derechos humanos de todas las personas, especialmente aquellas sexualmente diversas”.

Villalta subrayó que, con las modificaciones, deja de aplicarse un artículo del Código de Familia y se abre “una puerta” para que sean reconocidos los derechos de las uniones de personas del mismo sexo. “Celebramos el sustancial avance que esta reforma representa para el respeto pleno a los derechos humanos de todas las personas, especialmente aquellas sexualmente diversas”, puntualizó.

Al destacar que “es un paso gigantesco en la dirección correcta”, Muñoz y Villalta coincidieron en un comunicado conjunto que la nueva legislación “excluye” de forma expresa la aplicación de un artículo del Código que “limita” el reconocimiento de las uniones de hecho a las que únicamente existen entre un hombre y una mujer.

En este escenario, diputados de otras fracciones pidieron a la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla Miranda, que vete la ley, mientras que otros afirmaron que se requiere que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emita una interpretación sobre los alcances de los cambios y su impacto en el aparato jurídico nacional.

El diputado Luis Fishman, del opositor Partido Unidad Socialcristiana (PUSC), aseveró que está en desacuerdo con la interpretación que se le ha dado a la nueva normativa y argumentó que cuando se establece la “aptitud legal” para la unión de hecho, en Costa Rica se refiere a que es entre una mujer y un hombre. El parlamentario Manrique Oviedo, del PAC, solicitó a Chinchilla que vete la ley, para impedir que, por “accidente”, se legalicen las uniones entre personas del mismo sexo.

No obstante, Chinchilla anunció este miércoles que se niega a vetar la ley porque, como gobernante, tampoco le corresponde asumir labores de interpretación jurídica que está encomendada a los tribunales costarricenses.